Foto: Portada del Informe San Roque de la Doctrina Contrainsurgente al Extractivismo.
“Desde que nacemos, nos entrenan para no ver más que pedacitos. La cultura dominante, cultura del desvínculo, rompe la historia pasada como rompe la realidad presente; y prohíbe armar el rompecabezas.”
(Eduardo Galeano)
El informe que entregamos a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición–CEV—, no es solamente la conclusión de una elaboración, que sin tener ambiciones académicas, tiene como soporte disimiles fuentes documentales, entre ellas informes de derechos humanos y decisiones judiciales, siendo de gran valor para la Corporación Jurídica Libertad y la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, haber podido recoger la voz y la exigencia de quienes por décadas han vivido bajo el asedio del terror estatal y paraestatal.
Conozca el video de Resumen del informe aquí.
Atendiendo el carácter no judicial de la CEV este informe se propone ir más allá de la verdad judicial, la cual se circunscribe a un rito procesal donde se develan responsabilidades penales individuales o estatales abstractas por fallas en el servicio, decisiones judiciales que se abstraen del análisis de los contextos en que se presentaron las atrocidades y que no auscultan las motivaciones económicas, políticas y militares que subyacen a la estela de terror.
En el Nordeste del departamento de Antioquia y en especial en el municipio de San Roque, se implementó por parte de las élites económicas y políticas, articuladas con la fuerza pública y sectores de autodefensas provenientes inicialmente del Magdalena Medio, un modelo contrainsurgente que neutralizó a sangre y fuego cualquier asomo de oposición al establecimiento. Para los 90 y hasta el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, las estructuras paramilitares se asentaron en los territorios, uno de ellos fue el Bloque Metro, en el Corregimiento de Cristales.
Esto fue posible gracias a la relación que tenían las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU con la fuerza pública, autoridades civiles y tres familias prestantes de la región: los Uribe Vélez, Gallón Henao y Villegas Uribe; además de las políticas institucionales del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, quien promovió las Convivir, instrumentos legales que sirvieron para financiar el paramilitarismo, como el caso de la Convivir el Condor de San Roque, cuyo representante fue Luís Alberto Villegas Uribe, conocido promotor del paramilitarismo en Antioquia.
El análisis retrospectivo de los hechos victimizantes consignados en el informe, nos permite sostener que las acciones contra opositores políticos, líderes campesinos, comunitarios, integrantes de comunidades eclesiales de base, organizaciones sindicales agrarias y demás estamentos que reclamaban reformas económicas y políticas estructurales, fueron en su momento interpretados como el desarrollo de una doctrina contrainsurgente impulsada desde el poder y ejecutada por integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares, que asimilaban a guerrilleros a quienes disentían de las políticas estatales.
Acciones que en realidad estuvieron encaminadas a generar las condiciones para la imposición violenta de un modelo económico que en décadas pasadas tuvo su eje en la concentración de la tierra para la extracción de minerales, el desarrollo de actividades agrícolas, de ganadería extensiva y la construcción de hidroeléctricas, pero en los últimos años ha enfatizado en el proyecto Gramalote, el cual es considerado el de mayor envergadura de explotación de oro y plata en el país.
Principios ético – políticos y conceptuales: Más allá de la verdad jurídica
Este informe fue construido bajo principios ético – políticos, conceptuales y metodológicos que buscan contribuir al esclarecimiento de la verdad. Esto implica reconocer que hay una verdad objetiva, es decir una coherencia entre realidad y conocimiento (lo sucedido y lo conocido), a fin de lograr desvertebrar las estrategias y mecanismos de impunidad que han llevado a ocultar, desviar, manipular, sesgar, borrar y tergiversar la información, las narrativas y los sucesos (Proyecto Colombia Nunca Más –PCNM, 2008) como aporte a la lucha contra la impunidad, la reparación integral y las garantías de no repetición desde las voces de las víctimas y/o sus familiares y desde las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Un aspecto clave en estos principios, es reconocer y develar que el Estado colombiano no ha sido una víctima, como lo expresan los detentadores del poder en el país, quienes han venido construyendo una narrativa oficial al respecto. Tampoco es real que el Estado haya sido cooptado por fuerzas paramilitares que actuaron autónomamente. Por el contrario, la institucionalidad ha sido un actor decisivo y determinante durante más de 60 años de violencia sociopolítica que ha vivido el país, y en esa medida, en el campo del esclarecimiento, debe darse cuenta, cómo fue su actuación, sus políticas y medidas adoptadas para desarrollar estrategias y acciones que conllevaron a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, entre ellas el paramilitarismo, el cual ha sido una estrategia en el marco de la lucha contrainsurgente estructurada por el Estado, quien combinó actuaciones legales e ilegales a fin de preservar el régimen y los intereses de sectores políticos y económicos, que vieron como amenaza los procesos sociales y a la oposición política en el país.
