Durante el día de ayer, miércoles 14 de marzo, la comunidad de Moravia se enteró de que en los próximos días se ejecutarán, por orden del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), 41 órdenes de desalojo. Las familias que serán expropiadas aún no cuentan con una vivienda segura para ubicarse.
Hacemos un llamado a la solidaridad para apoyar a estas familias que exigen que se les garantice una vivienda digna antes de que se lleven a cabo las expropiaciones.
El 10 de marzo de 2012, al pie del Morro de basuras, la comunidad del barrio Moravia tuvo un espacio de encuentro y expresión frente a las problemáticas sociales que está generando la actuación de la Administración Municipal con motivo de los procesos de expropiación que desde hace algunos años viene adelantando en la zona.
La asamblea tuvo un carácter formativo e informativo. En ella se socializaron los derechos que tiene la comunidad reasentada, se presentaron los integrantes de la Mesa de Vivienda de Moravia y la colectividad expresó su inconformismo por los desalojos forzados por parte del Municipio de Medellín.
Entre las preocupaciones e inconformidades más recurrentes de los asistentes están: la falta de claridad en la información o la desinformación con respecto a los procedimientos que se están llevando a cabo; que éstos resultan ser arbitrarios cuando los funcionarios, amparados en figuras como la función social de la propiedad o la declaratoria de utilidad pública, despojan de sus viviendas a muchos grupos familiares, sin permitirles la gestión de un lugar donde vivir.
Por eso, según la comunidad, la Administración ha aprovechado el desconocimiento que tienen sobre sus derechos. La poca asesoría jurídica para los casos en cuestión ha impedido que las personas impugnen los avalúos y las resoluciones de expropiación, o rechacen las notificaciones indebidas, admitiendo la violación del derecho fundamental al debido proceso por parte de la Administración.
Pero la inconformidad de fondo es la falta de concertación con la comunidad frente a las alternativas que se ofrecen, las cuales no sólo han desestabilizado las relaciones de la comunidad, sino que han generado desconfianza y zozobra en la población que no cuenta con los medios necesarios para proveerse nuevamente de una vivienda.
Entre las alternativas expresadas por parte del Instituto de Vivienda Social de Medellín (ISVIMED), está el subsidio de arriendo temporal –en la que la Administración destina más de 1.200 millones de pesos mensuales. Sin embargo, esta alternativa no es suficiente cuando tenemos muchas familias que después de ser desalojadas, pasan años pagando un arriendo. Las
personas que hoy resisten en el Morro, no quieren cambiar una vivienda por un subsidio de arriendo, porque con esto la esperanza de tener una vivienda nueva podría postergarse por años.
La reubicación de las familias en la Ciudadela Nuevo Occidente es otra alternativa propuesta por el ISVIMED, la misma que no resulta ser muy atractiva para los pobladores de Moravia. Además de la alta complejidad de orden público en el lugar, es un sitio alejado de la ciudad que no permite a estas personas continuar desarrollando sus oficios, y en consecuencia, se dificulta el obtener los ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la familia.
De otra parte, los avalúos de las viviendas que se han realizado también es un motivo de inconformidad pues se ha denunciado que en los mismos no se han tenido en cuenta algunas mejoras
y/o áreas; pero más que esto existe un rechazo generalizado a dejarse expropiar con la indemnización que se ofrece, pues este dinero no alcanza para adquirir una vivienda nueva.
Frente a las inconformidades expresadas, la comunidad establece unos acuerdos comunes:
1- No se permitirá el desalojo de la vivienda, con el compromiso por parte de la Administración de entregar un subsidio de arriendo temporal.
2- Se exigirá la reubicación en sitio, es decir que la Administración gestione vivienda nueva o usada para los desalojados, en los alrededores del barrio Moravia.
3- Se exigirá una compensación que permita la obtención de una vivienda, es decir, se exige la reposición de vivienda, no simplemente un valor por concepto de mejoras, que no alcanza para asegurar una vivienda.
4- Se exige el pago de una indemnización a las familias que contaban con unidades productivas, ya que han perdido su forma de sustento, y se les debe facilitar la forma para que puedan seguir ejerciendo su actividad económica.
Cabe resaltar que estos acuerdos promovidos por la organización comunitaria para enfrentar los desalojos, están soportadas por los “Principios y directrices para los desalojos forzados” del Relator especial del Hábitat y la vivienda de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se plantea que: “Los desalojos no deben generar personas sin hogar o vulnerables a la violación de otros Derechos Humanos. El Estado debe prever la adopción de todas las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos disponibles, especialmente a favor de los que no pueden ganarse la vida, para garantizar que se disponga o se ofrezca vivienda adecuada alternativa, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según el caso. La vivienda alternativa debe estar situada lo más cerca posible del lugar inicial de residencia y la fuente de ingresos de las personas desalojadas”.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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