Graves ataques a la labor de las y los defensores de derechos humanos en Colombia
DEFENSORESCAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL
 
Informe sometido a la Relatora de Naciones Unidas
sobre los defensores de derechos humanos
en el marco de su visita a Colombia
(7-18 de septiembre de 2009)
 
 
 
En el mes de abril del año 2002 en su informe a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones sobre su visita a Colombia, la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, la Señora Hina Jilani, expresó que “ve con profunda preocupación el ambiente de intimidación e inseguridad en el cual los defensores de los derechos humanos desempeñan su trabajo”. Como resultado de su visita al país en Octubre del 2001, la Represente Especial constató que “observa que existe un patrón de abusos graves que han sido cometidos contra los defensores de los derechos humanos, que incluyen amenazas, desapariciones forzadas, homicidios y desplazamiento forzoso. Asimismo, observa que todos los sectores de la sociedad civil se ven afectados por la violencia, incluyendo los funcionarios del Estado que trabajan en temas de derechos humanos. Algunos grupos, tales como los dirigentes sindicales, las minorías étnicas, los desplazados internos y las mujeres, se han visto más afectados que otros. En vista del incremento de los ataques violentos perpetrados en su contra, la Representante Especial se encuentra seriamente preocupada por la seguridad de los dirigentes sindicales e indígenas  ”.[1]
 
Ocho año después de su visita, estos abusos graves o patrones no sólo no han cesado, sino que se han recrudecido, lo cual muestra que las recomendaciones formuladas por la Sra. Hina Jilani hace más de siete años no solamente no han sido implementadas sino que el Gobierno ha actuado en contra de las mismas.
 
Aunque la Sra. Jilani manifiesta que, en ese momento, las principales violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos provenían de la actuación de los grupos paramilitares, pudo también constatar que “… ve con preocupación algunos de los métodos empleados por la Policía y el Ejército en contra de los defensores de los derechos humanos, particularmente por los archivos de inteligencia que mantienen estas fuerzas, los cuales contienen información falsa acerca de dichos defensores y por la interceptación de las líneas telefónicas de las organizaciones no gubernamentales. También condena la inquietante tendencia de los funcionarios del Estado y los oficiales del Ejército de violar la Directiva Presidencial 07, mediante el empleo de una retórica irresponsable en contra de los defensores de los derechos humanos, a quienes acusan con frecuencia de ser colaboradores de la guerrilla”[2]. A comienzos del año 2009 se ha conocido que, desde el año 2004, poco tiempo después de que la Representante Especial del Secretario General hiciera públicas sus denuncias sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, un grupo especial de inteligencia estratégica (llamado “G3”) cuya creación no tiene ningún fundamento jurídico, ha operado dentro de la Oficina de Inteligencia DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que depende directamente del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Se conoce que el G3 inició la más gigantesca operación de espionaje ilegal y de seguimientos detallados y meticulosos a la labor de los defensores de derechos humanos y a sus organizaciones que se haya tenido conocimiento en la historia del país. Algunos de los usos que se le ha dado a la información recogida de manera ilegal han sido la entrega de listas a grupos paramilitares de sindicalistas y defensores de derechos humanos que debían ser asesinados, –y que efectivamente lo fueron[3]–, y operaciones de “inteligencia ofensiva” consistentes en llevar a la práctica diferentes ataques, montajes, amenazas de muerte y repetidas y continuadas violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos y sus familiares cercanos, incluidos los hijos menores de edad, configurando una situación de ataques generalizados y sistemáticos a la labor de defensa de los derechos humanos.
 
Interlocución de las organizaciones de derechos humanos con el Gobierno Nacional
 
Desde el 10 de noviembre de 2008, las cuatro plataformas de derechos humanos y paz[4]  y 16 sectores sociales se comprometieron en un proceso de interlocución con el Gobierno Nacional con miras a tratar de acordar las garantías necesarias para la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y para el reconocimiento de la legítima actividad de las organizaciones y movimientos sociales a nivel nacional. Para esos efectos, una Mesa Nacional de Garantías ha sido establecida en abril de 2009. Esta Mesa está compuesta de representantes del Gobierno Nacional, de 16 sectores sociales y de las cuatro plataformas de derechos humanos y paz. Este proceso ha sido acompañado por la comunidad internacional en Colombia. El propósito de este diálogo es de abordar y concretar las garantías que harían posibles las condiciones para la labor de defensa de los derechos humanos y especial que brinde condiciones para la participación de diversos sectores de la sociedad y de las organizaciones de derechos humanos en el proceso de discusión de un Plan Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, cuyo proceso de discusión no ha podido avanzar debido a la falta de garantías denunciada por las organizaciones de la sociedad civil.
 
Con el establecimiento de la Mesa Nacional de Garantías, las plataformas y los líderes de los sectores sociales acordaron la realización de una serie de Audiencias Regionales para concertar las garantías frente a los ataques y amenazas que en distintas regiones han venido afectando a los defensores de derechos humanos y acordar mecanismos para brindar estas garantías.
 
Sin embargo, a pesar del empeño y la voluntad de las plataformas de derechos humanos y de paz y de los sectores sociales representados por generar condiciones para la defensa de la vida y la libertad de los defensores de derechos humanos y los miembros de las organizaciones sociales, en este proceso, las plataformas han constatado que, en vez de medidas efectivas para superar la situación, se han incrementado los ataques por parte del Gobierno y de diferentes autoridades estatales a la labor de defensa de los derechos humanos y en contra de las organizaciones de derechos humanos y de sus integrantes, dejando en evidencia la falta de voluntad gubernamental para adecuar su conductas a los cambios requeridos y demandados tanto por la sociedad civil como por los sectores de la comunidad internacional interesados. Esta situación de riesgo quedó en evidencia en los departamentos de Sucre y Risaralda en donde varios de los asistentes a estas Audiencias Regionales de Garantías sufrieron amenazas de muerte y tuvieron que abandonar sus regiones.
 

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