Portada del Informe Comuna 13: Memorias de un Territorio en Resistencia.
Para el presente informe sumaron sus energías y conocimientos las siguientes organizaciones, todas ellas con larga trayectoria de presencia en la zona y cada una con maneras de estar y trabajar, metodologías y énfasis diversos: Corporación Jurídica Libertad, Instituto Popular de Capacitación, Centro de Fe y Culturas; además, la Fundación Obra Social Madre Laura y el Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, organizaciones que han encarnado la lucha por la memoria y la verdad en la comuna 13.
Este grupo de organizaciones respalda la tarea del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición creado en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. El presente documento es una contribución al trabajo que desarrolla la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), al propósito del esclarecimiento de los hechos y responsables del conflicto armado que ha vivido la comuna 13 y al reconocimiento de las víctimas y al trabajo de las organizaciones sociales de la zona.
La creación del informe retoma el acumulado histórico de las organizaciones en materia de acompañamiento a las víctimas, el trabajo por los derechos humanos y la construcción de memoria. Los contenidos corresponden a desarrollos investigativos y de memoria histórica elaborados durante años; asimismo, están puestas aquí las voces, reflexiones y planteamientos aportados por víctimas, lideresas y líderes comunitarios, además de organizaciones juveniles y sociales, a quienes se acudió para nutrir el ejercicio.
Los antecedentes del conflicto en la comuna 13 de Medellín se remontan hasta finales de la década de los 80 con la aparición de las primeras expresiones armadas, conocidas como las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y las Milicias América Libre, y su posterior reconfiguración, hacia el año 1995, con la aparición de los Comandos Armados del Pueblo (CAP). La persecución estatal contra estos solo se estructuró con fuerza en el momento en que dejaron de ser una organización armada de connotación territorial o vecinal para convertirse en una fuerza con capacidad de confrontación incluso contra el mismo Estado. Tanto los relatos de los pobladores como el análisis de algunos académicos, además del cubrimiento de los propios medios de comunicación, evidencian que la presencia miliciana en la comuna 13 no fue considerada inicialmente como un factor de riesgo para la institucionalidad; por el contrario: servía a los intereses de seguridad (y limpieza social), que no era provista por el Estado y gozaba de cierta legitimidad en sectores de la población. Sin embargo, la consolidación del proyecto miliciano ligado a los grupos insurgentes llevó a la decisión de perseguirlo y acabarlo.
A finales de los 90 e inicios del 2000 también se consolidó la estrategia de urbanización del conflicto por parte de la insurgencia, que en el caso de la comuna 13 implicó la llegada de estructuras militares del ELN y las FARC con la intención de ejercer control territorial basadas en una estrategia más militar que política; entraron en confrontación, incluso, con otros grupos que ya estaban posicionados en el sector. Tuvieron, COMUNA 13: MEMORIAS DE UN TERRITORIO EN RESISTENCIA 20 además, una fuerte confrontación militar con las estructuras paramilitares que ya ejercían control en casi toda el Área Metropolitana y que querían dominar la comuna por ser esta un corredor estratégico que une el suroccidente de la ciudad con el Occidente del departamento y con la salida al mar por Urabá, importante para el tráfico de armas, drogas y el control militar de Medellín.
Es en esta dimensión estratégica del territorio ligado a la ciudad como debe entenderse el desarrollo y posicionamiento de las estructuras paramilitares en la capital antioqueña y particularmente en la comuna 13. Si bien la narrativa del conflicto armado ha pretendido señalar lo ocurrido allí como una disputa territorial entre dos actores armados (guerrilla vs. paramilitares), la realidad es que el proyecto paramilitar ya hacía presencia en esta zona antes de la llegada del ELN y las FARC (por ejemplo, con el Bloque Metro y el Frente José Luis Zuluaga de la ACMM); la presencia guerrillera fue, de hecho, un factor de retraso para la expansión de su dominio.
La imposición de dicho modelo se logró no solo a través de la persecución militar contra las milicias y las guerrillas, sino mediante la represión a los procesos organizativos de la comunidad, la estigmatización y las agresiones contra la población. Entre 2001 y 2002 se llevaron a cabo operaciones militares a gran nivel contra la guerrilla, muchas de las cuales fueron llevadas a cabo articuladamente con las estructuras paramilitares, como es el caso de la ya conocida Operación Orión, que marcó el final de la presencia miliciana y guerrillera en la zona. Pero aquellas no solo tenían el propósito de perseguir a los CAP, las FARC y el ELN: su objetivo principal fue imponer el paramilitarismo en la comuna y el modelo contrainsurgente que sigue asegurando intereses políticos y económicos de sectores de las élites regionales.
