Expansión del Fuero Militar destruye la independencia del sistema judicial

Ponencia Presentada ante la Audiencia Pública sobre la Ampliación de la Jurisdicción Penal Militar

Comisión Primara del Senado de la República

Distintos organismos internacionales han podido constatar en los últimos años que uno de los factores que han contribuido al agravamiento de la crisis de Derechos Humanos es el elevado número de violaciones a Derechos Humanos perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Las cifras de estas violaciones han puesto de presente que en muchos casos no se trata de hechos aislados, sino de prácticas desarrolladas de manera masiva y generalizada, obedeciendo además a pautas de actuación o patrones uniformes y ampliamente extendidos, y desarrolladas con base en mecanismos institucionales, normativos, logísticos, financieros y presupuestales, e implementados con base en directivas superiores, lo que hace que dichas violaciones se constituyan en crímenes de lesa humanidad y además que su responsabilidad implique directamente a los altos mandos y a las autoridades políticas y militares que estuvieron al frente de las fuerzas mientras se llevaban a cabo dichas estrategias.

Desde el año 2002 más de 3.500 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, bajo la modalidad de falsos positivos, por parte de integrantes de la Fuerza Públicaⁱ; más de 18.600 personas han sido víctimas de desaparición forzadaⁱⁱ, y en muchos de estos eventos se señala la responsabilidad de servidores públicos y/o paramilitares que han actuado con su colaboración, apoyo o complicidad. Se estima, además que cerca de 2 mil mujeres fueron víctimas de violaciones sexuales por parte de miembros de la Fuerza Pública entre 2001 y 2009ⁱⁱⁱ, en tanto que cerca de 2.500 personas fueron víctimas de torturas entre 1998 y 2008, estando comprometida la responsabilidad de agentes del Estado en el 92,6% de los casos^iv.

En la inmensa mayoría de los casos estos crímenes permanecen en la impunidad, sus responsables no han sido individualizados y el Estado Colombiano no ha mostrado voluntad para hacer justicia en estos casos. Las trabas y obstáculos para alcanzar verdad y justicia han provenido en muchas ocasiones de parte de los propias fuerzas del orden. La ampliación del fuero militar a este tipo de delitos condenará seguramente a sus víctimas y a sus familiares a no conocer la verdad sobre estos crímenes atroces, a no saber el paradero o el destino de sus seres queridos y a no poder obtener reparaciones ni garantías de justicia que alcancen a los responsables que ordenaron, organizaron e instrumentalizaron estos crímenes, por lo que la Justicia Internacional tendrá que asumir, en nombre de la humanidad las responsabilidad de investigar y llevar ante las justicia a los más altos responsables de estos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de Derechos Humanos, ante la falta de voluntad y avances eficaces en la lucha contra la impunidad y el desmonte de las facultades de la justicia ordinaria y de los mecanismos legales para que estos delitos puedan ser investigados de manera imparcial e independiente.

DOCUMENTO COMPLETO

i Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos. Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia 2002‐2010. Crímenes de Lesa Humanidad bajo el Mandato de la Seguridad Democrática. En: www.justf.org/files/presentations/1209_CCEEUU.pdf