Quienes firmamos esta carta, somos víctimas de la violencia sociopolítica y del conflicto que no ha cesado en más de 60 años. Nosotras hemos vivido diariamente el sufrimiento que genera el asesinato, el secuestro y la desaparición forzada de un ser querido. Hemos sufrido los vejámenes de una guerra degradada que hace uso del cuerpo como si fuera un botín. Somos desplazadas, despojadas de nuestros territorios, obligadas al exilio y, blanco de atentados, amenazas, montajes judiciales y detenciones arbitrarias. Nuestras organizaciones han sido violentadas e incluso desarticuladas.
A pesar de los profundos dolores que estos hechos han dejado en nuestras vidas, hoy sentimos que el fin del conflicto, la reconciliación y la convivencia pacífica del pueblo colombiano pueden ser una realidad, si existe voluntad política del próximo gobierno para construir una paz completa con justicia social. Esto sólo se ve reflejado en el programa de gobierno de Gustavo Petro y Ángela María Robledo.
Las víctimas hemos hecho los mayores aportes a la paz y no nos resignamos ante las políticas que pretenden extender la guerra. Durante los gobiernos de 1998 a 2010, se produjeron 5.827.898 víctimas, es decir, el 70,13 % del total de víctimas del conflicto, según el Registro Único de Víctimas. Y contrario a tener una aceptación de esa realidad, esos gobiernos se dedicaron a negar la existencia de buena parte de nosotras y jugaron con el dolor de otras, para impulsar políticas de odio y polarización. Recientemente esos mismos partidos políticos se negaron a reconocernos el derecho a la participación política en el Congreso, al hundir las Circunscripciones Especiales de Paz.
Las víctimas estamos convencidas que Colombia debe avanzar hacia la reconciliación con garantía de derechos para nosotras, la paz debe ser una política de Estado. Se debe continuar con los diálogos con el ELN, brindar condiciones dignas a las comunidades afectadas por la exclusión y el conflicto, así como prevenir los asesinatos de líderes/as sociales. Por ello, no apoyamos propuestas que no reconocen estas realidades y que por el contrario las niegan.
Queremos que se acabe la guerra contra nuestros bosques, páramos, ríos y animales, esas otras víctimas de empresas extranjeras y nacionales que han envenenado la vida con una política de muerte. Queremos volver a nuestras tierras, queremos una reforma rural que entregue las tierras a las comunidades campesinas, indígenas y afros. Sólo hay una propuesta de gobierno que recoge estas preocupaciones.
La única opción que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición es la de la Colombia Humana. Esperamos que en su Gobierno se impulsen las reformas y el fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas y se avance en el desmantelamiento del paramilitarismo y, sus redes políticas y económicas de apoyo.
Nuestro llamado a la sociedad colombiana es que el 17 de junio vote por la Paz en solidaridad con las víctimas, su dolor y sus derechos. Tenemos la esperanza de que la noche de la guerra y la violencia política por fin cesará. Una Colombia Humana es posible.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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