Desde su fundación en 1993, la Corporación Jurídica Libertad, interesada en cumplir su objetivo social, viene desarrollando actividades como defensa penal de personas sindicadas de pertenecer a grupos insurgentes, y de líderes sociales y comunitarios vinculados judicialmente por o con ocasión de sus actividades políticas o en razón de su opinión; instauración de procesos de responsabilidad del Estado por la violación de los Derechos Humanos; representación legal a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en busca de verdad, justicia y reparación; presentación de demandas ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos; asistencia y formación a las comunidades y organizaciones sociales para la apropiación y la exigencia de derechos y garantías ciudadanas; acompañamiento a las comunidades en sus procesos de resistencia, defensa del territorio y seguridad alimentaria; y elaboración de informes e investigaciones para divulgar la situación de Derechos Humanos.
Sin embargo, no ha contado con pleno reconocimiento de las instituciones públicas en el desarrollo de sus actividades, especialmente cuando se ha denunciado el compromiso de agentes estatales en la violación de los Derechos Humanos. En varias ocasiones sus miembros han sido acusados de actuar por encargo de la guerrilla, como ha ocurrido por las investigaciones en materia de ejecuciones extrajudiciales que involucran a miembros de las autoridades oficiales.
En este contexto, tras las detenciones arbitrarias de algunos campesinos y líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 12 de marzo de 2004, el defensor de derechos humanos y sacerdote jesuita Javier Giraldo, el director de la Corporación Jurídica Libertad, Elkin Ramírez, y el defensor del Pueblo de Urabá, Miguel Ángel Afanador, trasladaron ante las autoridades políticas y ante organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos información que daba cuenta de graves irregularidades cometidas en desarrollo de esta actuación por personal perteneciente al Batallón de Ingenieros Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa. La información relacionada con tales hechos fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancia que había dispuesto medidas especiales de protección en favor de la Comunidad de Paz de San Jasé de Apartadó.
Las víctimas de estas detenciones arbitrarias denunciaron una serie de agresiones y amenazas cometidas por el Comandante de este Batallón, Coronel Néstor Iván Duque López.
En septiembre de 2005, el Coronel Duque formuló una denuncia contra Javier Giraldo, Elkin Ramírez y Miguel Ángel Afanador por los delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia, motivada en la información presentada ante la CoIDH, que conllevó al inicio de una investigación preliminar, resuelta en primera instancia con inhibición y archivo de las diligencias, pero ante la apelación interpuesta por el representante del oficial, la segunda instancia revocó la decisión y ordenó la apertura formal de la investigación y la vinculación de Elkin Ramírez mediante indagatoria, asumida por el Fiscal 216 Seccional Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá. Diligencia que será realizada el 10 de marzo de 2009, con el consiguiente riesgo de la afectación del derecho a la libertad individual del defensor de derechos humanos en razón de una legítima actuación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Considerando la estigmatización por la labor que desempeña la Corporación Jurídica Libertad; el permanente riesgo contra la vida y la integridad personal con que se desenvuelve la actividad de defensa de los Derechos Humanos y acompañamiento a los diferentes procesos de las comunidades urbanas y rurales; el prejuicio por parte de los fiscales frente a los defensores de Derechos Humanos, y el uso frecuente de persecuciones, montajes judiciales mediante el uso de desertores y detenciones arbitrarias evidenciadas en el Informe de Human Rigths First “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamentos”; La Corporación Jurídica Libertad solicita:
• La aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe de Human Rigths First “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamentos”.
• Que la investigación sea reasignada a un Fiscal Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
• Se solicite al Fiscal 216 Seccional de la ciudad de Bogotá abstenerse de proferir medida de aseguramiento en contra del defensor de Derechos Humanos Elkin Ramírez, director de la Corporación Jurídica Libertad.
Finalmente se hace un llamado a la solidaridad y apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales de defensa y promoción de los Derechos Humanos, para que extiendan sus pronunciamientos y comunicados al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, y al Fiscal 216 Seccional de la ciudad de Bogotá, en pos de que se garantice el otorgamiento pleno del debido proceso al defensor de Derechos Humanos Elkin Ramírez.
Suscribe,
Corporación Jurídica Libertad
Para sus comunicaciones
• Fiscalía General de la Nación, doctor Mario Iguarán
Diagonal 22 B # 52-01, Ciudad Salitre, Edificio C, pisos 5 y 6. Bogotá, Colombia
Teléfonos: 5702000 4149000
www.fiscalia.gov.co
contacto@fiscalia.gov.co
• Fiscal 216 Seccional de la ciudad de Bogotá, Unidad Primera Delitos Contra la Administración Pública
Carrera 29 # 18-45, bloque A, piso 5. Bogotá, Colombia
Teléfono: 2971000
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153