Escrito porComunicaciones (CJL)• 18 marzo, 2026• 3:21 pm• Artículos, Destacados, Publicaciones

LA REALIDAD DE ANTIOQUIA NO ES UN ESTIGMA: ES UNA DEUDA HISTÓRICA CON LA VERDAD Y LAS VÍCTIMAS

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“El meridiano de la violencia en Colombia pasa por Antioquia”.

Jesús María Valle Jaramillo.

La Corporación Jurídica Libertad (CJL) rechaza de manera categórica las recientes declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en las que se califica como “estigmatización” cualquier alusión a la narcoeconomía, el paramilitarismo y la violencia estructural en el departamento de Antioquia. Reconocer las cifras de la tragedia humanitaria que ha marcado a este territorio no constituye un acto de odio ni de resentimiento, sino el deber ético y jurídico de nombrar una realidad ampliamente documentada, que exige verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Pretender deslegitimar estas denuncias no solo distorsiona el debate público, sino que contribuye a la invisibilización de las víctimas y a la persistencia de la impunidad.

Como lo han señalado múltiples investigaciones, el paramilitarismo en Antioquia ha sido funcional a un modelo de desarrollo basado en la concentración de la tierra y la implementación de megaproyectos extractivos. La negación de estas cifras de victimización —que superan el 1.386.335¹ de víctimas, es decir, más del 22% del total nacional—, cuya responsabilidad recae en una proporción significativa sobre estructuras paramilitares, no hace más que profundizar el manto de impunidad que cubre los nexos entre élites económicas, políticas y ejércitos privados que han operado y continúan operando en el departamento². La historia de la violencia en el departamento así lo demuestra

La presencia paramilitar en Antioquia no fue un fenómeno aislado ni circunscrito a una sola subregión, sino un proyecto de control territorial que se expandió de manera sistemática por todo el departamento. En Urabá y el Occidente, hicieron presencia estructuras como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y posteriormente el Bloque Bananero y el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, responsables de masacres, desplazamientos forzados y despojo masivo de tierras, tal como ha sido documentado en múltiples decisiones de la jurisdicción de Justicia y Paz, entre ellas las sentencias proferidas contra jefes paramilitares como Freddy Rendón Herrera.

En el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño operaron el Bloque Central Bolívar y otros frentes paramilitares, articulando economías ilegales, el control de corredores estratégicos y una violencia sistemática contra la población civil. Estas estructuras fueron responsables de crímenes emblemáticos como la masacre de Segovia de 1988 que dejó 43 personas asesinadas y decenas de heridas, perpetrada por grupos paramilitares en connivencia con sectores políticos —entre ellos el entonces congresista César Pérez García—, así como de hechos de violencia en municipios como Amalfi. Estas estructuras se consolidaron con el apoyo de redes económicas y políticas en la región.

En el Norte y el Bajo Cauca, estructuras como el Bloque Mineros consolidaron su dominio mediante el control de rentas ilegales, particularmente asociadas a la minería y el narcotráfico. En esta subregión, el paramilitarismo se ensañó especialmente con el municipio de Ituango, escenario de graves crímenes como los ocurridos en las masacres de El Aro y La Granja, perpetrados por estructuras paramilitares en connivencia con el ejército. A estos hechos se suma el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado reiteradamente la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales en la zona. Estos crímenes han sido reconocidos en versiones libres por Salvatore Mancuso, quien admitió la responsabilidad de las estructuras paramilitares y señaló la existencia de colaboración de miembros de la fuerza pública y políticos de la región, afirmando que hubo coordinación y apoyo de sectores del Estado en operaciones como las de Ituango. Este entramado de violencia se articuló con expresiones tempranas del paramilitarismo como la banda de los “Doce Apóstoles”, que operó en el norte de Antioquia, y con la posterior institucionalización de estructuras como las cooperativas Convivir, las cuales facilitaron la expansión y legitimación de estos grupos. En este contexto, la reciente condena contra Santiago Uribe Vélez refuerza los hallazgos judiciales sobre la relación entre estructuras paramilitares y sectores de poder regional.

