Históricamente, Antioquia ha figurado entre los primeros cinco departamentos del país que ha vivido fuertemente el conflicto social y armado, la presencia de grupos armados legales e ilegales, y la perpetración de crímenes y agresiones a las comunidades que habitan el territorio; y de manera dirigida, a aquellas personas que han emprendido la defensa de los derechos humanos y el territorio, liderando procesos sociales y comunitarios para su exigencia.
En los días transcurridos de este 2024, se han reportado distintas violaciones a los derechos humanos en Antioquia; entre ellas continúan las agresiones y crímenes contra mujeres y hombres que ejercen liderazgo social y popular. De acuerdo a la información del Observatorio del nivel de riesgo a la labor de los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de DDHH en Antioquia, de la Corporación Jurídica Libertad, se han reportado 12 agresiones a personas lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, comunitarios y campesinos, reflejadas en 4 desplazamientos forzados, 2 atentados, 1 amenaza y 5 homicidios (de los cuales 2 han acontecido en el Suroeste, 2 en Urabá y 1 en el Magdalena medio).
Si bien estas cifras pueden ser un subregistro de las violencias contra personas lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en los territorios, no dejan de ser preocupantes; más, si se tiene en cuenta que de los 15 asesinatos a liderazgos sociales perpetrados en el país (2024), el 33% ha ocurrido en Antioquia; y que para la fecha, en el departamento, existe un aumento del 150% con relación a lo registrado para el mismo periodo en el 2023. Lo anterior deja ver que es Antioquia el segundo territorio a nivel nacional en donde el liderazgo social padece mayores agresiones.
En este sentido, se expresa el riesgo consumado en materia de protección y garantías para las personas lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en Antioquia, y en general en Colombia. Así lo contiene la Sentencia SU-546/23 de la Corte Constitucional sobre el estado de cosa inconstitucional en relación a la protección y garantías para labor de líderes y lideresas sociales: “Debido a la falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos, por otro”. Es apremiante que se inicie su cumplimiento, garantizando la participación territorial, y diferencial en el diseño de la ruta de la implementación.
Ante este panorama, como Corporación Jurídica Libertad, hacemos un llamado de atención urgente a los diversos actores que hacen presencia en los 125 municipios de Antioquia. Es necesario materializar en acciones el compromiso por garantizar los derechos de las personas defensoras en sus territorios; entendiendo que su labor es importante para la consolidación de la paz territorial, el fortalecimiento del tejido social, y la consolidación de procesos comunitarios permanentes.
Instamos al Gobierno colombiano a continuar con la construcción de las Política Pública integral de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos, y de la Política Pública de prevención. Asimismo, iniciar la implementación de la Política Pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Es urgente continuar avanzando en la implementación del decreto 660, que reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; la implementación del Plan de Emergencia para la Protección de la Vida de Personas Líderes Sociales, Defensoras de Derechos Humanos y Firmantes de Paz. Igualmente, es necesario la implementación de políticas y medidas integrales que se orienten a brindar garantías a la labor de las personas defensoras, que aborden las causas estructurales de la violencia en la región, promoviendo el desarrollo socioeconómico, la inclusión social, el respeto por los derechos humanos de todas las personas, en especial de las comunidades rurales y étnicas.
Del mismo modo, consideramos indispensable que prosperen las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, frente a las agresiones y crímenes contra las personas lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. Lo que para el contexto actual – sin una definición de la Corte Suprema en la elección de nueva Fiscal – sugiere una postergación a la garantización de los derechos, y una permanencia del manto de impunidad y desentendimiento de la institucionalidad con la realidad a la que se exponen los liderazgos en sus territorios.
Igualmente, con premura, se requieren las investigaciones disciplinarias, por parte de la Procuraduría General de la Nación, a los funcionarios y funcionarias públicas que han puesto en riesgo la vida de las personas defensoras, por medio de señalamientos y estigmatizaciones a la labor de sus liderazgos; así como por no cumplir con su papel de garantes de los derechos.
Ante el contexto de las nuevas gobernanzas en los territorios, esperamos la expresión material y la voluntad política por parte de la Gobernación de Antioquia como entidad administrativa y garante de los derechos humanos en el departamento, de manera que se puedan articular acciones e implementar las rutas y proyecciones ya en seguimiento por parte de la Mesa Territorial de Garantías, como lo es la creación y el fortalecimiento de rutas de acompañamiento a las personas líderes que se encuentran en riesgo.
De acuerdo a lo mencionado, en promedio, en Antioquia, cada 3 días una persona defensora de derechos humanos es víctima de una agresión; y es importante comprender que esta situación no solo afecta individualmente, pues las alteraciones se ven reflejadas en gran medida en los procesos organizativos y comunitarios. De ahí que, el compromiso por la protección y garantía de derechos es colectivo, institucional y social. Resulta indispensable que no se estigmatice ni señale prejuiciosamente la labor de las personas defensoras, y mucho menos, que se comprometa a la ciudadanía con el suministro de información detallada o reveladora en términos de seguridad en los territorios; en principio porque es este un deber del Estado, y en segundo lugar, no menos importante, porque esta sugerencia pone en riesgo la vida y la integridad de las poblaciones que infortunadamente han estado en medio de los conflictos armados.
Es imperativo que todos y todas nos unamos en defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que defienden la vida, los derechos y la libertad. No puede patrocinarse la indiferencia, aliada del olvido. ¡Ser líder, lideresa social, no ha sido, no es y no puede ser un delito!
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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