‘Sin derechos para las víctimas no habrá paz ni democracia’
Antioquia, 14 de mayo de 2013. Esta primera Mesa sesionó en el Recinto Quirama, municipio de la Ceja y contó con la participación de delegados de 357 organizaciones de víctimas y de derechos humanos —184 mujeres y 136 hombres— de los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y Antioquia, que discutieron y elaboraron propuestas en relación con el tema de verdad y derechos de las víctimas, las cuales serán entregadas a las partes en La Habana por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las propuestas también fueron recibidas por los Senadores Gloria Inés Ramirez, Marco Avirama y Doris Clemencia Vega; los Representantes a la Cámara: Iván Cepeda Castro, Hernando Hernandez y Angela María Robledo; además del señor Fabrizio Hochschild, Coordinador de Naciones Unidas en Colombia.
Las propuestas fueron discutidas y definidas en diez Mesas de trabajo, en las cuales participaron víctimas de todas las modalidades de agresión, en un ambiente de respeto y solidaridad con todas las mujeres y hombres que han sufrido las consecuencias de este largo conflicto. Algunas de las principales conclusiones de este ejercicio colectivo son:
1. Las víctimas creen y tienen esperanza en la paz. Contrario a lo que algunos políticos con intereses electorales quieren hacen creer las víctimas que han sufrido el dolor de la guerra en el país si están de acuerdo con el proceso de paz. Si bien subsisten desconfianzas y exigencias a los actores del conflicto, la mayoría de hombres y mujeres mantienen la esperanza de que en La Habana se pueda llegar a un acuerdo que contribuya a la superación del conflicto. El respaldo, sin embargo, no es una carta blanca a la impunidad. En las Mesas de trabajo existe un consenso sobre la urgencia de reconocer eficazmente la verdad y los derechos de las víctimas como el primer paso en un posible acuerdo entre las partes. La premisa que más se repitió es que no puede haber paz sin respecto por los derechos y la dignidad de las víctimas.
En las Mesas también se insistió en exigirle al gobierno colombiano que abra las puertas para iniciar diálogos con la insurgencia del ELN y el EPL que han manifestado su voluntad de contribuir en el proceso de paz. Este punto es garantía fundamental para posibilitar en verdad la terminación del conflicto armado.
2. El Estado es un actor del conflicto y tiene que responder por sus crímenes. En contraposición a la idea de que “no importa de dónde vinieron las balas”, hubo un consenso total en el sentido de que el gobierno en La Habana tiene la obligación de reconocer que el Estado es un actor del conflicto y asumir las consecuencias que tal declaración genera, entre ellas, decir la verdad sobre los crímenes cometidos, especialmente las agresiones por parte de las fuerzas armadas, permitir que se discutan temas como la doctrina militar que consiente la violación de los derechos humanos, autorizar la publicación de los archivos de inteligencia, derogar cualquier tipo de fuero que favorezca la impunidad de los crímenes cometidos por agentes estatales y comprometerse con el desmantelamiento total de las estructuras paramilitares y grupos organizados de poder responsables de los crímenes y el despojo de los territorios. El gobierno nacional no puede pretender seguir mostrándose como un actor neutral que representa a las víctimas, por el contrario, es quien en mayor medida debe asumir compromisos por haber propiciado la violación de derechos humanos y la comisión de crímenes atroces por parte de agentes estatales. Esa es la verdad que públicamente está obligado a reconocer si quiere favorecer los derechos de las víctimas.
3. Es urgente la creación de una Comisión de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico. En materia del derecho a la verdad la principal propuesta tiene que ver con la creación de una Comisión de la Verdad que investigue y esclarezca las violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos en el país desde 1945. Sin embargo en las Mesas hubo diferentes propuestas en cuanto a lo que debe ser la conformación y el mandato de dicha Comisión. Para algunos, una Comisión de la Verdad no debe tener carácter ni consecuencias judiciales que sustituyan el poder judicial porque obstaculizaría la participación de las víctimas, de la sociedad y de los mismos perpetradores que podrían limitar su testimonio ante la posibilidad de que el mismo pueda implicar posteriores judicializaciones y penas privativas de la libertad. En tal sentido se opina que debe seguirse la experiencia de lo que en esta materia han sido las Comisiones en otros países con conflictos similares. También se hizo un llamado a tener en cuenta el fracaso de la Ley 975 de 2005 —Justicia y Paz— donde pese a los fuertes beneficios para los paramilitares estos se negaron a decir la verdad sobre los crímenes, sus financiadores y sus beneficiarios.
Otros, en cambio, consideran que es fundamental que dicha Comisión tenga consecuencias judiciales en contra de personas responsables de cometer los crímenes investigados por este organismo. Especialmente se señala la necesidad de que se establezca la responsabilidad de los grupos o estructuras organizadas de poder que mantienen su dominio en el país y que van a seguir ejerciendo dominio aunque se llegue a un acuerdo en la Habana. Opinan que la consecuencia de poder judicializar la actuación de los perpetradores identificados es la única forma de avanzar en garantías de no repetición. Además en el argumento se señala que es prioritario que la Comisión supere las falencias de otras que han existido en el continente que con su actuación han favorecido la impunidad de los crímenes. 
En relación con su conformación, tampoco hay un consenso claro porque mientras organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE- proponen que ésta debe ser independiente y autónoma en cuanto a los actores, lo económico y lo administrativo, con la presencia de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, —60 personas de nacionalidad colombiana y extranjera, de reconocida trayectoria ética e integridad moral, y comprometidas con la defensa de los derechos humanos, con exclusión de toda persona implicada, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, actividades paramilitares o su impunidad, y de toda persona miembro de una de las partes del conflicto armado—,otros plantean que la Comisión debe estar integrada incluso por los mismos actores del conflicto, es decir delegados del gobierno y de la insurgencia.