Más allá de la verdad judicial
Mientras el poder judicial busca canalizar los conflictos y darles una solución jurídica, respetando el debido proceso, las reglas probatorias y todo el andamiaje legal construido, la verdad histórica que se pretende construir en la CEV, obedece a otras lógicas y otras reglas, la misma debe buscar como lo dijo Javier Giraldo al referirse al Proyecto Colombia Nunca Más – PCNM, trabajar por: “Rescatar la memoria y la verdad en los límites más extremos de lo inhumano, para desde allí tratar de salvar para el futuro lo más esencialmente humano, creando condiciones para que lo inhumano no se repita jamás y para que el futuro no esté hipotecado a las dimensiones y orientaciones determinadas por quienes dieron el más impresionante testimonio histórico de antihumanidad”. (Giraldo, 1998, párr.40)
En tal sentido, este informe que se presenta a la CEV, pretende ser un aporte para la dignificación de las víctimas, ya que reivindica el derecho a la verdad, más allá de lo judicial, y se centra en testimonios, entrevistas y casos documentados de líderes, lideresas, habitantes y sobrevivientes de San Roque, quienes denunciaron los hechos acaecidos desde los 70 y que fueron silenciados, amenazados y desterrados. Así mismo, retoma las denuncias y análisis que entre los años 90 y 2000, se emitieron por parte de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales acerca de la situación de San Roque, las cuales fueron negadas por el Estado, como parte de esa lucha contrainsurgente que veía a las víctimas como enemigos, a quienes negaba toda protección de su vida e integridad.
De allí que en el presente informe se sostenga que en San Roque hubo un plan criminal, con unos determinadores (Estado, paramilitares y terceros) que tenían unos intereses concretos y que generaron unas dinámicas y patrones de agresión que conllevaron a la victimización de la población.
Ruta metodológica
La ruta metodológica trazada se fundamenta en los principios ético – políticos que se construyeron para el informe y los lineamientos del PCNM. Las fuentes primarias que se tuvieron en cuenta son: los casos documentados en la base de datos del PCNM y 17 entrevistas. En las fuentes secundarias se abordaron libros, revistas, expedientes judiciales, informes de derechos humanos, investigaciones académicas, revisión de prensa etc. Con la información que se logró generar, se procedió al análisis y contrastación, y se elaboró el texto que se entrega a la CEV.
A este informe se le anexó la base de datos del PCNM (2019) del Nordeste y del municipio de San Roque. Esta herramienta ha sido una estrategia política en la que participan organizaciones defensoras de derechos humanos que desde 1996, viene sistematizando hechos cometidos por el Estado, los paramilitares y la insurgencia. El total de casos registrados en la base para el municipio de San Roque es de 45, la cual comprende 107 víctimas, 81 de ellas son por acciones atribuibles a agentes estatales y/o paramilitares y las restantes a grupos desconocidos o las insurgencias. En el caso del Nordeste esta comprende un total de 437 casos con 1170 víctimas, donde más del 85% fueron por las acciones el Estado y grupos paramilitares.
