Sentencia del Tribunal Internacional de Opinión TIO

“Por la defensa de los bienes comunes” Sentencia del Tribunal Internacional de Opinión

Desde que la humanidad asistió a las atrocidades perpetradas en la guerra de Vietnam en los años 60s del siglo pasado, sin que los Estados llamados civilizados hicieran respetar los tratados firmados por ellos mismos, que comprometían el respeto a la dignidad humana, surgió la iniciativa de los Tribunales de Opinión. Estos nacen con el pro- pósito de apelar a la conciencia de los seres humanos y denunciar al mismo tiempo la degradación del derecho, el cual fue rompiendo sus vínculos con los principios éticos universales, doblegándose así ante las dos grandes fuerzas que dominan el mundo: el dinero y el poder.

Los Tribunales de Opinión no se rigen por la creencia de que personas expertas, amparadas en un hipotético dominio secreto de las leyes, conviertan los comportamientos humanos en delitos o virtudes, y que solo las sanciones penales pueden convertir a alguien en culpable y condenar sus actuaciones. Los Tribuna- les de Opinión son ejercicios de transparencia en los cuales se confrontan los hechos con las leyes y principios que fueron desconocidos, y se deja constancia ante el mundo de las contradicciones vigentes entre el derecho proclamado y las prácticas comprobadas.

En el ejercicio realizado durante estos dos días en Medellín (21 y 22 de noviembre), hemos escuchado testimonios de víctimas de diversas regiones de Antioquia, y de El Carmen de Atrato, Chocó, y a la vez, hemos tenido acceso a numerosos estudios documentados que revelan prácticas sistemáticas de grandes empresas, apoyadas y articuladas con el Estado, que desconocen lo más elemental de la dignidad humana.

Lamentablemente, este no es un fenómeno puntual sino global. La conculcación de derechos humanos y de la naturaleza por parte de las empresas transnacionales y sus aliados institucionales es una realidad a lo largo y ancho del planeta, y se ha agudizado en los últimos años ante la grave crisis internacional que atravesamos. De este modo, el sistema capitalista enfrenta un momento crítico, en el que las expectativas de crecimiento económico son escasas para al menos las próximas cuatro décadas, a la vez que se agotan las fuentes fósiles de energía y las reservas de muchos bienes comunes necesarios para sostener su acumulación incesante, todo ello en un contexto de grave cambio climático.

Como fruto de ello, las grandes corporaciones, muchos Estados y los organismos económicos internacionales, que en su conjunto constituyen el poder corporativo, lanzan en la actualidad una virulenta ofensiva de mercado para mantener sus ganancias y la base física sobre la que operan, acompañando este proceso de un desmantelamiento generalizado de las escasas conquistas democráticas, en el que incrementan su autoritarismo, militarización y violencia, amenazando todo lo público y lo común para ponerlo al servicio de los mercados globales. El conflicto entre el capital y la vida se evidencia, y los bienes naturales se convierten especialmente en botín codiciado por los grandes capitales. La energía hidroeléctrica, la minería, los monocultivos agropecuarios, el fracking, las fumigaciones, etc., se convierten a la vez en fuente de ganancia y en ámbitos estratégicos para enfrentar el colapso eco- lógico que se avecina. Las multinacionales, en este sentido, asaltan los territorios de todos los continentes, pero especialmente de América Latina, desarrollando de este modo estrategias que combinan el secretismo y el disimulo en sus actuaciones, la cooptación de líderes, el impulso a pequeños proyectos comunitarios y, cuando lo ven necesario, la criminalización de la pro- testa, la militarización y la violencia.

