Cada 30 de agosto las víctimas de desaparición forzada –detención desaparición- le recordamos al país que la búsqueda de nuestros familiares y seres queridos persiste, igual que la esperanza por volver a verlos vivos.
En este año la insistencia por visibilizar a nuestros más de 100.000 desaparecidos se robustece ante las afrentas del Estado por negar su existencia y silenciar las voces que por décadas nos hemos preguntado ¿Dónde están? Y ¿Por qué los desaparecieron?
En medio de la búsqueda de respuestas, hemos vivido la falta de investigación, la carencia de financiación y la poca voluntad del Estado para tratar de esclarecer lo sucedido en torno a los hechos y responsables de este crimen de lesa humanidad, que actualmente alcanza el 99, 5 %1 de impunidad.
Desafortunadamente no se puede decir que el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en el país ha terminado, por el contrario, son preocupantes los altos índices de personas que se registran en las frías bases de datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que aseguró que de enero a agosto de 2019 hubo un total de 2.713 casos de personas dadas por desaparecidas. Siendo Bogotá la región donde se registra el mayor número de casos, con 1.676, seguida por Valle del Cauca (418) y Antioquia (341).
A su vez, es preocupante que el Estado Colombiano y autoridades como la Fiscalía General de la Nación no tengan una metodología clara para investigar el crímen de la desaparición forzada, no tengan un plan de emergencia, un plan de contingencia y mucho menos una política de prevención efectiva que cese la desaparición forzada como una práctica sistemática en el país, constituyéndose en una forma de control y dominio perpetrada en contra de la sociedad civil e integrantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.
Frente a la continuidad de las estrategias de ocultamiento de nuestros seres amados, las víctimas de crímenes de estado exigimos que la verdad sea una prioridad, que se esclarezcan los hechos, se juzguen a los máximos responsables y cesen las claras revictimizaciones que hacen parte del entramado que existe detrás de los execrables hechos que generan la desaparición forzada, formando a su vez parte de una serie de violencias invisibilizadas y simbólicas que rodean y afectan los entornos sociales y familiares, y que también amedrentan a la sociedad en su conjunto.
Por ello hoy, nos negamos a ser cómplices del manto de silencio y negación que la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal quiere imponer sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia, manifestamos nuestra profunda solidaridad con los familiares y seres queridos de las víctimas de tortura, detención arbitraria, asesinato y posterior desaparición del Palacio de Justicia, aquel 6 y 7 de noviembre de 1985. Día en que los vimos salir con vida y no volvimos a saber de su suerte.
Ante el preocupante incremento de las desapariciones forzadas en Colombia y la impunidad que la rodea, seguimos exigiendo al gobierno nacional que permita que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas nos ayude a encontrar a nuestros seres queridos, es por esto que hemos lanzado junto con la Mesa de Trabajo Contra la Desaparición Forzada, la Campaña ¿Dónde están?, en la cual emprendemos acciones jurídicas, pedagógicas y comunicativas para lograr que en Colombia se acepte la competencia plena del Comité.
Continuamos alzando la voz para denunciar, exigir justicia y continuar preservando la memoria de las personas que han sido arrebatas forzadamente. La búsqueda seguirá por parte de los seres queridos y amigos que deben vivir y soportar la permanente ausencia, los prolongados silencios, la avalancha de nostalgia, la contradicción, la zozobra y la dualidad de la lucha interna que se resiste al olvido, en medio de la intolerancia y la indiferencia del Estado.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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