Es justicia lo que busca la comunidad de paz de san José de Apartadó

La primera escena del juicio contra diez militares por la masacre ocurrida el 21 y 22 de febrero de 2005 fue ambientada por las víctimas y las organizaciones sociales que las acompañan con pendones, carteles y volantes señalando la brutalidad del crimen cometido contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cuando un comando de unos 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y un grupo de militares de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército, pasaron de la vereda Mulatos Medio a La Resbalosa, en el Urabá antioqueño, asesinando, descuartizando y abandonando en fosas a medio tapar al líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Bellanira Areiza Guzmán y su hijo de 11 años, Deiner Andrés Guerra; y Alejandro Pérez Castaño, el líder Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo, y sus hijos Natalia Andrea y Santiago, de 5 años y 18 meses de nacido, quienes fueron degollados.

“Inicialmente se pretendió desviar la investigación señalando que era responsabilidad de las FARC. Pero ahora se ha logrado establecer, y por eso se inicia el juicio, que fue una acción planeada entre miembros de la Brigada XVII y paramilitares que operan en la zona”, afirma la abogada Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad.

A ello agrega un miembro de la Comunidad que “es claro que esto se ha querido mantener en la total impunidad. Gracias a la presión nacional e internacional se han podido dar algunos pasos, pero no podemos decir que son grandes avances. La verdad es que todo se ha querido ocultar. Sin embargo, aquí estamos buscando justicia para los más de 700 crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”.

Los miembros de la Fuerza Pública llamados a juicio tras treinta siete meses de haber sido abierta la investigación, quienes deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir, son el teniente Coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento segundo Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el sargento Jorge Humberto Milanes Vega, el sargento segundo Henrry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia y los sargentos Édgar García Estupiñán y Darío Brango Agámez.

El día de ayer también se conoció que la Fiscalía General de la Nación dictó orden de captura contra el ex coronel Néstor Iván Duque López, quien en el momento de la masacre se desempeñaba como comandante del Batallón Bejarano Muñoz, adscrito a la Brigada XVII del Ejército. De igual manera el pasado mes de julio el Tribunal Superior de Medellín confirmó la condena a 20 años de cárcel a Uber Darío Yáñez Cadavías, alias ‘Comandante 21’, por su responsabilidad en la masacre señalada. Este paramilitar declaró cómo los hombres a su mando sirvieron de guías al Ejército que finalmente cometió los crueles asesinatos.

Bajo la vigilancia de militares uniformados y de civil del Batallón Pedro Nel Ospina, adscrito a la IV Brigada del Ejército, pese a ser una función exclusiva de la Policía Nacional, la audiencia preparatoria de la tarde de ayer transcurrió alrededor de un alegato jurídico entre los abogados de las partes sobre el acceso al debido proceso de los uniformados y las pruebas que serán admitidas en el proceso judicial.

Argumentando que durante las etapas preliminares a los militares “no se les ha permitido conocer el expediente, el derecho a controvertir y participar en la práctica de las pruebas”, los seis abogados que defienden a los diez militares solicitaron la anulación del juicio.

A esta solicitud no sólo se opusieron el Fiscal Séptimo Delegado ante la Unidad de Derechos Humanos, el Agente del Ministerio Público y el abogado representante de la Comunidad de Paz, sino que la Juez Segunda Especializada de Antioquia determinó que no hay irregularidad alguna que lleve a invalidar el proceso, ordenó nuevas pruebas y citó a una nueva etapa del juicio durante los días 14, 15 y 16 de diciembre de este año.

“El proceso judicial hubiera tenido que devolverse a su etapa inicial de investigación y casi arrancar de nuevo. Ahora podemos proseguir con las pruebas recaudadas que demuestran que fue un crimen de lesa humanidad perpetrado por militares en complicidad con paramilitares”, señaló Jorge Molano, abogado de las víctimas.

Así mismo, ha manifestado que deben ser vinculados al proceso el ex ministro de defensa, Jorge Alberto Uribe, el ex comandante de las Fuerzas Militares, general (r) Carlos Alberto Ospina Ovalle y el vicepresidente Francisco Santos.  “Ellos son responsables del delito de encubrimiento. Se dedicaron a llevar testigos falsos ante los cuerpos diplomáticos, la Fiscalía y el Congreso, para desviar la investigación”.

Se espera que en las próximas semanas se conozca la condena contra el capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien se acogió a sentencia anticipada en julio pasado, después de aceptar su participación en la masacre cometida contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.