Transcurrido un mes desde la posesión de Abelardo de la Espriella, la Corporación Jurídica Libertad alerta a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a la ciudadanía colombiana sobre una nueva estrategia para frenar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, ésta se manifiesta en el debilitamiento de ejes fundamentales como la reforma agraria, los programas de sustitución de cultivos, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Desde la campaña electoral y los primeros actos de gobierno, se evidenció el interés en desmontar los avances en reforma agraria y ordenamiento del territorio garante de los derechos del campesinado, de allí que se busque la eliminación de las Áreas Protegidas para la Producción de Alimentos (APAS), de los distritos mineros especiales, e incluso se llegue a orientar no hacer referencia a la palabra campesinos y referirse a este sector social como productores y propietarios rurales. En similar situación se encuentra la sustitución de cultivos ilícitos, la cual además de afrontar las presiones en terreno por parte de grupos armados, es descartada por el nuevo gobierno al implementar nuevas estrategias de fumigación y erradicación forzada.
Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta una arremetida sin precedentes que se manifiesta en cuestionamientos directos, campañas de deslegitimación y recortes dentro del Presupuesto General de la Nación. Esta asfixia financiera afecta igualmente a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El desmonte del Punto 5 del Acuerdo de Paz y de las instituciones del Sistema Integral para la Paz no responde a criterios de austeridad o eficiencia fiscal; por el contrario, obedece a una estrategia orientada a revertir las reformas sociales alcanzadas tras la firma, en el marco de una agenda global de regresión de derechos. Estas acciones del gobierno desconocen los derechos de las víctimas, su centralidad en el Acuerdo y las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, reparación integral y a tener acceso a un mecanismo idóneo de justicia.
Mientras en 2019 el gobierno de Iván Duque firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de la CPI para retirar a Colombia del examen preliminar de este tribunal bajo la promesa de garantizar el funcionamiento, imparcialidad y composición de la JEP; el gobierno de De la Espriella usa la excusa del presupuesto como forma de ahogar a la JEP e impedir su debido funcionamiento.
Bajo el pretexto del gasto presupuestal, los sectores críticos acusan a la JEP de una presunta falta de resultados, argumentando que tras ocho años de funcionamiento se ha convertido en un aparato burocrático e ineficaz, desconociendo los avances en materia de esclarecimiento y reconocimiento de la criminalidad, tanto de agentes del Estado como de las extintas FARC-EP, lo que desvirtúa el señalamiento de un supuesto trato asimétrico hacia los miembros de la fuerza pública que han comparecido ante ella y que libremente han hecho aportes a la verdad.
Así como en 2019 la objeción a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP sirvió de vehículo para el bloqueo político, en la actualidad presenciamos una estrategia de asfixia presupuestal legitimada bajo un discurso populista. Trasladar fondos de la justicia transicional a la ordinaria resulta en una medida efectista que ignora la crisis estructural de la Rama Judicial, la cual sigue siendo incapaz de responder satisfactoriamente a las demandas de justicia de la ciudadanía.
La fachada del debate presupuestal se evidencia cuando el verdadero propósito es debilitar los avances en materia de verdad y justicia. Tal es el afán de impunidad que, de manera paralela al recorte financiero, se propone la creación de una instancia no prevista en el Acuerdo de Paz consistente en que el Tribunal Superior Militar y Policial, máxima instancia de la Justicia Penal Militar, asuma el rol de revisar los fallos proferidos contra ex integrantes de la Fuerza Pública. La reforma constitucional que se propone daría cabida a que el máximo órgano de la Justicia Penal Militar conociera de graves violaciones a los derechos humanos, como lo son los casos investigados por la JEP y confesados por un importante número de agentes del Estado.
La modificación a la JEP que se propone desde el centro democrático no es nueva; desde junio de 2018, mientras se discutía el código de procedimiento de la jurisdicción, se propuso inicialmente una Sala Especial encargada del juzgamiento a militares y policías, ahora, bajo el ropaje de tratamiento simétrico y diferenciado, la coalición de gobierno propone la creación de una instancia de revisión automática con la facultad de dictar nuevas decisiones que pueden sustituir las que el Tribunal para la paz establezca contra agentes del Estado. La situación actual se asemeja a la presentada a mediados del 2000, cuando militares activos abiertamente rechazaban que las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales se asumieran desde la justicia ordinaria, sosteniendo que se estaba afectando el fuero penal militar.
