La Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA rechaza la propuesta del Presidente Álvaro Uribe Vélez de vincular a estudiantes de Medellín para que sean “informantes” de la fuerza pública por una bonificación de cien mil pesos al mes. Independientemente de los “ajustes” a su propuesta inicial, producto de las críticas a esta, que seria para estudiantes mayores de edad que vivan en las comunas en conflicto, o de organizar la población con “un líder por cuadrante, barrio o unidad cerrada”, como explicó el General Naranjo, consideramos que ese “reclutamiento” tiene varios aspectos y consecuencias negativas:
1. Involucraría a la población civil en el conflicto armado, colocando a los jóvenes como carne de cañón. La ola de violencia ha dejado muchos muertos, desplazados y amenazados, presionando la deserción escolar no sólo en Medellín sino en el resto del departamento.
2. Esta fue la estrategia que se utilizó con las Convivir y luego de estas surgieron parte de los grupos paramilitares, estrategia promovida por el entonces gobernador de Antioquia, hoy Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
3. Esta propuesta involucraría de manera directa e indirecta a los menores de edad pues muchos hechos ocurren alrededor de Instituciones Educativas, al tiempo que se traduciría en un incremento directo de la violencia contra las colegios y las universidades. Ahora el conflicto se extendería no sólo a los “informantes” sino sus familias, a los demás estudiantes, a profesores, directivos docentes y personal administrativo de los centros educativos. Se trata de una amenaza directa a la comunidad educativa, que debe ser rechazada por toda la sociedad.
4. Llama la atención que se busque involucrar a los estudiantes universitarios en medio de la crisis de las universidades públicas que han generado movilización de estudiantes, profesores e incluso directivos frente a la reforma universitaria y el recorte presupuestal, y que hoy se están manifestando ante la política de emergencia social que han llevado a que la Facultad de Salud Pública de Universidad de Antioquia la cuestione.
5. Uribe y su gobierno quiere culpar al pueblo de la condición actual de violencia e inseguridad, pues el conflicto se le salió de las manos, como se ha demostrado en muchas ocasiones, pues muchos de los que están generando la organización de estas bandas y su enfrentamiento hacen parte de la política de “reinserción” del Estado colombiano.
6. La seguridad democrática ha centrado todo su esfuerzo en la militarización de la sociedad y el incremento de la guerra, el aumento de la fuerza pública a nivel nacional en seis años paso de 260.000 efectivos a 445.000. En el caso de Medellín el año pasado se incremento en abril en más de 600 militares y policías, en agosto se aumentó en otro 20% en policías. Este año además de los dos aviones Hércules del Ejército que arribaron a la ciudad con 170 soldados, llegarán 1.300 policías a la capital antioqueña en las próximas semanas y 137 investigadores de la Policía Judicial.
Coincidimos con los pronunciamientos de las ONG’s en el sentido de que propuestas como la del presidente evidencian la crisis de la seguridad democrática que ha servido para fortalecer la guerra y no para proteger a la población civil.
Durante el 2009 ADIDA denunció la situación de inseguridad y violencia en torno a la comunidad educativa y exigió al gobierno una política de inversión social que conlleve a cambiar las condiciones materiales y sociales de los pobladores de las comunas de Medellín, del Área Metropolitana y del resto del departamento.
La violencia lejos de disminuir se ha exacerbado tocando al magisterio, en este sentido denunciamos el asesinato del maestro Mauricio Antonio Monsalve Vásquez de Ituango, la muerte de la profesora Beatriz Amparo Alarcón, de la Institución Educativa Rafael de J. Mejía de Sabaneta, víctima de tres disparos en la cabeza el pasado 13 de enero; las amenazas contra el docente Luis Alcides Tobón Gómez, delegado de ADIDA y adscrito a la misma Institución Educativa; las amenazas a más de 200 compañeros en el 2009 y a cerca de 15 docentes en lo corrido del año en el departamento y las extorsiones a las cuales han sido sometidos los educadores de Puerto Berrío, amén de la racha de asesinatos diarios a miembros de esa población del Magdalena Medio antioqueño.
El año pasado la labor pedagógica se vio interrumpida y alterada por constantes suspensiones del servicio de transporte público, balaceras tanto en la noche como en el día; aumento del número de homicidios, “toques de queda” impartidos por grupos armados en confrontación; intimidaciones a pobladores, a las familias de nuestros estudiantes y a dirigentes cívicos que en muchos casos les obligan a desplazarse de su barrio de origen, el control de toda la vida ciudadana en varias comunas y el reclutamiento forzado de jóvenes para las bandas que no se desmovilizaron o que se “reinsertaron” pero nunca se desarmaron.
Consideramos que el departamento de Antioquia y Medellín merecen especial atención por parte de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional, pues se ha regresado a una situación que se tenía en el año 2003.
Cuestionamos la actitud del gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero al apoyar esta medida antidemocrática y lo llamamos junto al Alcalde de Medellín Alonso Salazar, a que busquen darle salida a la crisis de violencia que solucione y a no convertir a los centros de enseñanza en epicentros de la guerra, en abierta violación a los Protocolos adicionales al Convenio de Ginebra, los cuales establecen claramente que “las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de quince años y jóvenes no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas”.
JUNTA DIRECTIVA DE ADIDA
OVER DORADO CARDONA HENRY MOSQUERA MOSQUERA
Presidente Secretario General
Medellín, 28 de enero de 2010
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Last modified: 29 septiembre, 2021
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