Condenados militares de la IV brigada por delitos de lesa humanidad

Tras la búsqueda de memoria, verdad y justicia

Una vez más, a pesar de los altos índices de impunidad que condicionan los procesos jurisdiccionales en nuestro país, se ha logrado la condena en los estrados judiciales de un grupo de militares colombianos, por delitos de Lesa Humanidad dirigidos en contra de la población civil.

En sentencia condenatoria con fecha del día 30 de septiembre del año en curso, en contra de los integrantes del Ejército Nacional Ermilson Álvarez Presiga, Javier Pérez Rodríguez, Amauri Salazar Reyes, José Rubelio Morales Gómez, Víctor Manuel Londoño y Cesar Mauricio Cataño Macías, pertenecientes al Batallón de Artillería número 4 –Grupo Bajes- de la Cuarta Brigada, se determinó su responsabilidad por la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro y tortura en persona protegida, cuyas víctimas fueron Medardo de Jesús Mesa García y Fernando Sepúlveda Cardona.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Luis (Antioquia), de donde eran oriundos los campesinos y agricultores Medardo Mesa García y su amigo Fernando, cuyas actividades cotidianas no iban más allá de luchar a diario por su sustento y el de su familia.

La vida de esta familia se vió abruptamente afectada el día 17 de marzo de 2005, cuando hizo presencia en su vivienda el grupo de soldados ya señalados, quienes luego de intimidar a las personas que allí se encontraban, procedieron a atar a Medardo y a su amigo Fernando, reteniéndolos de manera ilegal y llevándoselos con rumbo desconocido.

Sus allegados hicieron todo lo posible por saber de su paradero, sin embargo sólo hasta el día 18 de marzo de ese mismo año tuvieron noticias del rumbo de sus seres queridos, encontrándose con que habían sido asesinados por los militares que los retuvieron y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate.

Vaya consternación por parte de la familia al saber el triste destino de sus seres queridos, su secuestro, las señales de tortura que presentaban los cuerpos y las serias contradicciones en las versiones de los militares, lo cual indicaba que no se trataba de una muerte en un supuesto combate, sino que por el contrario, fue un crimen cometido en contra de la población civil con pleno conocimiento de las graves consecuencias.

Ahora bien, a pesar de la posición por parte del Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, advirtiendo que hechos como los ocurridos en este caso deben ser conocidos por la Justicia Penal Militar, generando un gran margen de impunidad en nuestro país, el Juzgado Primero Adjunto al Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia ha concebido que se trata de ataques dirigidos a la población civil, que no son propios de las funciones que constitucionalmente se les ha otorgado a las Fuerzas Militares, de allí que debe ser la justicia ordinaria quien conozca del mismo.

En consecuencia, los argumentos esgrimidos por los soldados en nada los exime de su responsabilidad, ya que en el momento de la aprehensión, las víctimas no estaban uniformados, no portaban armas, no estaban combatiendo, fueron retenidos por un grupo de hombres superior en número y armas, estaban indefensos frente a la tropa y por ello se trataba de personas pertenecientes a la población civil y protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Por tanto, no existen elementos que señalen la supuesta adhesión de las víctimas a grupos rebeldes, y por el contrario, sí existen las suficientes  pruebas que determinan claramente la responsabilidad de los militares en los hechos que produjeron la muerte de los campesinos Medardo Mesa García y su amigo Fernando.

Una vez más, las víctimas han soportado un largo y agotador proceso judicial para hallar la verdad y la justicia, impartiendo una condena a 40 años de prisión, señalando enfáticamente que las víctimas hacían parte de la población civil y advirtiendo la vulnerabilidad de la población campesina frente a este tipo de crímenes. Una dura lucha que no se podría llevar a cabo sin la fortaleza de aquellos que persisten en llevar la bandera de la memoria, la verdad y la justicia como principios fundamentales de su vida.