Corolario de la Violencia Sociopolítica en el Nordeste de Antioquia
En 36 años (1970- 2006) según el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH (2018) y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas – UARIV (2018), los diez municipios del Nordeste se vieron afectados por aproximadamente 53 masacres (401 víctimas), asesinatos selectivos (16.196), desplazamiento forzado (50.142), desaparición forzada (1.879), amenazas (1.685). A esto se suman las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el PCNM (13 casos – 21 víctimas) y persecución política contra las y los habitantes, pero en especial contra los procesos organizativos, movimientos sociales, sectores eclesiales de base y partidos de izquierda.
Los principales responsables reconocidos de estos hechos son los grupos paramilitares y agentes del Estado, quienes de manera conjunta desataron toda su violencia contra las y los pobladores. Por ello, se puede afirmar que esta relación entre actores, no fue aislada, sino que surge como parte de las políticas institucionales del Estado colombiano, afincadas en la doctrina contrainsurgente.
Durante la época de los 70 y 80 en el Nordeste, las políticas institucionales de persecución legal e ilegal contra las comunidades, pero especialmente contra los procesos organizativos en la zona, que llegaron a ser más de 13, fueron desarrollados por los paramilitares del Muerte a Revolucionarios del Nordeste – MRN y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio – ACMM, la Policía y el Ejército Nacional: I División: IV y XIV brigada del Ejército Nacional (Batallón Bomboná, Calibío, Luciano D’elhuyar). Gamonales y políticos de la subregión se valieron de la fuerza pública y de paramilitares para asegurar sus intereses, por ello las comunidades, denunciaron su participación en las graves violaciones a los derechos humanos y estigmatización que se llevaba a cabo contra los procesos de resistencia. Entre las familias y políticos que fueron denunciados estuvieron: los Uribe Vélez, Villegas Uribe, César Pérez García, Álvaro Villegas Moreno, Jaime Aníbal Arango Osorio, Jaime Alonso Cano Martínez, Horacio Jaramillo, Augusto Pineda Hoyos, Bernardo Guerra Serna, Antonio Yepes Parra y Óscar Alonso Mira Jiménez.
Durante 1990 y 2006, se profundizó el conflicto político, social y armado en el país, aumentando los niveles de riesgo de las comunidades y las graves violaciones a los derechos humanos. En Antioquia durante estos 16 años y especialmente en la subregión fue determinante el periodo en el que Álvaro Uribe Vélez fue gobernador, debido a su política de impulso a las Convivir, de persecución a los procesos políticos progresistas y de izquierda, y a la labor de las y los defensores de derechos humanos. Además, en este periodo se inició la expansión y fortalecimiento del proyecto paramilitar en Colombia, muestra de ello es la creación de las AUC, que pasó a reemplazar el proyecto de ACCU, que inicialmente operaba en Córdoba y Antioquia.
En esta época continuaron los nexos entre agentes estatales – fuerza pública y paramilitarismo, sin lo cual no hubiese podido asentarse en el Nordeste, tener bases y actuar de manera irrestricta contra la población. La Policía Nacional quien siempre tuvo presencia en los diez municipios y la XIV Brigada del Ejército Nacional continuaron sus nexos con las ACCU y AUC.
En su primer mandato como presidente Uribe Vélez (2002 – 2005) instauró la doctrina de seguridad democrática y con ella, se avalaron y masificaron las prácticas de las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a las que el Nordeste no fue ajena, como se dejó consignado en este informe. Entre las estructuras que estuvieron comprometidas con las ejecuciones extrajudiciales estuvieron: Batallón Contraguerrilla Palagua, el Batallón Contraguerrilla Tacines, Batallón Granaderos al mando del teniente Clavijo y el sargento primero Héctor Gómez, Batallón Luciano D’elhuyar, Batallón Bomboná, Batallón Calibío y Unidad Táctica Eulices del Batallón Plan Especial Energético Vial No.8 y la Policía Nacional del municipio de Yalí.
De manera simultánea a este nivel de terror, en el país se expidieron nuevas normatividades que permitían la explotación de los bienes comunes, y es así como se configuran distritos mineros entre los que estaba el Nordeste con Anorí, Amalfi, Remedios, Segovia y San Roque, lo que terminó favoreciendo a las empresas transnacionales, entre ellos a la AGA y la Zandor Capital, ambas empresas denunciadas por posibles nexos con el paramilitarismo y de estar comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos. Estas empresas tienen asiento en la subregión. La Zandor se encuentra explotando oro y otros minerales en Segovia y Remedios.
