Por: Juan Prado
Desde la habitación de Ayinet Pérez en el Hotel Nutibara, un gris plomizo domina la vista panorámica de la carrera Bolívar y la plaza Botero. El amanecer es lluvioso en el centro de Medellín. Las primeras horas del día son invadidas por un estruendoso coro de bocinas en cuatro ruedas, opacando el tímido cantar de los pájaros sobrevivientes al smoke y el progreso de concreto. Mientras termina de peinar su cabellera y acicalarse para asistir a la asamblea de lideresas sociales que la espera en el tercer piso, Ayinet contempla a miles de transeúntes en dirección a sus puestos de trabajo. Un ir y venir azaroso, repetitivo y difícil de asimilar para una campesina del Urabá.
De a poco el salón Dorado del tradicional hotel se va llenando con la llegada de funcionarios pertenecientes a las entidades responsables de la promoción y garantía de los derechos humanos, de líderes y lideresas sociales de diferentes territorios de Antioquia. Es la reunión de la audiencia balance de la Mesa Territorial de Garantías, la cual ahonda en la situación humanitaria del departamento, agravada los últimos cinco años en subregiones como el Bajo Cauca, el Norte, el Nordeste y el Occidente antioqueño.
En cada intervención, las lideresas sociales insisten con vehemencia en los estragos que la continuidad del conflicto armado produce a diario en sus localidades; lo que se entrevé en el Informe sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y agresiones contra la labor de las y los defensores de derechos humanos en Antioquia 2022-2023 elaborado por la Corporación Jurídica Libertad, donde resalta que “durante el 2022 se documentaron 153 agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos”.
Por su parte, Ayinet aprovecha al máximo los cinco minutos asignados a cada delegado para exponer algunos elementos característicos en el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los derechos humanos en la subregión del Urabá, territorio en el cual durante mayo de 2022 las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) expusieron su poderío militar con la realización de un paro armado que confinó a quinientas mil personas durante tres días.
“Las reclamantes de tierra no tenemos garantías suficientes para realizar nuestra labor. El Ejército y la Policía nos han dejado a la merced de los actores armados. No nos protegieron hace 30 años y actualmente está sucediendo lo mismo”, afirma con indignación mientras interroga a la secretaría técnica de la Mesa ante la ausencia de la Agencia Nacional de Tierras en este espacio de interlocución.
Un martirio inesperado
Ayinet Pérez es la séptima de los nueve hijos que resultaron del matrimonio entre Ana María Galán y Adalberto Pérez. Su infancia la vivió en la ruralidad del municipio de Necoclí. De allí salieron cuando tenía siete años porque las tierras habitadas por su familia lindaban con el resguardo indígena Caimán Nuevo, territorio ancestral de la etnia Cuna Tule.
Era el año 1975. El desaparecido Instituto colombiano de la Reforma Agraria (Incora) prometió a sus padres la compra de su finca y por eso la desocuparon inmediatamente. Esta promesa incumplida los llevó a perder lo poco conseguido en varios años de trabajo: casa, ganado y cultivos de pancoger. “Eso fue un desplazamiento”, el primero de varios que vendrían con el correr del tiempo, responde con amargura Ayinet a una funcionaria interesada en conocer más detalles de su vida.
Con los deseos intactos de permanecer en el campo migraron hacia Tulapas, por ese entonces, un terreno baldío de la nación. Días antes, don Adalberto había conocido sus densos y extensos bosques, convenciéndose de que el futuro de su familia estaría asegurado en esta zona.
La nostalgia por un pasado cargado de esfuerzo y trabajo, pero más tranquilo que la incertidumbre de su actual cotidianidad, invade fugazmente los recuerdos de Ayinet: “En esa época por allá no había caminos, entramos quebrada arriba y nos reunimos con las personas más cercanas con el propósito de darle forma al caserío. Se midieron 35 hectáreas, las cuales fueron repartidas entre las 25 familias que llegamos inicialmente.”