Las diversas modalidades de agresión evidencian patrones que tenían como propósito el disciplinamiento social, la generación de miedo, el control social y, finalmente, el dispositivo para la imposición de un modelo social y político que los distintos actores armados defendían y que lograron en diversos periodos de tiempo imponer a los pobladores; modelo que hasta hoy determina la vida y las dinámicas de relacionamiento en amplias zonas del territorio.
Por este conjunto de razones, el informe da cuenta de aspectos como el papel que jugó el Estado, especialmente las Fuerzas Armadas, y grupos armados ilegales en las graves violaciones a los derechos humanos y las prácticas genocidas, y no solo de los crímenes cometidos por la guerrilla y los paramilitares. Pone en evidencia que en el periodo post-Orión (2002-2005) fue cuando se presentó el mayor número de casos de desaparición forzada. También devela cómo el territorio desde 2007 ha sido disputado por grupos armados derivados del proceso paramilitar del Valle de Aburrá, hecho que en la última década produjo más de 1200 muertes (aproximación con cifras oficiales), hasta 2019; asimismo, muestra que el liderazgo social ha sido atacado sistemáticamente por los grupos paramilitares en los últimos 15 años (de ello dan cuenta los asesinatos de lideresas y líderes).
Este documento demuestra que durante varios años consecutivos la comuna 13 ha sido el territorio de la ciudad con mayor número de muertes violentas y casos de desplazamiento forzado, a pesar de ser la zona con mayor número de efectivos de la Policía y el Ejército; hasta hoy se mantiene la presencia de estructuras armadas organizadas que ejercen control social, económico y territorial, y que operan a través de grupos articulados a estructuras criminales de mayor poder en los 35 barrios y sectores, con injerencia en amplias zonas de otras comunas y de corregimientos.
Los daños individuales, políticos, culturales al tejido social y comunitario son la muestra de cómo el conflicto afectó al conjunto de la población y el desarrollo de los procesos organizativos, y contra quiénes los actores armados, legales e ilegales, focalizaron estrategias sistemáticas de persecución y debilitamiento del liderazgo social, así como contra la posibilidad de la transformación social mediante el impulso de propuestas alternativas, como la misma idea de la planeación del territorio desde un enfoque participativo autónomo y de respeto por los derechos humanos.
La impunidad estructural que rodea todos los crímenes muestra que el círculo de la barbarie se cierra: se les niega a los pobladores, y especialmente a las víctimas directas del conflicto en el territorio, la oportunidad de conocer la verdad, ser reparadas integralmente, reconstruir los proyectos de vida rotos y habitar en un territorio en condiciones de vida dignas. Las fuerzas sociales y la resistencia comunitaria se mantienen aún en los peores momentos de barbarie. La organización social de la zona impulsó acciones de contención y resistencia no violenta para contrarrestar los impactos de la confrontación armada y el control social. En los periodos más agudos del conflicto armado, fueron el arte y la cultura las principales herramientas de resistencia no violenta ejercidas principalmente por mujeres y jóvenes. Las afectaciones del conflicto en la población motivaron la creación de colectivos en torno al trabajo de construcción de la memoria, exigencia de justicia, reparación a las víctimas y un fuerte tejido alrededor de la defensa de la vida. La organización social existente allí se ha convertido en el principal factor de protección de las víctimas y en soporte de los procesos de desarrollo local.
Cuando se habla en distintos escenarios, y también en este informe, de conflicto social y armado, se reconoce que la exclusión política y social en su momento pudo explicar el surgimiento de proyectos insurgentes en el país, que se propusieron por la vía armada provocar cambios estructurales que, según sus ideales, redundaran en el bienestar de la población. El uso de esta categoría para referirse al conflicto armado colombiano no está legitimando la utilización de la violencia como mecanismo de solución de conflictos ni los abusos de fuerza cometidos por todos los actores; al contrario, está propugnando hacia la salida política negociada, la cual necesariamente pasa por la realización de reformas económicas y políticas que permitan superar los niveles de inequidad que todavía hoy explican el que los niños y jóvenes sigan siendo el insumo de las degradadas estructuras criminales que permanecen en la comuna 13 y en la ciudad de Medellín imponiendo por la fuerza un modelo de control social y territorial para regular y usufructuarse de actividades económicas legales e ilegales.
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Cra. 47 # 53-45 Ed.
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