Comunicado de prensa Sobre la audiencia “Medidas para la protección de pruebas en casos de desaparición forzada en Colombia” ante la CIDH

Fotografía: Ríos Vivos. Un barequero del sector el Arenal indica el 28 de febrero de 2018 al Director de derechos humanos de la Gobernación de Antioquia, Carlos Mario Vanegas, el sitio exacto de un enterramiento. Hasta la fecha las autoridades no han ido a inspeccionar el lugar

Santo Domingo, mayo 9 de 2018

El día de hoy MOVICE y Ríos Vivos – Antioquia y la organización forense independiente experta en el diseño de planes de búsqueda EQUITAS presentaron ante la CIDH en su 168 Periodo de Sesiones, las preocupaciones derivadas del inminente llenado de la represa de Hidroituango que afectará una zona en la que desde hace varios años los habitantes del lugar han denunciado la existencia de cuerpos inhumados de personas desaparecidas forzadamente sin que las autoridades correspondientes ofrezcan condiciones de seguridad y garantías para los testigos de estos hechos (en los últimos seis días han sido asesinados del movimiento Ríos Vivos Hugo George y su sobrino y Alberto Torres y su hermano), ni ejecuten un plan de búsqueda acorde con las leyes nacionales y los estándares internacionales de la materia, en un contexto de precario avance en espacios de interlocución como la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada y el Plan de prevención y protección del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.

La delegación del Estado inició su presentación fijando la premisa de que el proyecto Hidroituango es “de utilidad pública, energía limpia y promoción del desarrollo social”, idea sobre la cual ha sostenido ante las comunidades que el llenado se realizará a pesar de sus denuncias. También indicó que los cuerpos que ha hallado en el lugar (aparentemente 192) evidencian que ha realizado una búsqueda adecuada en condiciones geográficas difíciles, pero que con toda seguridad “no hay cuerpos en el área de llenado” y que allí ya se agotó la búsqueda.

Los Comisionados presentes, Francisco Eguiguiren, Antonia Urrejoala y Joel Hernández escucharon atentamente a las partes y realizaron preguntas muy pertinentes: ¿cómo estar seguros de que no hay más personas?, ¿cómo participaron los familiares en la búsqueda?, ¿cuáles son las medidas implementadas para proteger a las comunidades y para proteger que zonas aledañas al llenado no se vean afectadas?, y finalmente, ¿cuál es el universo de víctimas que pueden estar en el lugar?. Ante estas preguntas, el Estado se mostró perplejo y dubitativo y manifestó que no se pueden comprometer a establecer el universo de víctimas.

La afirmación realizada por la propia representante de la Fiscalía, es además de preocupante, la mejor constatación de que las inspecciones realizadas hasta el momento no han obedecido a un Plan Integral de Búsqueda como lo ordena la ley. Si se han hallado 192 personas en episodios de búsqueda no sistemáticos, sin saber precisamente lo que están buscando, podemos imaginar cuántos faltan por hallar siempre y cuando se realice la búsqueda adecuadamente.

La declaración del Estado llevó a los comisionados a afirmar que este se trata de un caso emblemático por el momento histórico por el que atraviesa el país en el que se ponen a prueba los principios de debida diligencia, garantías de no repetición y protección de las comunidades y sus líderes. Finalmente enviaron un mensaje muy potente: el Estado debe garantizar que el llenado no interrumpe la búsqueda eficaz de los cuerpos, y debe armonizarse el proyecto de generación de energía con el cabal cumplimiento de los derechos de las víctimas y las comunidades de la zona.

Preocupa a las peticionarias que la inseguridad para los pobladores y la impunidad de los crímenes se mantenga, que bajo supuestos técnicos se produzca el llenado y que se pierda para siempre la oportunidad de encontrar a las víctimas. Como mencionamos en la audiencia, felicitamos haber encontrado a algunas personas, pero faltan más. En virtud de lo anterior, exhortamos al Estado a tener un diálogo constructivo, efectivo y urgente y pedimos acompañamiento de organismos internacionales –CICR, OACNUDH-como garantes en la ejecución de un Plan Integral de Búsqueda participativo y en condiciones de seguridad, lo más pronto posible.