En el Valle de Aburrá, la presencia paramilitar se expresó a través del Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro, que ejercieron control urbano mediante homicidios selectivos, desapariciones forzadas y prácticas de “limpieza social”, dirigidas contra jóvenes, habitantes de calle, población LGBTIQ+ y liderazgos sociales. Este control se consolidó de manera particularmente violenta en la Comuna 13, donde operaciones militares como la Operación Orión y la Operación Mariscal, ejecutadas por el Ejército, se desarrollaron en coordinación con el Bloque Cacique Nutibara. Así lo reconoció Diego Fernando Murillo Bejarano, quien señaló la articulación entre fuerza pública y estructuras paramilitares en estas intervenciones. Estas operaciones dejaron un saldo de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo más de 300 personas desaparecidas. Tras la supuesta desmovilización paramilitar en 2005, lejos de desmantelarse estas estructuras, se consolidó un modelo de control criminal conocido como la donbernabilidad, que mantuvo la regulación violenta de la vida urbana en Medellín.

En el Oriente antioqueño, operó el Bloque Héroes de Granada, responsable de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la disputa territorial con otros actores armados; en esta subregión, además, se generaron condiciones que facilitaron la comisión de ejecuciones extrajudiciales, evidenciando la convergencia de intereses y prácticas entre actores armados legales e ilegales.

En el Suroeste antioqueño, la consolidación del paramilitarismo respondió a un proceso progresivo de articulación entre estructuras locales y un proyecto regional de control territorial. Sus orígenes se remontan a la acción de élites económicas y hacendados que promovieron la conformación de grupos armados para salvaguardar sus intereses y sostener un orden social profundamente conservador. Bajo denominaciones como “La Escopeta” (en Andes, Támesis y Valparaíso), los “Racumines” (en Betania) y las “Autodefensas Marco Tulio Marín” (en Ciudad Bolívar), estas estructuras implementaron prácticas sistemáticas de “limpieza social” y persecución contra poblaciones estigmatizadas.

Este entramado evolucionó en el Bloque Suroeste Antioqueño de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandado por alias “René”, que consolidó un control territorial basado en la violencia sistemática, incluyendo retenes ilegales —como el de Bolombolo—, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, en un contexto de connivencia con sectores de la fuerza pública. Paralelamente, el Frente Suroeste (1999–2004) cumplió funciones estratégicas dentro del proyecto paramilitar nacional, garantizando la seguridad de Vicente Castaño y consolidando alianzas con sectores empresariales y redes del narcotráfico que financiaron la expansión de estas estructuras³.

En este contexto, lejos de tratarse de un fenómeno del pasado, el paramilitarismo en Antioquia se ha reconfigurado y mantiene hoy una fase de expansión territorial y consolidación de poder. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) emergen como herederas directas de este proceso de reingeniería criminal, reproduciendo las lógicas de control social, político y económico que históricamente han marcado al departamento. Actualmente, esta estructura tiene presencia en al menos 65 de los 125 municipios de Antioquia —con incidencia en la mayor parte del territorio—, consolidándose como el actor armado con mayor capacidad de control.

Las cifras recientes también evidencian la gravedad de esta continuidad. De acuerdo con el seguimiento realizado por la CJL, las AGC serían responsables de cerca del 69,7% de las agresiones contra la población civil en el departamento durante el último año, incluyendo amenazas, confinamientos y desplazamientos masivos, especialmente en subregiones como el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca. Esta persistencia demuestra que las estructuras paramilitares no han sido desmanteladas, sino transformadas, perpetuando los ciclos de violencia, control territorial e impunidad que han definido la historia reciente de Antioquia.

