Encuentro por la Verdad y la Dignidad de las Víctimas de la Policía

Foto: Corporación Jurídica Libertad

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El 6 de abril de 1989, Afranio Parra, guerrillero, músico y poeta del M-19, junto con sus compañeros de organización Mauricio Cortés y Silverio Rodríguez, fueron detenidos por integrantes de la policía nacional en Bogotá. Sus cuerpos sin vida y con señales de tortura fueron encontrados en un basurero dos días después. Los hechos se dieron mientras este grupo estaba en diálogo de paz con el gobierno. Tres de los policías fueron capturados y condenados, pero nunca se supo ¿Quién dio la orden?

El 15 de noviembre de 1992 policías adscritos al F-2 masacraron a nueve menores de edad en el barrio Villatina. En este caso también fueron condenados tres integrantes de la policía, pero tampoco se supo ¿Quién dio la orden? de esta masacre y otro centenar que se cometieron en esta fecha contra jóvenes de Medellín y Área Metropolitana. Este crimen —por el que fue condenado el Estado colombiano— no fue aislado, hizo parte de la práctica criminal de la policía que se estructuraron y actuaron como grupo paramilitar bajo el nombre de “Amor por Medellín” entre 1989 y 1993. Entre otras de sus acciones se encuentra la masacre de 8 personas en el barrio La Milagrosa el 27 de noviembre de 1992. De acuerdo con datos de la época, esa noche fueron asesinadas cerca de 70 personas en Medellín, como represalia por la muerte de dos agentes de policía que vigilaban la residencia del entonces Gobernador de Antioquia Juan Gómez Martínez. A la policía también se le sindica de ser responsable de la masacre de 23 personas en el bar Oporto ocurrida el 23 de junio de 1990, un hecho que sigue en total impunidad.

El 6 y 7 de septiembre de 1996 cuatro estudiantes de la Universidad Distrital fueron desaparecidos, torturados y ejecutados por integrantes de la policía, adscritos a la Dijin. Sus cuerpos fueron abandonados e incinerados en el basurero de Mondoñedo. Al día siguiente dos jóvenes más de dicha universidad también fueron asesinados. El hecho se conoce como la masacre de Mondoñedo.

Desde inicios de la década del dos mil se conocen los vínculos del general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco con estructuras paramilitares. Siendo director del Gaula Medellín ordenó la interceptación ilegal de los teléfonos de organizaciones sindicales y de derechos humanos de Medellín. También está vinculado con la desaparición forzada de los integrantes de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) Angel Quintero y Claudia Monsalve ocurrida el 6 de octubre de 2000 y de otras desapariciones ocurridas en la ciudad. Posteriormente, como jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez apoyó al DAS en las labores en contra de magistrados de la CSJ, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Javier Ordóñez y al menos 23 jóvenes más fueron asesinados en total indefensión en el 2020 y este año, en el marco del Paro Nacional, se cuentan por miles las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Estos hechos evidencian una política de Estado, planificada, con métodos y estrategias que se viene aplicando hace varias décadas en el marco de la doctrina nacional del enemigo interno. Por desgracia, lo sucedido a las personas que nos acompañan en este encuentro, no son hechos aislados, ni daños colaterales, ni acciones individuales de las eufemísticamente llamadas “manzanas podridas”. La policía cumple un papel disciplinante y represivo en favor de quienes detentan el poder y están en contra de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que el país requiere. Han sido un aparato de guerra, igual que los miliares, al servicio de intereses privados que defienden el statu quo.

La policía en Colombia actúa como un cuerpo militar, de defensa nacional, contrainsurgente, que promueve la estigmatización como forma de legitimación de la brutalidad policial y su vocación racista, machista, xenófoba y homofóbica. Como señala Human Rights Watch: “Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas” y agrega que: “Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”.

Dichas reformas han sido recogidas en la Campaña Fuerza Pública para la Paz y que en Medellín hemos nombrado: No + Derechos vulnerados por los uniformados. Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, de las cuales hacemos parte las organizaciones que hemos convocado a este encuentro, proponemos que las garantías de no repetición se concreten, entre otras, en las siguientes propuestas:

1. Una política de seguridad y garantía de derechos humanos, que permita la revisión de la Doctrina de Seguridad del Estado y la legislación que la desarrolla. Se requiere, además, revisar los manuales, reglamentos e instructivos militares incompatibles con las obligaciones internacionales y adecuarlos al respeto de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los límites constitucionales.
2. Revisión de antecedentes y renovación de funcionarios públicos responsables de violación a los derechos humanos. Es necesario una reestructuración y renovación del personal de las instituciones de seguridad para evitar los ascensos de estas personas y que una vez sancionados sigan actuando al interior de la institución policial. También se requiere revisar los manuales de formación de la policía y que sean rediseñados por personal académico independiente para garantizar el enfoque de derechos y los enfoques diferenciales. Los miembros de la policía no pueden seguir siendo formados bajo principios racistas, machistas y discriminatorios que luego favorecen la criminalidad policial.
3. Organización de archivos estatales para preservar la memoria y la verdad. Lo que implica la depuración de archivos de inteligencia del Estado, con el objetivo de excluir de las bases de las Fuerzas Armadas los archivos que incriminen de manera infundada a defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, populares y de la oposición, o que ordenen operaciones que conduzcan a la violación de derechos humanos.
4. Reducción de las Fuerzas Militares. Desde las organizaciones se ha planteado la abolición del servicio militar obligatorio, las garantías para el ejercicio del derecho a la objeción por conciencia y el desmonte definitivo del ESMAD. Esto se puede complementar con la aprobación del Servicio Social Para la Paz.
5. Reforma a la Policía Nacional para garantizar que la policía esté sometida al poder civil. En consecuencia, implementar acciones para trasladarla al Ministerio del Interior y fortalecer el papel de la rama ejecutiva en el ejercicio de autoridad sobre esta institución. Así mismo, en la rendición de cuentas al conjunto de la sociedad. La policía nacional debe basarse no en la política de seguridad nacional sino en el enfoque de seguridad humana garantizando el ejercicio de derechos y libertades públicas, en particular el derecho a la protesta y la movilización social.

Sabemos que lo vivido por Ustedes ha causado daños e impactos de diferente tipo, los cuales deben ser atendidos por el Estado en el marco del derecho a la reparación y el resarcimiento de los daños. Pero también las y los invitamos a comprender que lo vivido en sus cuerpos y en sus vidas hace parte de estrategias represivas de carácter nacional e incluso internacional, que solo va a ser posible desmontar si nos juntamos para luchar en contra de la impunidad de estos crímenes y propiciamos reformas estructurales que hagan posible las garantías de no repetición.