El 14 y 15 de julio, participamos en el Encuentro Nacional del Hábitat 2026 con el objetivo de integrarnos a la Red de Conocimiento del Hábitat. Esta red busca, entre otras cosas, compartir experiencias en la construcción del hábitat y generar aportes para la política pública nacional de vivienda, con un enfoque diferencial y biodiverso.
En el conversatorio “Territorio vivo”, como Corporación Jurídica Libertad (CJL), planteamos los retos y enfoques para la permanencia en los territorios con garantías de derechos. Partimos del reconocimiento de que el territorio es el soporte de identidad y memoria para las comunidades urbano-populares, campesinas y étnicas.
La construcción social del hábitat ha sido un proceso histórico de las comunidades, quienes han dotado de sentido la dignidad humana. Este proceso se encuentra al margen de la planificación formal del espacio que realiza el Estado, la cual se basa en normas urbanísticas que, para los sectores excluidos, se han configurado como una herramienta para la vulneración de sus derechos.
Junto con las comunidades, y basándonos en el conocimiento de los barrios y territorios, hemos generado propuestas en torno al ordenamiento territorial que merecen ser escuchadas, como es el caso del MIB. En el contexto actual, estas propuestas transversalizan la acción climática.
Por otro lado, existen figuras desde el campesinado, como los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), que contemplan la configuración de planes de vida y de desarrollo sostenible como eje para el desarrollo de la vida, atendiendo a dimensiones económicas, políticas/organizativas, culturales, ambientales y espaciales.
Asimismo, identificamos el reto que tenemos con figuras como las Áreas Protegidas y Planificadas para la Producción Agropecuaria (APPA), bajo los lineamientos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), y las Zonas de Reserva Temporales. Estas últimas son polígonos delimitados para proteger el medio ambiente y los recursos naturales (como fuentes hídricas o ecosistemas estratégicos) mientras se realizan estudios definitivos.
Hemos propuesto como reto una acción estatal más integral y menos fragmentada para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales de vida digna y de garantía progresiva de los derechos a la vivienda, el hábitat y el territorio. Con ello, buscamos atender los desafíos de una articulación armónica de las instituciones, instrumentos y herramientas del Estado bajo un mismo objetivo: mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Para lograrlo, la planeación de los territorios con enfoque incluyente, ecosistémico y de cara a la acción climática es el reto principal de la humanidad. Esto significa superar el fraccionamiento de los límites político-administrativos para propender por una ordenación del territorio basada en el bienestar de las comunidades y en la transformación de los barrios autoconstruidos históricamente excluidos en territorios dignificados, sustentables y adaptados al cambio climático.
La agenda del hábitat la construimos entre todos los actores: sociales y comunitarios, estatales, la academia y el sector empresarial. Este es el reto para transformar las realidades y construir paz territorial. Se trata de encontrar nuevas formas de hacer, de unirnos, de co-crear, de relacionarnos sin jerarquizar, resignificando los territorios y la dignidad a partir de la escucha y el diálogo.
Construir un hábitat biodiverso es un proceso de construcción colectiva de país, donde la protección de la diversidad biológica y cultural se convierte en la herramienta principal para la defensa de la vida y la autonomía de los pueblos. Es generar la conciencia de la vida digna en el territorio, y que cada unx de nosotrxs, desde el lugar en el que estemos, trabajemos por ese objetivo común de buen vivir y dignidad.