Cese definitivo a los falsos positivos judiciales contra los luchadores populares
El Estado colombiano ha desatado una ofensiva contra los movimientos sociales y populares que ha puesto en entredicho la voluntad del gobierno de turno de brindar las debidas garantías democráticas después de que salgan avantes los procesos de paz, esa paz que va más allá del silenciar las armas de fuego, una verdadera paz con justicia social anhelada por el pueblo colombiano.
El régimen político colombiano está evidenciando su talante dictatorial criminalizando el derecho a la organización y la protesta popular estigmatizando, señalando y judicializando a dirigentes y activistas sociales populares, profesionales, estudiantes y jóvenes comprometidos con la paz con justicia social, que demandan el derecho a la participación directa y vinculante de la sociedad en la construcción de una solución política negociada al conflicto colombiano.
Esta política de criminalización se ha incrementado en los últimos meses con la privación ilegal de la libertad de militantes de los movimientos sociales y políticos Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, reeditando las políticas represivas inspiradas en la doctrina de seguridad nacional aprendidas en las escuelas contrainsurgentes dirigidas por EEUU y desarrolladas por las dictaduras en nuestra América contra el movimiento popular en los años 70 del siglo pasado.
Frente a tales agresiones, responderemos con la movilización en las ciudades y en el campo. Llamamos al conjunto del movimiento social y político popular y democrático a responder con firmeza y dignidad; a persistir en la solidaridad hasta lograr la libertad de los hijos e hijas
del pueblo encarcelados por pensar y ser críticos con el régimen; a exigir garantías políticas para la organización, la movilización y la protesta popular; a demandar la participación decisoria en la construcción de la paz con justicia social y a hacer eco al llamado de nuestros compañeros y compañeras privados de la libertad a no perder la dignidad y no claudicar.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ejerzan una veeduría dirigida a garantizar el debido proceso a los detenidas y detenidos y el ejercicio profesional a los abogados y abogadas que adelantan la defensa técnica quienes han sido víctimas de estigmatización y señalamiento por parte de las autoridades colombianas, poniendo en riesgo su seguridad personal y la de sus familias.
PENSAR, ORGANIZARSE Y PROTESTAR NO SON DELITOS
LIBERTAD INMEDIATA PARA LAS VÍCTIMAS DE FALSOS POSITIVOS JUDICIALES
GARANTÍAS POLÍTICAS PARA LA PROTESTA, LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR
Congreso de los Pueblos – Antioquia
Marcha Patriótica – Antoquia
Equipo por la Dignidad
Corporación Jurídica Libertad
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Antioquia