En lo que si existe consenso es en la exigencia al Estado para que se cuenten con mecanismos eficaces para la protección y garantías para que las víctimas puedan participar directamente en la Comisión y en la construcción de la verdad histórica para romper la tendencia gubernamental a enfatizar la verdad judicial desde la voz de los perpetradores y no desde el testimonio de las víctimas. Así mismo en que se deben investigar todas las modalidades de agresión, incluyendo el despojo de los territorios, los ataques al pensamiento crítico y la persecución política, lo que se traduce en poder identificar la responsabilidad del Estado, la insurgencia y los grupos económicos y políticos.
Igualmente desde varias de las mesas sus integrantes insistieron en la conveniencia de que la Comisión aborde los casos desde una perspectiva regional para luego asumir el estudio de los casos desde la óptica de lo nacional.
4. Reforma a las fuerzas armadas. Este fue un punto de mucho consenso y contrasta con la postura del gobierno que ha insistido, a través de sus negociadores, en que la doctrina militar y el tema de fuerzas armadas no se discute. Por el contrario las víctimas insistieron en que el Estado colombiano debe comprometerse con reformas claras como la reducción del gasto militar y del pie de fuerza así como la militarización de los territorios. Se propuso también que debe haber una reforma constitucional para que la policía sea en verdad un cuerpo civil sin atribuciones de carácter militar. Además se insistió en la urgencia de abolir la doctrina militar basada en el enemigo interno y el involucramiento de la población civil en acciones militares y de inteligencia.
5. Revisión de la Ley de Víctimas. En la casi totalidad de las Mesas hubo un claro cuestionamiento a la Ley 1448 de 2011 conocida como Ley de Víctimas. Para los delegados y sus organizaciones resulta claro que dicha normatividad n
6. La Reparación debe ser verdaderamente integral. La reparación no está cumpliendo con los estándares internacionales y se reducen a una precaria indemnización económica y las ayudas humanitarias que cada día son más deficientes. Por ello las víctimas insisten en que en una eventual firma de acuerdos con la guerrilla este tema debe ser mejorado a favor de las víctimas y no de los victimarios como paso en Justicia y Paz. Para las víctimas es inaceptable que se implementen programas económicos y sociales que generen menoscabo de los derechos de las víctimas que en su mayoría viven en situaciones de precariedad económica y exclusión social. Dentro de las propuestas se señaló la necesidad de avanzar en expropiación de los bienes de los victimarios y otras personas y grupos que se han favorecido con los crímenes para contar con recursos que permitan la reparación de las víctimas sin dejar de apoyar programas para la reinserción social de los insurgentes desmovilizados. En el mismo sentido se insistió en la necesidad de que las FARC se comprometan con la devolución de todos los bienes que estén en su poder. Además se propuso la creación de un impuesto a empresarios ganaderos y agrindustriales con destinación al fondo de reparación integral.
En general fue muy rica la variedad de propuestas y la exigencia para que éstas sean consideradas incluso al margen de los acuerdos. Importante destacar algunas como la necesidad de un censo rural y revisión de las fichas catastrales de la tierra en Colombia para establecer con claridad el tema del despojo y los despojadores. Hubo reiteradas voces que cuestionaron la estrategia publicitaria del gobierno de pretender desconocer el papel del paramilitarismo y sectores empresariales como los ganaderos y agroindustriales en las políticas de despojo y desplazamiento forzado, señalando a las FARC de tener gran parte de la tierra. Si bien las víctimas exigen que las guerrillas digan la verdad al respecto y se comprometan con la devolución de predios de campesinos víctimas, también son claras en evidenciar que son otros los actores que siguen usufructuando la tierra y matando reclamantes de tierra para evitar la restitución.
También hubo fuerte llamado a la necesidad del desminado y en tal sentido se exige que todos los actores, incluyendo las fuerzas armadas, entreguen toda la información sobre minas antipersonales que permita hace un mapeo para su posterior desminado.
Un tema ausente fue lo relacionado con la justicia. Si bien hubo algunas propuestas y llamados a la no impunidad de los crímenes, en términos generales no se discutió lo relacionado con la amnistía e indultos o la priorización de casos para la investigación. Parece que es un punto que las víctimas les cuesta debatir por las implicaciones que tiene, además por la manipulación mediática que el tema ha tenido, especialmente de sectores de extrema derecha que ahora pretenden aparecer como voceros de las víctimas. En lo que si se insistió es en la exigencia de que se investiguen todos los actores comprometidos con los crímenes, no sólo la guerrilla, también empresario, terratenientes y ganaderos. Incluso varias Mesas llamaron a que se verifique el papel que jugaron —o siguen teniendo— los medios de comunicación en la justificación de los crímenes o de estructuras criminales.
Finalmente se insistió en la necesidad de que se habiliten mecanismos para la participación directa de las víctimas en la Mesa de La Habana. Para tal fin se hicieron propuestas como la de nombrar un Comisión que fuera escuchada por las partes o la de propiciar encuentros vía satelital en el cual las víctimas y sus organizaciones puedan hacer preguntas y debatir algunos temas directamente con los delgados de ambas partes en Cuba.
El desafío sigue siendo que las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y en general el movimiento social fortalezca su agenda y los procesos de movilización para garantizar un país que respete la dignidad, la igualdad y la democracia y esto, como se sabe, no saldrá de La Habana así se firme un acuerdo de cese del conflicto armado.
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