Entre 2003 y 2006, se dio el proceso de desmovilización de los paramilitares, el cual ha sido fuertemente cuestionado por las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y por instituciones internacionales que señalan la no garantía plena de los derechos de las víctimas y la continuidad de estas estructuras, en esta ocasión llamadas “estructuras herederas del paramilitarismo”. En los 10 municipios de la subregión se registra presencia paramilitar y las comunidades siguen denunciado como en décadas anteriores, que parte de la fuerza pública está articulada con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Libertadores del Nordeste y Los Pachelly. La situación de violencia en la zona tras la firma del Acuerdo de Paz se ha recrudecido, ya que se han presentado detenciones arbitrarias, asesinatos de líderes sociales y el confinamiento de poblaciones. Los megaproyectos mineros siguen avanzando y las comunidades exigen que los bienes comunes sean respetados y que los pequeños mineros no sean perseguidos por el Estado colombiano.
Caso San Roque
En San Roque, entre 1970 – 2016, según la UARIV se registraron 11.308 víctimas de asesinatos selectivos, desaparición forzada, desplazamiento forzado y amenazas. A esto se suman 12 masacres con un total de 52 víctimas (PCNM, 2019).
Entre 1985 – 1989, en San Roque, se registraron dos masacres, 123 homicidios, 18 amenazas, 204 casos de desplazamiento forzado y 12 casos de desaparición forzada (UARIV, 2018).
En la década de los 70 en el municipio se registraron procesos organizativos importantes como el del Sindicato de Trabajadores Agrarios de la Región del Nus, el cual fue respaldado por sacerdotes y religiosas que se cimentaban en la teología de la liberación para hacer su trabajo con las comunidades. Para los 80, el aumento de la violencia sociopolítica en el municipio, así como en la subregión, significó que los líderes y las lideresas abandonaran el territorio para salvaguardar su vida, lo que conllevó a que se destruyera gran parte del tejido social.
Esta violencia fue desarrollada por la Policía de Carabineros, el Ejército Nacional y el grupo paramilitar MRN, pero también por parte de los máximos jerarcas de la iglesia católica que no compartían el trabajo de sacerdotes y monjas que promovían la organización y lucha social y política del campesinado. A esto se sumaron los señalamientos de terratenientes como la familia Uribe Vélez, quienes estigmatizaron de insurgentes a los procesos campesinos como el de la Finca La Mundial y el Sindicato de Trabajadores Agrarios de la Región del Nus, generando con ello una persecución institucional.
El objetivo principal de esta persecución política fue destruir el acumulado organizativo construido en la región. El asesinato por parte de los paramilitares en coordinación con el Ejército Nacional de los líderes religiosos, especialmente el del padre Jaime Restrepo el 17 de enero de 1988 y el de la religiosa Teresa Ramírez el 28 de febrero de 1989, causó un gran impacto en la población, en cuanto estos habían marcado con sus palabras y su trabajo a la comunidad, y como resultado se produjo la ruptura del tejido social. Solo hasta 1990 intentó reconstruirse a través del Movimiento Cívico del Nus, bajo demandas de tipo político como la Asamblea Nacional Constituyente y de tipo social como las que anteriormente se habían presentado. Pero esta iniciativa volvió a toparse con el terror estatal y no pudo mantenerse en el tiempo.
Desde 1994 hasta 2006 el municipio de San Roque, registró un incremento de las graves violaciones a los derechos humanos. En estos 16 años se perpetraron 10 masacres, siete de ellas fueron responsabilidad de los paramilitares en especial del Bloque Metro (30 víctimas). Las restantes fueron cometidas por la insurgencia del ELN y por grupos desconocidos. En este mismo periodo, los asesinatos contra la población civil (1.092) aumentaron al igual que la desaparición forzada (160), el desplazamiento forzado (8.493) y las amenazas (216), lo que demostró la grave situación humanitaria que vivieron las comunidades.