Colombia y Antioquia son, desgraciadamente, una buena muestra de este proceso global. La fuerte presencia de multinacionales en el país desde hace 20 años, tiene por objetivo arrancar de las entrañas de la tierra el agua, el oro, la energía, los bienes comunes y el petróleo, con el ánimo de aumentar sus ganancias y alimentar los mercados globales, especialmente de los países de Europa y América del Norte. En este sentido, las cifras demuestran que el 70%1 de la gran explotación minera del país se encuentra en manos de empresas extranjeras, entre ellas la Anglo Gold Ashanti, la Drummond, Anglo Gold American y otras. Por su parte, Antioquia, es el segundo departamento con mayor actividad extractiva de Colombia, concentrando el 14,36%2 de la producción de Colombia, siendo la Anglo Gold Ashanti y Mineros S. A. parte de las gran- des empresas extractivas que hoy tienen títulos en el Nordeste y Bajo Cauca. El Chocó, es el tercer departamento de mayor producción, y la empresa canadiense, Minera el Roble S.A, asentada en El Carmen de Atra- to, viene generando graves impactos destructivos en las comunidades campesinas y étnicas.

A su vez, la creciente construcción de hidroeléctricas (pequeñas y medianas especialmente) estrangula los ríos y con ello produce la ruptura de los ciclos de reproducción de la vida de los territorios; estas obras se instalan sobre territorios violentados y despojados de manera sistemática, especialmente por empresas y grupos paramilitares. Los proyectos hidroeléctricos suelen presentarse como de interés público, y bajo esta etiqueta se niega a las comunidades la posibilidad de participar en las discusiones sobre los proyectos; se desconocen sus exigencias y solicitudes y en su lugar se les estigmatiza como enemigas del desarrollo. En Antioquia, las represas Providencia I y II3 (Mineros S.A), Porce I, II y III, Hidroituango y la proyección de la Hidroeléctrica Santo Domingo- Oriente, tienen como elemento común ser desarrolladas e impulsadas por Empresas Públicas de Medellín, empresa estatal y a la vez multilatina, que ha sido denunciada por graves violaciones a los derechos humanos y daños contra la naturaleza. En el caso de El Chocó, con la proyección de la Hidroeléctrica la Talasa, con la cual se concesionaría a 50 años el río Atrato y cuya producción de energía sería para la exportación a Centroamérica a través de la interconexión eléctrica promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo- BID, obviando que municipios como Juradó solo tienen 2 horas de energía al día.

La construcción de la gran Hidroeléctrica Hidroituango evidencia que, por encima de la vida, la seguridad, la permanencia de las comunidades en sus territorios, la protección de la naturaleza y el medio ambiente, están los intereses del Estado que responden a las demandas del mercado internacional, bancos privados, entes multilaterales y BID. Este asalto a los bienes comunes pone en grave riesgo la integridad de las comunidades asentadas en los territorios, daña la naturaleza y desequilibra y/o destruye las prácticas tradicionales de producción económica.

Pero en Colombia la instalación de los megaproyectos como práctica violenta de despojo contra los territorios, característica propia del extractivismo, no es lo único que genera daño; también lo hacen las fumigaciones con glifosato, las cuales se han convertido en la principal política de Estado para enfrentar el problema de la producción de drogas en el país. Dicha política represiva, especialmente contra los cultivadores y cultivadoras, quienes son generalmente los campesinos, indígenas y afrodescendientes, se sustenta sobre graves violaciones a los derechos humanos y todo un sistema punitivo ilegítimo. En 2017, 100.000 familias cocaleras, creyendo en el Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, se inscribieron y comprometieron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS-; durante los dos años de vigencia del Programa, el Estado ha incumplido, ya que si bien, ha entre- gado los 12 millones iniciales a muchas de las familias, en el caso de los proyectos productivos el incumplimiento ha sido casi total, dejando a esas poblaciones sin sustento. Esto viene generando un escenario de resiembra, y con ello un mayor nivel de vulnerabilidad, militarización de los territorios y nuevas fumigaciones.

Más allá de este incumplimiento puntual, la negligencia estatal se suma a la falta de integralidad en la implementación de los acuerdos de paz, que no permite un desarrollo que tenga en cuenta las particularidades del territorio y de las comunidades, reduciéndose a un enfoque económico que se vuelve funcional al modelo extractivista, facilitando el ingreso de proyectos que saquean y revictimizan los territorios y a sus habitantes.

Los casos que hemos analizado en este Tribunal Internacional de Opinión explican claramente lo anterior- mente dicho.

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