Años después el Incora les adjudicó estos predios, legalizándolos. Las chozas de plástico construidas inicialmente por campesinos se transformaron en casas más espaciadas y dignificantes. Finca “La Mayoría” fue bautizada su propiedad porque en la noche o los fines de semana se llenaba con la visita de parientes de la familia Pérez Galán. Debido a su espíritu comunitario, doña Ana María y don Adalberto cedieron un pedazo de “La Mayoría” a la comunidad y así se construyó la cancha y la escuela para la vereda.
En 1995, la tranquilidad terminó por la agudización del conflicto armado en el Urabá. La totalidad de la geografía nacional se convirtió en teatro de operaciones por los combates entre fuerza pública, paramilitares y guerrilla. Por su ubicación estratégica en el noroccidente del país, esta subregión devino en uno de los territorios más azotados por desplazamientos masivos, masacres y asesinatos.
En Tulapas, transformada en una extensa área integrada por 36 veredas ubicadas entre los municipios de Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo, había escalado la arremetida por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. La cancha de fútbol contigua a “La Mayoría” durante años fue el descansadero de los grupos armados que se movían por la zona. Ayinet observaba cómo en un abrir y cerrar de ojos los guerrilleros montaban sus campamentos y, en muchas ocasiones, tomaban animales y frutos de los cultivos sin pagar ni un peso. Esas estaciones sin consentimiento de la comunidad perjudicaron a los campesinos de la región con la llegada de los paramilitares.
“A mi papá y a mi hermano los amarraron, reteniéndolos por unos días, estaban esperando que alguien diera la orden para asesinarlos. Por suerte, llegó una persona encapuchada, los reconoció y medió por ellos, desvinculándolos de colaborar con otros grupos”. Horas más tarde madre e hija tomaron los enseres necesarios y salieron por un camino distinto al tradicional, procurando evitar el encuentro con cualquier agrupación armada.
Esta escena se multiplicó por miles en todo el Urabá antioqueño y Chocoano entre 1995-1998.
La vida cambió abruptamente sin permitir buscar respuestas a lo sucedido y don Adalberto enfermó gravemente; en su mente no había un futuro distinto a cultivar, con esfuerzo y dedicación, el destino familiar. Tras un intento desesperado por recuperar sus tierras y no morir de pena moral, falleció en 1998. Al frente de la familia quedó doña Ana, con la responsabilidad de mantener encendida la esperanza de volver a “La Mayoría” y rehacer la anhelada vida campesina.
En esta lucha, como resultado de la complejidad en el tratamiento institucional a los conflictos agrarios en Colombia, apareció la posibilidad de volver al predio en Caimán Nuevo. Revoleteando, llegaron al Incoder, donde les dieron una carta para dialogar con los indígenas y poder ocupar las tierras que no les habían pagado en 1975. Sin embargo, cuando estaban organizando la finca llegó una nueva notificación de salida. Otro desaire estatal en medio del destierro. En esas correrías por todo el norte de Urabá fueron alcanzados por Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’. Así lo recuerda Ayinet:
“Después de mucho buscarnos este señor Roldan se nos apareció en la casa. Llego armado proponiendo negocios. Mi mama le respondió con vehemencia que ella no estaba interesada en vender nada. A lo cual, con bastante intransigencia, él respondió: ¿A usted quién le dijo que yo estoy preguntando si está vendiendo o no?
¿Una que le dice a una persona armada? Así fue cómo empezó el negocio de nuestras tierras, a mi mama le pagaron un millón de pesos y ahí se consumó el despojo”
Esta fue la modalidad usada por las Autodefensas, empresarios del enclave agroindustrial y el Fondo Ganadero de Córdoba para la apropiación ilegal de 20 mil hectáreas de tierra en la región de Tulapas. Dicha situación ha sido denunciada en informes como “Van por nuestras tierras a sangre y fuego” y corroborada por las declaraciones dadas por Benito Osorio a la Jurisdicción Especial de Paz en 2022.
Tierra y Paz: escuela para la formación de liderazgos sociales.
