En un evento en el que participaron delegados de los diferentes municipios del norte de Antioquia, afectados por el proyecto Hidroituango, la Corporación Jurídica Libertad en cabeza de la Socióloga Astrid Torres, presentó al público los resultados de la investigación realizada sobre el Modelo Extractivista y la relación del conflicto con la construcción de este proyecto.
Dentro de los resultados arrojados, se destaca que de los aproximadamente 180 mil habitantes de la zona de estudio, más de 120 mil personas han sido víctimas según registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, las principales modalidades son: homicidio, desplazamiento y desaparición forzada. Esto hace al Estado colombiano responsable por lo sucedido y deja ver que lo que ha acontecido en el territorio es Crimen de Lesa Humanidad por su sistematicidad, generalidad y porque hace parte de la estrategia para mantener el modelo de desarrollo y sus ganancias.
El estudio también destacó que dentro de los victimarios que han afectado a las comunidades, los paramilitares han cometido la mayor parte de los crímenes registrados en la zona, en muchas ocasiones bajo el amparo de la Fuerza Pública. Los delegados asistentes mostraron una gran preocupación frente a este suceso en particular, puesto que neo paramilitares se están apoderando de territorios que dejaron las FARC tras su traslado a las zonas veredales de concentración, sembrando zozobra en la población quien se ha visto amenazada y afectada.
Frente al fenómeno del paramilitarismo también se pudo determinar que pese al proceso de Justicia y Paz que se adelanta con algunos integrantes de este grupo, persiste la impunidad en muchos casos, especialmente en los de desaparición forzada. A pesar del proceso de desmovilización de muchos integrantes en el año 2005, este fenómeno sigue vigente en la zona, se ha reorganizado y actualmente se reporta un aumento de agresiones por parte de este grupo armado.
El comportamiento de la Fuerza Pública en esta zona del departamento de Antioquia llamó la atención durante la investigación realizada, se destaca como el Ejército Nacional a través de convenios especialmente con Empresas Públicas de Medellín EPM ha prestado seguridad al proyecto, al mejor estilo de una empresa de vigilancia privada, pero también ha realizado atropellos en contra del Movimiento Ríos Vivos, quienes desde hace años vienen haciendo oposición a este proyecto, por considerar que viola los derechos ambientales y derechos humanos de los campesinos y barequeros de la zona, además de negar su permanencia en los territorios que históricamente han habitado.
Finalmente el informe centró su atención en el riesgo inminente que viven los líderes y lideresas que han organizado a los pobladores de los diferentes municipios para exigir sus derechos y el respeto a su forma de vida, ya que dentro de lo analizado se pudo determinar que estos están siendo víctimas de estigmatización y diversos tipos de agresión entre ellas las detenciones arbitrarias, judicializaciones y señalamientos por parte de agentes del Estado. Se han presentado varios casos en los que la vida de estos líderes ha estado en riesgo.
En cifras
La investigación realizada pudo comprobar que en los territorios donde se desarrolló el estudio se presentaron 55 masacres, dejando 314 víctimas directas de estas. En las zonas existen unas 639 víctimas directas en total 533 campesinos y 162 pertenecientes a otros sectores de la población. El municipio más afectado durante estos años ha sido Ituango con un registro de 13 masacres. 22 han sido los casos de desplazamientos forzados individuales y colectivos.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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