Un año más nos encontramos aquí, un 6 de marzo, recordando a la Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia.
Este año, nuestro recuerdo a todos ellos y ellas va, de nuevo, lleno del anhelo de que sus tragedias no se vuelvan a repetir: No queremos más asesinatos, no queremos más violaciones, no queremos más desplazados, no queremos más reclutamientos forzosos, no queremos más desapariciones forzadas, no queremos más torturas, no queremos más despojo, ¡no queremos más!.
Pero todos y todas sabemos que del querer al ser, el camino puede ser tan largo como toda una eternidad.
El momento en que se encuentra Colombia es singular: Se halla inmersa en unas negociaciones de paz que se iniciaron formalmente el 18 de octubre de 2012 en Noruega, a la vez el país sobrevive atenazado por las estructuras paramilitares que ahora se llaman Bandas Criminales y continúa con una confrontación viva a pesar del alto el fuego unilateral de las FARC.
En esta situación, las Víctimas y líderes sociales se debaten entre hacer propuestas para la paz, exigir sus derechos y salvaguardar sus vidas que continúan siendo amenazadas.
En este debate, las Víctimas tratan de influir en unas negociaciones a través de los espacios especiales habilitados para ellas sin grandes esperanzas en que sus derechos sean satisfechos en esas mesas de negociación.
En el Informe Joinet de octubre de 1997, Naciones Unidas reconoció como derechos de las Víctimas los de Verdad, Justicia y Reparación, todos ellos encaminados a conseguir la No Repetición de los crímenes cometidos.
Hoy en Colombia, la Verdad se abre paso a duras penas entre las manipulaciones informativas y el ocultamiento político. Si bien es cierto que se está reconociendo parte de la responsabilidad estatal en los crímenes cometidos, no deja de ser cierto, que esta Verdad ha sido ganada en la lucha denodada de las Víctimas, los defensores de DDHH y los movimientos sociales que las apoyan, y no porque el estado haya tenido la voluntad política de reconocerla. Muestra de ellos son, aún hoy en día, los asesinatos, torturas, persecuciones y desapariciones de muchos de ellos y ellas.
En cuanto a la Reparación a las Víctimas, hace tiempo que el Estado decidió que fuera económica y siempre sujeta a las disponibilidades del presupuesto estatal. La llamada ley de Víctimas ha sido una nueva traición a todas ellas, engañándolas con promesas de tierra, Verdad y Reparación que no pasa por una restitución integral de la tierra y ofrece como Reparación, obligaciones del Estado tales como dar cobertura educativa y de salud a sus habitantes.
Pero el tema más espinoso es el de la Justicia. Para alcanzar la Paz se habla de una Justicia Transicional. Mismo tipo de Justicia que se utilizó en la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares quienes, gracias a la Ley 975 o de Justicia y Paz, quedaron en libertad en un 89% y el resto pagan penas irrisorias.
Mucho nos tememos que la Justicia Transicional que ahora se aplique sea similar a la ya conocida pero con una vuelta de tuerca más.
El pasado 15 de febrero de 2015 el ex presidente Cesar Gaviria lanzó una propuesta que está siendo muy bien acogida por una parte de la sociedad colombiana. En un escrito Gaviria afirmaba que la justicia transicional debía cobijar también a miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que, de una u otra manera, han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana.
Es obvio que esta propuesta pretende extender el manto de impunidad a quienes financiaron, idearon y colaboraron en los atroces crímenes cometidos en Colombia desde sus cómodos sillones de políticos, empresarios, ganaderos, terratenientes, multinacionales, etc.
En esta lógica de impunidad, nuestro gobierno, a través del Ministro de Exteriores Jose Manuel García Margallo, ha propuesto utilizar su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU para instar a la CPI a que suspenda cualquier investigación en marcha referente a Colombia.
Esta es la Justicia que pretenden entregar a las Víctimas en Colombia, pero nosotras hoy queremos decir que:
No compartimos esta visión de Justicia, no compartimos la búsqueda de una Justicia que pretenda evitar la acción de la CPI, no compartimos una Justicia que en aras de la paz, entre otras cosas, pretende dejar impunes las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos y no compartimos, una Justicia cuyo objetivo es, como dice Cesar Gaviria, “blindar a la Fuerza Pública para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final. Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala.”
Creer, que los grandes triunfos contra la impunidad, logrados por las Víctimas en América Latina, deben ser evitados; da una muestra clara de lo que se está haciendo en Justicia para las Víctimas en Colombia y deja libre el camino a la repetición de horrendos crímenes.
Queremos desde aquí, mostrar nuevamente nuestra solidaridad con las Víctimas de Crímenes de Estado y afirmar que sabemos que el camino hacia la Verdad, la Reparación y especialmente la Justicia, es largo y sinuoso; pero que continuaremos a su lado, porque estamos convencidas de que la garantía de No Repetición es el mejor legado que podemos dejar.
Colectivo de Solidaridad Coliche
http://colectivodesolidaridadcoliche.blogspot.com.es/
Reseña: El Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos, Coliche es una Organización No Gubernamental que trabaja en España por la defensa de los Derechos Humanos con especial énfasis en Colombia.