La aprobación de esta instancia de revisión por parte del Tribunal Superior Militar y Policial, también desconocería importantes decisiones de la Corte Constitucional, entre ellas la Sentencia SU-190 de 2021, la cual fue clara sobre la inoperabilidad de la Justicia Penal Militar en delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos e incluso en situaciones en las que exista duda probatoria sobre la relación con el servicio. De asignarse la labor de revisión de las sentencias del Tribunal para la Paz al Tribunal Superior Militar y Policial se desconocerían esta y otras importantes decisiones que han interpretado el alcance del artículo 221 de la constitución. En el mismo sentido, diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e informes de Naciones Unidas han señalado a la Justicia Penal Militar como un mecanismo de impunidad no idóneo para investigar violaciones a los derechos humanos.
En el trasfondo de las propuestas de modificación de la JEP, la de 2018 y la actual, está la creencia de que los crímenes de los militares deben ser juzgados por sus pares, consolidando la inoperancia e impunidad, implicando una sustitución del acuerdo de paz por vía de la modificación de uno de los artículos que lo elevaron al rango constitucional.
El ahogamiento presupuestal no se circunscribe únicamente a la JEP. A pesar del carácter extrajudicial y humanitario de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, su recorte financiero también obedece a un origen político. Los hallazgos de la UBPD confirman la veracidad de los relatos de las víctimas sobre la implementación de políticas estatales que se valieron del paramilitarismo para la lucha contrainsurgente a través de la desaparición forzada, tal como lo han evidenciado las intervenciones en La Escombrera, la Brigada XX y el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, entre otros sitios.
La UBPD se ha articulado en múltiples escenarios protegidos por la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz (SAR), gracias a las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en 2018 en sitios de interés forense, cumpliendo así labores esenciales para garantizar el derecho fundamental a la búsqueda. Asimismo, la Unidad ha sido determinante para que las extintas FARC aporten a la localización de sus víctimas y de sus propios ex combatientes, constituyendo uno de los logros más significativos y legitimadores del Acuerdo de Paz.
El buen funcionamiento y el respaldo presupuestal de la UBPD resultan imprescindibles para salvaguardar los derechos de las víctimas. De ahí que las propias organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre ellas la CJL, consideren necesario articular una respuesta estatal integral y humanitaria para las desapariciones forzadas que trascienden la competencia de esta instancia.
La lucha por la tierra, la justicia, la verdad y la búsqueda de los y las desaparecidas significan reales impactos en la sociedad y el Estado colombiano los cuales se contraponen a los intereses de quienes se benefician de la guerra y del genocidio al pueblo colombiano, es por ello que la nueva coalición de gobierno, encabezada por la extrema derecha, deja claro su interés en no ceder ni un centímetro en resolver las causas del conflicto.
A lo largo del proceso, la Corporación Jurídica Libertad ha asumido un compromiso activo en la implementación del Acuerdo de Paz. Nuestra labor abarca desde el trabajo territorial con comunidades campesinas para la garantía del derecho al territorio y la autodeterminación de su ordenamiento territorial, hasta el litigio e interlocución ante la JEP en representación de las víctimas de crímenes de Estado.
Nuestro respaldo al sistema transicional no es acrítico ni incondicional; por el contrario, parte de la convicción de que la exigibilidad de derechos requiere una veeduría rigurosa y propositiva. En ese sentido, defender la permanencia de la JEP no implica ignorar sus limitaciones y sus problemáticas, sino salvaguardar un espacio mediante el cual el Estado colombiano debe poner al servicio la materialización de la verdad, la justicia y la reparación.
Ante la amenaza de un retroceso institucional, hacemos un llamado urgente a tejer alianzas en el ámbito nacional e internacional. El paulatino desmonte del Acuerdo de Paz no solo representa un grave retroceso democrático, sino que sienta las bases para nuevos ciclos de violencia armada. Permitir esta regresión equivale a ceder ante las pretensiones de los sectores políticos y económicos que se han beneficiado sistemáticamente del despojo territorial, la concentración de la tierra y la impunidad.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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