En Medellín, la violencia institucional volvió a silenciar la protesta.
El pasado 7 de octubre, durante las movilizaciones pacíficas que denunciaban el genocidio en Palestina, manifestantes, medios alternativos y personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas y detenidas arbitrariamente.
Estas acciones fueron promovidas por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y miembros del Concejo de Medellín, y reflejan un preocupante retroceso en las garantías del derecho a la protesta.
Desde la Mesa por la Reforma Policial rechazamos con firmeza estos hechos y denunciamos la actuación ilegal y violenta de los llamados “Gestores Operativos de Seguridad y Control”, civiles convertidos en cuerpos de choque al servicio del poder local.
Exigimos a la Alcaldía de Medellín, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y a la Procuraduría:
- Asumir responsabilidades por acción u omisión.
- Investigar los abusos y sancionar a los responsables.
- Garantizar que la represión y la impunidad no se repitan.
La protesta no es un delito.
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Cra. 47 # 53-45 Ed.
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