Este alto nivel de agresiones se puede explicar por la incursión a la zona de las ACCU, y posteriormente para 1996 por la instauración en San Roque de la Convivir El Cóndor y del Bloque Metro, esta última estructura comandada inicialmente por Jairo Mejía Arcial alias “Filo” y posteriormente por Carlos Mauricio García Fernández alias “Doble Cero”. La llegada de este Bloque se dio por la gestión del empresario Luis Alberto Villegas Uribe, quien a su vez fue el representante de la Convivir.
La estrategia conjunta entre paramilitares, Convivir y Estado, se caracterizó por varios elementos: la presencia de una base paramilitar permanente en el corregimiento de Cristales, una relación abierta entre estos dos actores y la fuerza pública y el apoyo financiero, político e ideológico de tres familias concretas a este proyecto paraestatal: Uribe Vélez, Villegas Uribe y Gallón Henao.
El entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien tenía amplio conocimiento de lo que allí sucedía por tener intereses económicos en ese municipio y quien había conocido de las denuncias de organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y comunidades, negó la relación de la Convivir con los paramilitares, y no combatió la expansión de las estructuras de las ACCU y de las AUC, lo que trajo como resultado la muerte de campesinos y la instauración del proyecto paramilitar que no terminó con el proceso de desmovilización del 2005, sino que se mantiene hasta la fecha.
La comunidad recuerda como en 1996 con la llegada del Bloque Metro se instaló la escuela de entrenamiento, una de las más reconocidas por sus estrategias de terror, entre ellas las exigencias físicas, los castigos, el desmembramiento y la desaparición forzada. En ese mismo año, en el mes de agosto fueron detenidos y desaparecidos forzadamente ocho comerciantes cuando fueron regresaban de Puerto Berrío hacia San Roque. Este hecho fue perpetrado por paramilitares del Bloque Metro. A estas agresiones se fueron sumando los desplazamientos forzados por las amenazas constantes contra la población. El destierro se incrementó a principios del 2000, por la confrontación armada entre las AUC y el Bloque Metro, quienes habían iniciado una confrontación interna. Esto tuvo como resultado el exterminio de la estructura dirigida por alias “Doble Cero”. El asesinato de alias “Doble Cero” terminó siendo útil para acabar, no solo con el Bloque Metro, sino para sepultar con él información sobre sobre la relación de los Uribe Vélez, Gallón Henao y Villegas Uribe con dicha estructura, así como la relación de José Miguel Narváez con las AUC, y de otros políticos y funcionarios de alto nivel relacionados con Álvaro Uribe Vélez.
Conozca la línea de tiempo sobre el Caso San Roque aquí:
Estrategia de tierra arrasada y el proyecto Gramalote
El desplazamiento forzado de 8.493 personas durante este tiempo fue el más alto de toda la zona del Nordeste, lo que contrasta con el “alto número” de solicitudes de restitución de tierras, 238. Vaciar los corregimientos de Providencia, Cristales y el Nus, fue una estrategia de mediana duración que prospectivamente sirvió para la imposición sin resistencia del megaproyecto Gramalote. Otro propósito del vaciamiento del territorio, fue generar condiciones para que la gente no habitara más el corregimiento de Cristales como lo evidenció el hecho de dinamitar las casas y la utilización de métodos de tortura y formas extremas de asesinato.
Todas las agresiones vividas por parte de las comunidades fueron teniendo cierta explicación cuando vieron como el barrido del territorio facilitó la adquisición de predios para actividades ganaderas, mineras y otros proyectos basados en la acumulación de tierras. Para las y los habitantes quedaba resuelta una de las grandes preguntas y era ¿por qué les había tocado vivir todo el miedo y el terror paraestatal?
