Insistir en la paz en medio de la violencia. Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario desde los territorios – Enero a septiembre 2025 – Antioquia

ANTIOQUIA

La situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Antioquia durante 2025 estuvo marcada por la persistencia de una profunda crisis humanitaria, el recrudecimiento del conflicto armado y la consolidación de dinámicas de control territorial ejercidas por estructuras armadas ilegales. La disputa entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN y, en algunos territorios, la Fuerza Pública, mantuvo a amplias zonas del departamento en un escenario de alta vulnerabilidad, donde las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y los liderazgos sociales continuaron siendo los principales afectados. De acuerdo con el informe, la violencia responde a una lógica de control político, social y económico que castiga a quienes defienden la tierra, el agua y la vida, en un contexto de débil respuesta institucional y persistencia de la impunidad.

Entre enero y septiembre de 2025, la Corporación Jurídica Libertad documentó 95 casos que representan 165 vulneraciones a los derechos humanos contra líderes y lideresas sociales. El campesinado concentró el 46 % de las agresiones registradas, mientras que el Nordeste antioqueño, especialmente Anorí, seguido por el Valle de Aburrá y el Suroeste, fueron las subregiones con mayor incidencia. Las amenazas constituyeron la principal modalidad de agresión, con 59 casos, muchas de las cuales derivaron en desplazamientos forzados, judicializaciones arbitrarias, homicidios, desapariciones forzadas, atentados y otras formas de persecución dirigidas a debilitar los procesos organizativos y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

La crisis humanitaria también se expresó mediante desplazamientos masivos, confinamientos y múltiples restricciones impuestas a la población civil. Las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca concentraron buena parte de estas afectaciones debido a la disputa territorial entre los distintos actores armados. Durante 2025 se registró el desplazamiento de más de mil personas en municipios como Segovia, Anorí, Amalfi y Valdivia, mientras que comunidades enteras permanecieron confinadas por restricciones a la movilidad, control sobre el ingreso de alimentos y medicamentos, revisión de teléfonos celulares y amenazas contra quienes intentaban denunciar los hechos. A ello se sumaron la ocupación de bienes civiles, el impacto de minas antipersonal y los daños ocasionados por enfrentamientos armados en zonas pobladas, configurando graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Finalmente, el informe advierte una creciente preocupación por la expansión del conflicto hacia el Suroeste antioqueño, particularmente en municipios como Jericó y Támesis, donde la disputa armada coincide con conflictos socioambientales asociados al proyecto minero Quebradona. En este contexto, la judicialización de líderes campesinos, la criminalización de la protesta y la insuficiente respuesta institucional han incrementado los riesgos para quienes defienden el territorio. Las organizaciones sociales continúan exigiendo medidas efectivas de protección, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y garantías reales para la permanencia de las comunidades en sus territorios.