El informe Colombia Adentro⁴ de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se evidencia la magnitud y persistencia de las violaciones de derechos humanos en Antioquia y la región noroccidental del país. Entre 1977 y 1991 se registraron 10.802 víctimas de asesinatos selectivos en Antioquia, así como homicidios por militancia política que afectaron especialmente a integrantes de la Unión Patriótica (286 víctimas), el Partido Esperanza, Paz y Libertad (101) y el Partido Liberal (77). En ese mismo periodo se documentaron 147 víctimas en masacres relacionadas con militancia política. Posteriormente, entre 1993 y 1997, el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba concentraron 121 masacres con 880 víctimas, mientras que entre 1997 y 2000 se reportaron 7.581 desapariciones forzadas en Antioquia. Durante el periodo 2002–2008, se registraron 1.611 ejecuciones extrajudiciales en el departamento (25,19% del total nacional), y entre 1991 y 2002 la región noroccidental acumuló 1.311.834 hechos de desplazamiento forzado, junto con un incremento significativo del despojo de tierras, que pasó de 162 casos en 1993 a 1.059 en 2002. En una perspectiva de largo plazo, el Registro Único de Víctimas reporta 2.350.162 hechos de violencia en Antioquia entre 1958 y 2019, equivalentes a más del 20% del total nacional. Más recientemente, entre 2016 y 2020 fueron asesinadas 255 personas —de las cuales 213 eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y 42 excombatientes de las FARC—, mientras que en 2020 se registraron desplazamientos masivos en el Bajo Cauca, Ituango y el sur de Córdoba, y Antioquia concentró el mayor número de masacres del país (20 en total). Estos datos dan cuenta de una violencia sistemática, prolongada y territorialmente extendida, que ha afectado de manera desproporcionada a la población civil.

Un panorama reciente confirma la persistencia y reconfiguración de estas violencias. En 2024 y 2025, la desaparición forzada no ha cesado: la Corporación Jurídica Libertad ha documentado al menos 99 nuevos casos en Antioquia durante 2024, consolidándose como una de las principales formas de agresión contra la población civil en un contexto marcado por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Subregiones como el Valle de Aburrá continúan reportando desapariciones asociadas al control territorial de grupos armados, las cuales también se vinculan a dinámicas de trata de personas, esclavitud y explotación sexual de niñas, adolescentes y jóvenes⁵. Casos como el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba evidencian patrones sistemáticos desde finales de los años noventa, donde víctimas fueron presentadas como bajas en combate y enterradas como no identificadas, configurando también desaparición forzada. Esta realidad se agrava por niveles de impunidad cercanos al 99,69% en estos delitos, lo que perpetúa el dolor de las familias que aún buscan a sus seres queridos en lugares como La Escombrera⁶, donde el hallazgo de al menos siete cuerpos evidencia no solo la utilización del terror como mecanismo de control, sino también una estrategia prolongada de silenciamiento por parte de administraciones municipales y departamentales durante las últimas dos décadas. En paralelo, pese a reducciones generales en homicidios, se ha incrementado la violencia contra liderazgos sociales —con al menos 28 asesinatos recientes—, especialmente en subregiones como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca, lo que evidencia una crisis humanitaria persistente y la continuidad de prácticas sistemáticas de persecución contra quienes defienden los derechos humanos, el territorio y la vida.

En este contexto, resulta especialmente grave que, tras la Operación Orión, la institucionalidad haya delegado de facto el control territorial y social de varias comunas de la ciudad en estructuras criminales como el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este modelo de control, basado en la regulación violenta de la vida urbana, no solo consolidó el poder paramilitar en Medellín, sino que sentó las bases de una gobernanza criminal que, bajo distintas denominaciones, ha logrado mantenerse y adaptarse durante casi veinticinco años.

Señor alcalde, estas cifras no constituyen una “opinión” ni un ejercicio de estigmatización, son el sustento fáctico de una crisis humanitaria profunda y prolongada que su administración no puede eludir bajo discursos de orgullo regional. La dignidad de Antioquia no se construye sobre el silencio ni el negacionismo, sino sobre el reconocimiento de la verdad, la garantía efectiva de los derechos de las víctimas y el compromiso real con la justicia. Esta realidad, además, no puede ser instrumentalizada como estrategia de campaña electoral, ni utilizada para manipular la memoria histórica con fines políticos; por el contrario, debe respetarse plenamente el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus mandatarios, sin interferencias basadas en narrativas distorsionadas del pasado.

El verdadero valor de esta región radica en la resistencia de sus comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y sectores populares, que han sobrevivido a décadas de violencia estatal y paraestatal. Negar esta realidad implica perpetuar la invisibilización de las víctimas y consolidar los niveles de impunidad que aún persisten en el departamento. La paz y la dignidad solo serán posibles a partir del reconocimiento pleno de las responsabilidades históricas de las élites y del Estado en este entramado de violencia, despojo y desaparición forzada.