LA ADMINISTRACIÓN INCUMPLE PROMESA DE ALBERGUE

No eran aún las 6:00 de la mañana del jueves 26 de abril cuando funcionarios de la Secretaría de Gobierno y miembros de la Policía Nacional llegaron al barrio La Cruz con el propósito de desalojar a un grupo de cien familias asentadas en el sector desde hace cuatro meses, desplazadas por la violencia, la miseria y la exclusión que campea en los municipios antioqueños y chocoanos. 

Las viviendas a medio levantar eran ocupadas, a esa hora del día, por mujeres y niños asustados ante la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno y Espacio Público,  y miembros de la Fuerza Pública, especialmente porque algunos de ellos no estaban plenamente identificados y no portaban uniforme.

Pese a que conocían la intención de desalojo de la Administración Municipal a causa de que se hallaban en “zona de alto riesgo”, la comunidad esperaba que la Secretaría de Gobierno respetara el primer acuerdo al que llegaron, que consistía en generar una serie de diálogos en los que se plantearan las necesidades y prioridades de parte y parte, de modo que no se diera un proceso de desalojo forzado como el que resultó, donde se intentó impedir que los medios de comunicación acompañaran y cubrieran el hecho, fueron agredidas tres personas, un menor de edad entre ellos, y evitaron que la comunidad hiciera una olla comunitaria, sometiéndolos a aguantar hambre durante todo el día. 

Si bien el operativo de desalojo fue informado, dijeron profesionales de la organización  de desarrollo y ayuda humanitaria Visión Mundial, no fueron notificados ni el día ni la hora de realización del procedimiento, tomaron a la gente por sorpresa sin darles, siquiera, la oportunidad de recoger sus escasas pertenencias.

Con las tablas de sus casas destruidas, en medio de la desolación y la incertidumbre, las trescientas personas escucharon con esperanza el compromiso de la Administración Municipal de ofrecerles albergue, realizar un censo de las familias desalojadas, entregarles subsidios de arrendamiento e inscribirlas en programas gubernamentales para acceder a subsidios de vivienda digna.

Cuatro días después ya no hay esperanza, ni confianza a las falaces promesas. Algunos regresaron donde sus familiares de “arrimados”, y otros volvieron a deambular por las calles de una ciudad que los invisibiliza.