Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes y que acompañamos a la comunidad del barrio de La Nueva Jerusalén, en ningún momento hemos discutido el riesgo en el que se encuentran las familias que están asentadas en ciertas zonas del terreno consideradas como inestables, lo que se ha buscado durante este proceso, incluso antes de comenzar con las diligencias de desalojo ha sido hacer un llamado a la institucionalidad tanto del municipio de Medellín como de Bello, para la protección del derecho a la vivienda como un derecho que debe ser garantizado efectivamente y no meramente formal, garantía para las familias y para esta población vulnerable.
El día 25 de noviembre de 2013 mediante sentencia N°S2-188-Ap, M.P Gonzalo Zambrano Velandia, se emitieron unas órdenes puntuales a los Municipios de Medellín y Bello Antioquia, entre ellas, planes de monitoreo permanente y gestión del riesgo (Dapard, Corantioquia), adecuación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, campañas de educación sanitaria (Municipio de Bello), esquemas de reparación y estabilización socio económica para las víctimas (Unidad de víctimas) y un plan de reubicación concertado para quienes se encuentren en zonas de alto riesgo (municipio de Bello y Medellín).
Es necesario aclarar, que todas estas órdenes no se han llevado a cabo, y que por el contrario a las familias que están siendo desalojadas, están siendo vulneradas y afectadas en sus derechos, toda vez, que no se ha garantizado una vivienda a la cual llegar con sus familias, nos negamos a considerar que un arriendo temporal y los montos que se han establecido, sea un trato digno para las familias y menos aún que sea una posibilidad concreta para obtener una solución de vivienda definitiva.
Hemos advertido desde la reuniones previas al desalojo el día 5 y 10 de enero sobre la grave situación de derechos humanos que se presentaba en el barrio y que se podía agravar tal y como se ha agravado por las numerosas irregularidades que se han presentado en la diligencia de desalojo. El gobierno de Bello ha optado por la salida violenta agrediendo brutalmente a la población del barrio Nueva Jerusalén, sin medir las consecuencias sobre la vida de los seres humanos que allí habitan. No ha ofrecido ninguna garantía satisfactoria para la comunidad y mucho menos ha cumplido con lo que ordena el juez en el que tanto han insistido.
Como organizaciones acompañantes recomendamos al municipio de Bello que escuche las propuestas de la comunidad y que se abra a un verdadero dialogo que diste de la imposición y el autoritarismo, que resuelva las dudas de los pobladores de Nueva Jerusalén y los tome en serio, como personas dignas que son de recibir toda la información sobre su situación en cuanto a la vivienda.
Muchas de las familias, han manifestado que en el proceso de censo de la población que debe desalojar, no se tuvo en cuenta de un lado el número de viviendas por lote y de otro, el número de núcleos familiares que habita una misma vivienda; así mismo, no se ha valorado lo referente a inquilinos y a unidades productivas; o por lo menos no ha habido una respuesta.
Solicitamos se detengan los engaños y los atajos para resolver una situación a la que no se le ha prestado atención desde el 2007 que se fundó el barrio.
Esperamos que se atiendan las verdaderas necesidades del barrio, la razón por la que están ubicados en predios de alto riesgo, la vivienda y que se no dilate más la iniciación de proyectos de vivienda que satisfagan las necesidades de la población que hoy insultan y agreden, tratándolos como enemigos de su propio bienestar.
Corporación Jurídica Libertad
Mesa Interbarrial de Desconectados de Servicio Públicos y Vivienda Digna
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153