La Corporación Jurídica Libertad, La Corporación Nibaru, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de Lideresas, Líderes, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, condenan las graves violaciones a los derechos humanos que vienen siendo cometidas por la fuerza pública contra las comunidades campesinas que hoy protestan contra la erradicación forzada y exigen el cumplimiento del PNIS y que se encuentran declarados en refugio Humanitario.

Ante los operativos de erradicación forzada iniciado el pasado 23 de octubre de 2021 en la zona, cerca de 400 campesinos y campesinas se declararon bajo la figura de Refugio Humanitario con el fin de continuar haciendo defensa de su territorio, exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz, principalmente el Decreto 896 del 2017 y los compromisos acordados entre el Estado y estas comunidades en el marco del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); además del pliego de negociaciones pactado entre el Estado (nacional, departamental y local) y las comunidades que se movilizaron en la jornada de Paro, Anorí a las Calles (abril – mayo de 2021).

Como ha sido denunciado desde el mismo 23 por parte de la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia – ASCNA y el Proceso Social de Garantías para la Labor de Lideresas, Líderes, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – PSG, las graves violaciones a los derechos humanos que se han presentado, son de responsabilidad del Teniente Godoy quien está al mando del operativo y del grupo de erradicación forzada de la Policía Nacional.

Entre las denuncias que se han conocido se dan cuenta de violencia física y verbal contra campesinas, campesinos, líderes y líderes por parte de la fuerza pública; el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía

Nacional, quienes han disparado al cuerpo de las y los manifestantes gases lacrimógenos y balas de goma, lo que ha dejado varios manifestantes lesionados. Se reporta seis casos de graves lesiones, una de las víctimas podría perder uno de sus ojos a causa del disparo de un gas lacrimógeno por parte de la Policía. Otras dos tuvieron que se evacuadas

Es preocupante como la Policía Nacional sigue siendo denunciada por hurtar los bienes de las comunidades y esta no es la excepción, ya que en el marco de las actuales protestas las y los manifestantes han dado a conocer que efectivos policiales hurtaron una cadena de oro y un reloj a un manifestante. A esto se suma las intimidaciones y amenazas contra manifestantes y lideresas, tal es el caso de Luz Mery López lideresa de la ASCNA, quien fue víctima de amenazas con arma de fuego por parte de la Policía Nacional cuando se encontraba en el río recogiendo agua para el Refugio Humanitario. En ese hecho Luz Mery denuncia que agentes policiales le iban a obligar a subir por “unas peñoleras, poniendo en grave riesgo su vida, a lo cual ella se negó”.

También se ha denunciado que agentes de la Policía Nacional en el marco de la protesta portan armas de fuego, las cuales en algunos casos han sido detonadas al aire, comportamiento que pone en riesgo la vida de las personas que están en la zona y que es contrario a lo establecido en la normas.

Todo este escenario de violencia y brutalidad policial pone en peligro a quienes están ejerciendo su derecho a la protesta social además de otras personas que están en el Refugio Humanitario como son los menores de edad y mujeres.

Como organización de derechos humanaos rechazamos estos ataques contra las comunidades que siguen esperando una respuesta del Gobierno colombiano hacia el cumplimiento de los acuerdos pactados y exigimos el retiro inmediato de los miembros de la fuerza pública que se encuentran dentro del territorio campesino, además de que cese la represión.

Alteras y exigencias

• Al gobierno nacional exigimos detener de manera inmediata los operativos de erradicación forzada en la zona y retirar a los miembros de la fuerza pública ya que lo que se está presentando en la zona de Anorí, es un escenario de protesta el cual debe ser atendido con diálogo y cumplimiento de los Acuerdos por parte del gobierno de Iván Duque.

• Exigimos a la Policía Nacional respetar los derechos humanos de quienes están protestando y de quienes están en el Refugio Humanitario, por ello es urgente que se detenga el empleo indiscriminado del uso de la fuerza y de las armas de “menor letalidad” las cuales como se ha visto durante estas protestas ha dejado heridos. Exigimos de manera inmediata sea retirado el personas de la Policía que porta armas de fuego.

• Exigimos abrir investigaciones contra los miembros de la fuerza pública que han estado en la zona y que actuaron contra la vida, libertad e integridad de las y los manifestantes y personas que habitan en el Refugio Humanitario.

• Alertamos al Ministerio Público sobre estos hechos y otros que la fuerza pública pueda cometer contra las personas que protestan y que hacen parte del Refugio Humanitario. Advertimos que el actual contexto de uso desproporcionado de la fuerza puede conllevar a que la Policía cometa homicidios, detenciones arbitrarias; además de continuar con las agresiones físicas, verbales, señalamientos, estigmatizaciones y otras acciones que ponen en riesgo la vida e integridad de quienes se manifiestan.

• Exigimos al Ministerio Público y demás organismos de control del Estado para que se garanticen los derechos de las comunidades campesinas y que exhorten a la fuerza pública a que cumpla con su deber constitucional de proteger la vida de la población, y a cumplir con lo exigido por la Corte

Constitucional en materia de garantía de derechos fundamentales de las y los campesinos.

• Exigimos al Ministerio Público en el marco de sus competencias investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes policiales.

Es fundamental que el Estado colombiano implemente sin más dilaciones el Acuerdo de Paz y avance con el PNIS y los PDET como salida a la problemática social cocalera. La paz territorial requiere de la voluntad y compromiso férreo del gobierno colombiano, pero también de la garantía a los derechos fundamentales de estas poblaciones que siguen esperando implementación del Acuerdo de Paz y las promesas del Estado colombiano.