En este panorama de violencia y bajo la temporalidad en la que se comenzó agudizar los ataques contra los habitantes de este territorio, se otorgó el primer título minero al proyecto Gramalote (24 de marzo de 1994) que abarcó un polígono de 9412 ha, entre Cristales, Providencia y San José del Nus, justo antes de que el Bloque Metro incursionara con su estrategia de vaciamiento. Para 2006, después de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, el proyecto inició los trámites de licenciamiento para su explotación. El dueño de este proyecto, AGA, es una multinacional con una reputación de vulneración de derechos, que tuvo estrechas relaciones previas y posteriores con la administración de Álvaro Uribe Vélez, quien fue uno de los propietarios de la hacienda Las Guacharacas, lugar que sirvió como centro de operaciones del Bloque Metro y predio que quedó bajo el dominio de la AGA.
El desarrollo de la doctrina contrainsurgente en San Roque, no solo acabó con los procesos sociales que luchaban con cambiar el orden de desigualdad existentes, sino que también afincó los intereses de las familias Gallón Henao, Uribe Vélez y Villegas Uribe, y a la postre logró afincar un modelo extractivista que es rentable en la medida en que las comunidades son agredidas y los territorios vaciados y expoliados.
Por las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en el Nordeste y en el municipio de San Roque, son varias las sentencias que se han emitido, lo cual es un paso importante en la lucha contra la impunidad, pero resultan insuficientes cuando la mayoría de los determinadores de esta violencia sociopolítica siguen sin ser sancionados jurídica y éticamente, y no existen verdaderas garantías de no repetición. El desafío enorme que hoy tiene la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, es que, siendo un mecanismo extrajudicial, logre interpretar lo acontecido en este país, desde una orilla que vaya más allá de la verdad judicial—del culpable— y se situé en una verdad histórica capaz de nombrar los determinadores y las políticas institucionales que han permitido al Estado colombiano valerse de estrategias y mecanismos legales e ilegales para desarrollar la violencia sociopolítica contra comunidades, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, que con convicción han enfrentado este orden de desigualdad social.
Conclusiones
Entre 1970 y 2016 en la subregión del Nordeste y en especial en el municipio de San Roque se desarrolló un plan criminal que estuvo sustentando en un contexto territorial de graves violaciones a los derechos humanos, el cual fue llevado a cabo por agentes estatales: fuerza pública y autoridades civiles con paramilitares. En este plan también participaron políticos, terratenientes, comerciantes, jerarcas de la iglesia católica y empresarios, quienes contribuyeron y fueron determinadores, como es el caso de las familias Uribe Vélez, Gallón Henao y Villegas Uribe.
Todos estos actores participaron de manera consciente, voluntaria y coordinada en el desarrollo de la política contrainsurgente, donde se equiparó a la población con combatientes o auxiliadores de la insurgencia por el solo hecho de vivir en zonas donde la guerrilla hacía presencia y por organizarse para exigir respeto y garantía de los derechos humanos, participación política y representativa, y cambios profundos en temas de tierras y calidad de vida.
Las finalidades de este plan criminal fueron: 1) generar terror y disciplinamiento social en la población, 2) eliminar toda forma de proceso organizativo que entrara en conflicto con los intereses de los sectores dominantes y 3) imponer y consolidar un modelo extractivista que ha conllevado a una concentración de tierra para uso exclusivo de minería, hidroeléctricas y agroindustria (ganadería extensiva y potencial forestal), cuyos principales beneficiaros son las empresas trasnacionales y sectores dominantes del país, como los terratenientes.
Los tres propósitos del plan criminal se consumaron, fue así como en el territorio de acuerdo con los testimonios brindados para este informe se impuso el miedo y por ello muchas voces siguen sin ser escuchadas; la población de Cristales, Providencia y el Nus, fue testigo, víctima y sobreviviente de graves violaciones a los derechos humanos, en especial de la desaparición forzada, especialmente en Cristales, lugar al que es indispensable que la UBPD tenga acceso. Como queda demostrado en el informe, los procesos organizativos cristianos, progresistas y de oposición fueron arrasados y con ellos la posibilidad de profundizar una democracia amplia y pluralista, implantándose la política del enemigo interno- de la estigmatización y señalamiento contra quienes han optado por transformar la desigualdad que existe en los territorios.
