El contrasentido de la Justicia ambiental en el Suroeste

Continúan las preocupaciones, inquietudes y exigencias de las comunidades y organizaciones sociales representantes de las personas querelladas por la AGA, en Jericó.

El 16 de marzo de 2024, en Jericó, se llevó a cabo la audiencia pública convocada por la Inspección de Policía del municipio, en el trámite de la querella interpuesta por el proyecto Cobre y Oro Quebradona de la multinacional Anglo Gold Ashanti. A este espacio, asistieron abogadas de la Corporación Jurídica Libertad y del Instituto Popular de Capacitación para representar los intereses de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (DDHAA) querellados en un proceso verbal abreviado regido por el Código de Policía (Ley 1801 de 2016). 

Como organización defensora de derechos humanos, anunciamos nuestra preocupación frente a tres asuntos: 1. La instrumentalización de la justicia en función de la compañía minera, 2. el tratamiento del conflicto socio ambiental como un asunto meramente civil, y 3. la tergiversación de cara a la persecución, amedrentamiento, señalamiento, intimidación y puesta en peligro de la comunidad de los habitantes de las veredas La Soledad y Vallecitos. 

Es importante resaltar que para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos,, es necesario contar con un sistema de administración de justicia independiente, eficaz e imparcial; ello porque el sistema judicial -que es monopolio del Estado- debe ser garantía de ecuanimidad para que los administrados confíen en él la solución de sus conflictos. No obstante, en el presente caso, observamos la instrumentalización de la justicia y la violacion del Derecho de Acceso a la Justicia Ambiental; no solo desde lo policivo, también desde lo penal; lo que se constituye en un uso indebido de la justicia, ya que la Minera Quebradona de Anglo Gold Ashanti promueve denuncias y querellas contra los liderazgos ambientales, y la Inspección de policía y la Fiscalía local, lastimosamente, hacen eco de las pretensiones de la multinacional.

Por su parte, la comunidad que defiende el territorio también ha solicitado la protección de sus derechos, advirtiendo a la policía y a la Inspección de policía sobre la inminente puesta en funcionamiento de una plataforma minera sin que la Anglo Gold tuviera permiso para ello, violando todos los protocolos establecidos desde la normativa minera y ambiental; frente a lo cual el Inspector hizo caso omiso, aún cuando esto constituye graves afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana. 

Es así como a lo largo de un año y medio, la Corporación Jurídica Libertad, ha asistido a varias diligencias en representación de las personas ambientalistas querelladas o denunciadas por representantes de la compañía; pues a un conflicto de naturaleza socio ambiental que lleva más de 12 años, se le está dando un tratamiento desde el derecho penal y civil. En este caso, la querella de policía que se promueve por perturbación de la posesión, ignora que debajo del pedazo de tierra que quiere protegerse mediante la querella, están las aguas: bien común y público. 

Llama la atención la manipulación del sistema de justicia para estos propósitos, lo que representa un  contrasentido, pues se está permitiendo que por su intermedio se imponga el poder de la compañía -que no es poco-, sobre los intereses de los protectores del territorio, ya de por sí amilanados por la desigualdad de fuerzas y recursos con los que se enfrentan a una empresa multinacional. 

En otras oportunidades hemos manifestado que el accionar de la Anglo Gold Ashanti es una violación a los derechos humanos y al Acuerdo de Escazú, que fundamentado en tres principios es vulnerado directamente por la empresa: omitiendo la posibilidad de acceso a la información, castrando la participación activa y en libertad de las comunidades, y consolidando un entramado de actitudes que, partiendo del señalamiento, la estigmatización y la irregularidad de sus acciones dejan en vilo la justicia ambiental. Es aquí entonces cuando tiene cabida la exclamación de las comunidades del Suroeste: Si cuidar el agua es ilegal, ¡la justicia aquí no existe!