Medellín, 31 de julio de 2014. El año anterior, a raíz del proceso de negociación entre el Gobierno y la insurgencia adelantado en la Habana, caracterizamos la coyuntura en la cual se desenvolvía la situación de los derechos humanos en la región, como un momento particularmente especial en el cual el país y la región, tan azotada por la violencia, asistían a un conjunto de hechos indicativos de que se caminaba por el camino de la paz, perspectiva bastante plagada de obstáculos y de enemigos.
Con la frase “Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra” caracterizábamos la coyuntura. Durante el semestre las negociaciones antes aludidas evacuaron los puntos II y IV de la agenda, los cuales tocaban temas de absoluta relevancia: la participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas. Por ello hablamos de la posibilidad de soñar puesto que se abría la oportunidad de adentrarnos en la transformación civilista de uno de los conflictos armados más antiguo cuyo origen remitía a toda una historia de exclusiones, inequidades y violencia. Las elecciones que reeligieron a Juan Manuel Santos, el pasado 15 de junio, en el fondo no fueron el apoyo a un proyecto de gobierno ni al modelo económico sino el respaldo a una iniciativa que reconoció la existencia del conflicto armado y se apartó de la guerra indefinida defendida por la ultraderecha.
Pero si bien sobre lo anterior no cabía la menor duda, la realidad es lo suficientemente elocuente en mostrar que a esas luces la circundan oscuridades que muestran cómo la superación de las violencias no está a la vuelta de la esquina.
La permanencia reconfigurada de esa mixtura siniestra de paramilitarismo-narcotráfico con una amplia presencia en el territorio nacional y por lo tanto regional, la preservación de la doctrina militar que no es otra cosa que la permanencia de la idea de que toda protesta social es la expresión del enemigo interno al cual, por lo tanto, hay que reprimir y hasta eliminar. La aseveración, por parte de la elite gobernante, de que el modelo de desarrollo responsable de las inequidades y desigualdades no está propiamente en discusión y la existencia de una sociedad polarizada en donde las mayorías están compuestas por los indiferentes y quienes quieren que la guerra no cese. Todo lo anterior indica por lo tanto, que están los insumos para que, la manera violenta y victimizante de resolver nuestros conflictos, permanezca como una opción igualmente inequívoca.
Por ello, no hay motivo alguno para que nuestra manera de valorar la coyuntura cambie y, al contrario, se mantenga hasta que haya razones concretas que nos permitan pensar en que ciertamente nos encontramos frente a un proceso que no solo se muestre sostenible, sino que también se haya dado paso a una nueva coyuntura social y política que permita incidir, de manera civilista, en las oscuridades antes mencionadas.
El avance del informe, que presentamos en esta oportunidad, está mostrando que la región mantiene altas tasas de violaciones a los DDHH y que son tímidos y marginales los intentos por resolver las inequidades y exclusiones que nos agobian. Merece destacarse que de las 145 agresiones a defensores, registradas en el período aludido, fueron los campesinos y los estudiantes los más afectados y corresponden a los sectores sociales que se atrevieron a explicitar su protesta. También, que fuera la fuerza pública la principal responsable de estos hechos. Esto está mostrando, como se ha indicado, la manera contrainsurgente de proceder del Estado que, fiel a su doctrina de seguridad, estigmatiza, criminaliza y procede de manera violenta contra quienes reclaman sus derechos.
Una de las preocupaciones de fondo, cuando reclamamos el imperio de la legalidad y por lo tanto de las libertades, está en la estrategia de las amenazas a la vida y a libertad tan útil para quienes, desde la perspectiva contrainsurgente, antes aludida, encuentran peligrosa toda manifestación individual o colectiva que reivindique sus derechos o cuestione el orden y las lógicas de poder imperantes. El alto índice de impunidad que es denunciado en el informe presentado por la Escuela Nacional Sindical con respecto a las amenazas a los sindicalistas que está en cerca del 96%, cifra que bien puede hacerse extensiva a todo el movimiento social, está mostrando de manera inequívoca la manera simplista y hasta sospechosa de como el Estado ha venido abordando el tema. Es poco el interés en develar el origen y los autores intelectuales de estas amenazas, de allí las altas tasas de impunidad y se suele reducir el problema a esquemas de seguridad casi siempre descontextualizados y en manos de tecnócratas. Esto devela que no existen las garantías indispensables y pone en cuestión la función garantista del Estado en materia de protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Merece destacarse al respecto, la manera eficaz como operaron los organismos de justicia e inteligencia cuando los hijos del expresidente Uribe fueron supuestamente amenazados, lo cual contrasta con la negligencia y trabas de todo orden cuando se trata de líderes sociales y políticos.
Reconociendo entonces los logros en materia de paz, de un valor e importancia indiscutibles, es preciso no caer en un optimismo desbordado sobre todo cuando es indispensable prepararse, de una manera consciente, para un escenario social y político exigente y retador, como sería una eventual etapa de postconflicto, cuya complejidad se estima mayor que la misma etapa de negociación actual. De esta complejidad, el primer problema que debe enfrentarse, es el rechazo y desconfianza que aun rodea el proceso de la Habana, en tanto es imprescindible que se gane la debida legitimidad. Que la sociedad se coloque del lado de la paz y deje de ser la caja de resonancia del discurso guerrerista, sería la mejor manera de ponerle diques a quienes persisten en la idea de una democracia restringida y la continuidad de la guerra y las violencias que victimizan: fuente permanente de violaciones a los DDHH y al DIH.
Es importante, entonces, que Estado y sociedad, que se expresa a través de sus distintas formas de organización, coincidan por fin en la consideración de la paz como un derecho y una obligación, supremo bien que, como reza en nuestra constitución, debe estar por encima de cualquier interés. Igualmente, que ambos se dispongan a caminar juntos para hacer del actual proceso de negociación una realidad irreversible y que, ante la eventual etapa de posconflicto, nos preparemos sin vacilaciones para que no haya lugar a ninguna reversa y podamos, desde nuestras convicciones aportar de manera civilista a LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD QUE SOÑAMOS. Este es un reto común y quizás más para nuestros gobernantes, a quienes pareciera que el conflicto y sus consecuencias no los desvelara y mucho menos el hecho de que esta región, tan profundamente victimizada, siga creyendo en el discurso de la guerra. “Antioquia la más educada y Medellín un Hogar para la vida” deben dejar de ser solo eslogan para que se traduzcan en acciones ciudadanas concretas que hablen de una real transformación, en términos del imperio de la legalidad y del respeto por la vida.
No dejaremos pues de soñar en un país en paz que no es otra cosa que la vigencia real del Estado de derecho, pero además, ante las evidencias de que las causas de la guerra están ahí sin resolverse y lo estarán por un buen rato y que los enemigos de la paz y los agentes de la guerra gozan de no poca credibilidad y reconocimiento, continuaremos haciendo visible aquellos hechos que, desde los actores armados y desde el Estado, violan los DDHH y quieren, a cualquier precio, ejercer el poder desde el miedo y que, desde lógicas de poder antidemocráticas, se mantengan inalterados intereses que siempre han dejado como impronta las inequidades y desigualdades.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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