Finalmente, todo el corolario de violencia vivido en el Nordeste y San Roque, ha tenido beneficiarios hegemónicos a nivel económico: la Zandor y la AGA, está ultima se ha instalado en el territorio gracias a las normatividades dispuestas por el Estado colombiano que desde 2003, ha facilitado la actividad minera a gran escala y también porque al momento de asentarse en el territorio, encontró territorios arrasados por la violencia y socios que aportaron a sus propósitos como los Gallón Henao y los Uribe Vélez.
Descargue el Resumen Ejecutivo aquí:
Solicitudes y recomendaciones
Conscientes del alcance no judicial de la CEV, pero también con la claridad de la potencia política y simbólica del Informe Final para la comprensión amplia e incluyente con las víctimas del conflicto armado, las luchas contra la impunidad y las garantías de no repetición, recomendamos y solicitamos:
• Evidenciar la relación indisoluble entre violencia estatal, paraestatal y modelo de desarrollo. Una violencia estructural que se quiso presentar como una lucha contra el comunismo y los aliados de las guerrillas y que fue realmente una estratagema para vaciar los territorios de pobladores que eventualmente se opondrían al modelo extractivista impuesto con masacres, desplazamientos forzados, confinamientos y demás modalidades del Terrorismo de Estado.
• Solicitamos que en el Informe Final se reconozca como caso tipo al municipio de San Roque, ya que desde allí se inició una segunda fase de este proyecto contrainsurgente con el Bloque Metro (1996), el cual se expandió a Medellín y el Oriente antioqueño, principalmente.
• Se solicita a la CEV y UBPD, que de manera coordinada con las organizaciones del territorio realicen labores de esclarecimiento y búsqueda de personas desaparecidas en los municipios de Anorí y San Roque, en especial en los corregimientos de Cristales y Providencia, donde el conflicto político social y armado se ha desarrollado con intensidad, y donde la fuerza pública y los paramilitares, actuaron de manera conjunta contra la población. En la construcción de este informe algunas víctimas han indicado que en estos territorios existen fosas comunes.
• Es indispensable para avanzar en la garantía del derecho a la verdad, esclarecer el papel de los jerarcas de la iglesia católica en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, en especial el arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, Alfonso López Trujillo, caracterizado por su postura conservadora y de persecución a los sacerdotes y religiosas de la teología de la liberación.
• Se solicita a la CEV dar cuenta en el Informe Final, cómo los discursos hegemónicos favorecieron la imposición de una visión sobre el conflicto político, social y armado, y generaron estigmatización, obstrucción al derecho a la verdad y a las garantías de no repetición, en particular para procesos como el Sindicato Agrario, la experiencia de la Finca La Mundial, las comunidades de base religiosas, docentes, juntas de acción comunal y de otras expresiones políticas y organizativas que fueron eliminadas por sus apuestas de lucha social y de autogestión, las cuales fueron señaladas de guerrilleras por parte del Estado colombiano y de familias prestantes de la zona como la de Álvaro Uribe Vélez.
• En ese contexto de graves violaciones a los derechos humanos, tuvo un papel activo y relevante la fuerza pública y actores institucionales como la Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. En tal sentido, es importante que la CEV contribuya desde un análisis de las conductas de las instituciones, a develar las políticas que favorecieron el proyecto paramilitar, no sólo como un asunto de orden militar, sino de imposición de modelos de seguridad y control social y territorial.
• Se solicita a la CEV que se dé cuenta en el Informe Final cómo el accionar del Ejército y la Policía Nacional jugaron un papel determinante en la estructuración del paramilitarismo en el Nordeste y en especial en San Roque.
Para cerrar nos asumimos en las palabras del Padre Javier Giraldo: “la verdad de lo acontecido en el país ya ha sido narrada por las víctimas”. El reto del Sistema es hacer que se escuche, que se conozca y que los responsables sean nombrados en la narrativa final que cada mecanismo entregará al país, en especial aquellos eventos en que agentes estatales, paramilitares, políticos y empresarios se unieron para agredir a las comunidades.
Conozca y descargue el Informe San Roque completo aquí:
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153