La camioneta del esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección es el medio de transporte en el cual Ayinet intenta moverse por todo el Urabá. Sin importar la hora del día, atiende las inquietudes y solicitudes de sus compañeras reclamantes. Las múltiples trabas administrativas, políticas y militares a las que se enfrentan en el propósito de recuperar las tierras arrebatadas con violencia hacen de esta historia una tragedia sin final a la vista.
Ayinet inició su lucha en la organización Tierra y Vida. En un primer momento, solo era la acompañante de su mamá, pero con el paso del tiempo le gustó cómo orientaban a las personas y, de esta manera, se fue metiendo en tareas organizativas que la llevaron a conocer más de cerca la historia de otras comunidades en el Urabá.
Ya son dieciséis años recorriendo, con o sin escoltas, las vías urabaenses. La vista, acostumbrada a contemplar durante horas las gigantescas plantaciones de plátano y palma africana, dificulta recordar con precisión los paisajes agro diversos que precedieron la expansión agroindustrial en este territorio. “Una creía haber vívido lo peor, pero mentiras. Cuando me tocó atender otros casos de personas desterradas, caí en cuenta de situaciones mucho peores. Al inicio no sabía nada, por eso, estas organizaciones han sido mi escuela de aprendizaje en la lucha por recuperar nuestras tierras y ejercer desde allí un liderazgo social”, comenta Ayinet tras atender la llamada de un reclamante desorientado en medio de la tramitología institucional.
Hacerse visible como reclamante de tierras es sinónimo de riesgo y vulnerabilidad. Desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 en el Urabá han sido asesinados más de 22 reclamantes de tierras. Las amenazas contra la integridad física de Ayinet son una constante. “Lo preocupante es cuando éstas no aparecen por ningún lado”, expresa con ironía, como quien se acostumbra por cuestión de supervivencia a dormir con el enemigo.
En 2014, junto con otras compañeras de Apartadó inconformes por lo rezagadas que estaban en la agenda de Tierra y Vida, convertida en una organización nacional, decidieron fundar Tierra y Paz. En la actualidad este proceso cuenta con 650 familias reclamantes en Antioquia, Chocó y Córdoba.
El 3 de marzo 200 de sus integrantes adelantaron un plantón en los juzgados de Apartadó como acción de protesta ante el estancamiento de los procesos administrativos para la restitución de cientos de familias con sentencias favorables hace más de 5 años. Su madre, doña Ana murió en 2019; en el 2022 murieron 7 reclamantes esperando el avance de estos procedimientos. Es por esta razón que, frente a la evidente desidia institucional, son constantes y repetitivas las preguntas de los desterrados del Urabá: “Si murieron nuestros abuelos y padres esperando la restitución: ¿Qué están esperando ahora? ¿la muerte de sus herederos? ¿para qué la tierra quede en manos de quién?”.
En la actualidad, el Gobierno nacional intenta dar un giro en la política de tierras enfrentando grandes obstáculos en la escena política debido a la oposición que los poderes regionales vienen haciendo a las iniciativas gubernamentales en materia redistributiva. En medio de este panorama, los sueños y ánimos de los reclamantes no decaen totalmente. Recientemente Ayinet, tras varios intentos fallidos, realizó una visita relámpago a Tulapas donde se inyectó una buena dosis de moral para continuar en la lucha:
“Volví después de muchos años porque necesitaba ver cómo estaba el lugar donde crecí. Las tierras están en muy buenas condiciones. Ojalá el deseo de volver, que es el mío y de un hermano, a quien le corre el campo por las venas sea algún día realidad. Para nosotras trabajar la tierra es sinónimo de paz”
Al terminar su último compromiso de la semana y más allá del cansancio acumulado por el trajín de los días, Ayinet hace un último esfuerzo para dirigirse a su hogar. Allí la esperan sus hijos, ansiosos por compartir con ella, una madre luchadora que sabiamente los ha mantenido al margen de los sacrificios y atropellos asociados a reclamar las tierras despojadas por los patrocinadores de la violencia en el campo colombiano.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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