La crisis humanitaria en Antioquia se agudiza y preocupa la respuesta institucional

Continúan los retenes paramilitares, empadronamientos, bloqueo de insumos básicos, incursiones armadas en los caseríos, enfrentamientos y amenazas a liderazgos y procesos sociales en Antioquia.

En Antioquia, una grave amenaza se cierne sobre las regiones, los liderazgos sociales y los procesos organizativos que han llevado la voz de las comunidades en la defensa de la vida y la permanencia digna en los territorios.

Este departamento, especialmente en regiones como el Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño, ha sido objeto de fuertes disputas por parte de actores económicos y armados; situación que se ha venido recrudeciendo con la arremetida de grupos paramilitares, entre ellos los que se definen  Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC conocidos como Clan del Golfo, que a su paso han dejado un panorama desolador marcado por la muerte, el desplazamiento,  las desapariciones, el confinamiento y las masacres contra la población civil; generando zozobra y terror como parte del plan genocida que se viene perpetrando contra el movimiento social.

El plan expansivo de las autodenominadas AGC en Antioquia inició desde el año 2017, como consecuencia del incumplimiento por parte del gobierno nacional en lo referente a  los Acuerdos de Paz firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP en el 2016, lo cual generó una fuerte disputa por el copamiento del territorio debido a su ubicación estratégica y a las grandes riquezas naturales y reservas en oro, codiciadas por actores económicos, políticos y armados, para el fortalecimiento de negocios ilícitos como el cultivo de coca y la minería ilegal, y, principalmente para despojar a las comunidades de sus tierras y dar paso a megaproyectos de multinacionales, empresas y terratenientes.

En regiones como el Oriente Antioqueño también se ha venido denunciando la presencia del mismo grupo armado y el accionar permanente y soterrado del Clan Isaza desde hace más de 8 años, e incluso en sesión de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño del pasado mes de marzo, el comandante local del Ejército confirmó que las AGC siempre han estado en el territorio. Sin embargo, nunca ha habido ni una alarma y mucho menos una estrategia que busque la confrontación y desarticulación de estas estructuras.

Sumado a esto, con la arremetida paramilitar ha avanzado también el microtráfico en las zonas rurales del departamento, y de manera profunda en el Oriente, Urabá y Suroeste Antioqueño. Esta es una de las estrategias que se suman al control territorial de estos grupos que están generando adicción y consumo en las juventudes para atraerles a su proyecto paramilitar, obtener rentas ilícitas y fortalecer su estructura criminal, lo cual deteriora de manera evidente el tejido social y comunitario debido al reclutamiento de menores, y el asesinato de jóvenes por consumir sustancias psicoactivas que no provengan de su economía ilegal.

Las comunidades manifiestan preocupación ya que las AGC avanzan fácilmente por los territorios de Antioquia, a pesar de que se encuentran altamente militarizados, por lo que se cuestionan si existe connivencia de la fuerza pública pues es evidente que no se realizan acciones contundentes para detener la expansión del paramilitarismo.

Por otra parte, ante las denuncias presentadas por las organizaciones y procesos sociales, la Fiscalía exige pruebas y soportes contundentes, y no avanza en las investigaciones de violaciones de derechos humanos, promoviendo la impunidad en los casos, y presentando mano dura contra las comunidades, adelantando investigaciones sin fundamento probatorio, e incluso realizando montajes judiciales.

Las autoridades competentes y el gobierno nacional tienen claridad del riesgo en que se encuentran las comunidades, el mismo que ha sido sobreadvertido tanto por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos como por la Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas; no obstante, hasta el momento no se ha presentado una respuesta integral del gobierno para atender esta emergencia humanitaria.

Este panorama se ha agudizado en los últimos meses, y se han presentado en el marco de actividades humanitarias y de paz, entre ellas la Asamblea por la Paz del Nordeste Antioqueño, realizada el 11 y 12 de noviembre del pasado 2023, en donde fueron amenazadas algunas de las personas que participaban del evento.

Es importante resaltar que, en la misma asamblea, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asumió ciertos compromisos para atender la crisis en el territorio, los mismos que siguen en total incumplimiento, entre ellos la implementación de la estrategia de Misiones Paz.

En este sentido, son varias las exigencias que se condensan desde la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia:

Planteamos que para contener la crisis humanitaria es fundamental avanzar en las mesas de negociación y en los procesos de sometimiento (esto último implica la adopción de un marco jurídico); además, desmantelar los grupos paramilitares y todas las estructuras que atentan contra la población, lo que implica la implementación de la Política Pública de desmonte, decretada el 2023.

Es indispensable que se designen las y los Comisionados Regionales de Paz; que se desarrollen los Diálogos Regionales que se contemplan en la Ley de Paz Total; además de Misiones Paz y Ecosistemas de Paz, propuestas que ha presentado este gobierno para ser implementadas en los territorios. También, es esencial que el gobierno nacional y los grupos armados asuman y respeten la agenda humanitaria y los 13 mínimos humanitarios que desde la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia se han planteado para buscar la protección de la población civil.

Reconocemos que los Ceses Bilaterales son importantes, pero insuficientes, pues se ha evidenciado que el mayor número de confrontaciones es entre paramilitares contra la guerrilla y las disidencias; por ello, es urgente firmar un Cese al Fuego Multilateral, y que los grupos armados legales e ilegales cesen todos los ataques contra la población civil.

Es urgente que se materialice la participación de las organizaciones sociales, así como el diseño y la implementación de acciones y dinámicas humanitarias en los territorios del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, reconocidas como zonas críticas.

Es necesario que la Fuerza Pública cumpla con su deber constitucional de proteger a la población; por ello, es vital que las entidades encargadas investiguen las denuncias acerca de la continuidad de nexos de estas instituciones con las estructuras paramilitares urbanas y rurales en Antioquia, así como con otros grupos armados.

Por todo lo anterior, la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, en el marco de su presente Asamblea, hace un llamado urgente al gobierno nacional, departamental y local, a fin de que se tomen medidas inmediatas e integrales para atender y solucionar de forma eficaz la emergencia humanitaria en Antioquia, y avanzar en el desmonte del paramilitarismo, brindando garantías para la vida digna, la permanencia en los territorios y los derechos de las comunidades que les habitan y defienden.