El documento que entregaron a la Personería contiene la declaración de desplazamiento colectivo por el Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango y por la agudización del conflicto armando en el Norte y Occidente de antioquia, zona de influencia de la hidroeléctrica.
Según la ley 1448 de 2011, una persona se considera desplazada cuando pierde su actividad económica habitual y cuando se ve obligado a dejar su lugar de vivienda, en este sentido, estas comunidades son desplazadas por los desalojos forzosos que ocasionó la construcción de la represa, que sumados a todos los hechos victimizantes relacionados con la agudizacion del conflicto armado agravan su situación.
La declaración es un amplio documento que relata en detalle los testimonios de quienes se han visto afectados con el megaproyecto, la diferencia del conflicto armado antes y su agudización después de iniciada la construccion de la Hidroeléctrica, lo que ha provisto mayor presencia del Ejército y de la fuerza pública en la zona de influencia del proyecto, “con esta declaración buscamos que en Colombia se empiece a hablar de desplazamiento forzado por causa de los megaproyectos. No habíamos podido realizar esta declaración porque el proceso tal y como lo establece la ley, según la Unidad Permanente de Derechos Humanos -Personería-, dice que debe ser la Alcaldía del municipio receptor la que levante el censo, ya que ellos tienen acceso a esa documentación” aclara Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos.
A principios de abril del año en curso, los afectados por Hidroituango ya habían hecho presencia en la Personería para denunciar su situación, pero en esa ocasión llegaron funcionarios de EPM lo que generó una produnda molestia y un sentimiento generalizado de intimidación, “no entendimos nunca por qué estaban ellos ahí atentos a la declaración sobre violación a nuestros derechos, situación de la que ellos eran responsables” agrega Isabel. Lo que es altamente preocupante si tenemos en cuenta que se trataba de una reunión interinstitucional entre la Personería y el Movimiento Ríos Vivos en representación de las comunidades. Los campesinos entonces se negaron a rendir su declaración por la falta de confianza para denunciar los desmanes y abusos ejercidos por funcionarios de EPM.
Su exigencia es clara, ¡justicia!, asistencia humanitaria para estas comunidades que se han visto afectadas por el desplazamiento forzado a causa del megaproyectro, muchos de ellos revictimizados por haber padecido con sus familiares ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas y hasta obligados a abandonar sus tierras a raíz de las masacres, lo que implicaría un trato diferencial, que es precisamente lo que buscan demostrar con la declaración, “insistimos en que se realicen invetigaciones profundas, qué den cuenta si hay una relación entre el conflicto armado y la construcción de la Hidroeléctrica. Que nos atienda dignamente, exigimos la voluntad del Gobierno Departamental y Nacional para atender nuestra situación, y que en esta medida se nos garantice un retorno en condiciones dignas y seguras, para que estemos dispuestos a asumirlo voluntariamente” afirmó Isabel Cristina.
Y no es para más, las condicones en que es encuentran los campesinos son críticas y para que tengan asistencia humanitaria no se precisaba su declaración como desplazados, carecen de alimentos, las instalaciones del coliseo de la Universidad de Antioquia -su lugar de albergue temporal- están cubiertas por un techo bastante deteriorado lo que les impide resguardarse del invierno que por estos días aqueja la ciudad y proliferan las enfermedades infecciosas, de hecho, dos personas han tenido que ser hospitalizadas a cuasa de pulmonía.
Aunque estas comunidades ya habían tenido acercamientos con representantes de la Policía y del Ejército, no se ha obtenido ningún resultado que les garantice su retorno, a este respecto Isabel Cristina comenta, “hace varios días recibimos una propuesta de la Gobernación de Antioquia y EPM, donde se limitan a una valoración con instancias sólo del Departamento, nosotros exigimos que se constituya una mesa de negociación que analice la vulneración a nuestros derechos y las condiciones para volver a nuestros territorios, una mesa con veeeduría del Gobierno Nacional y de ser necesario del orden internacional, que sirvan de garantes en el proceso y tengan en cuenta los múltiples intereses en la construcción de la Hidroeléctrica .
Ahora solo pueden esperar la valoración de la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación integral de las Víctimas), que desde Bogotá analizarán las circunstancias que enmarcan los testimonios relatados en la declaración, a partir de la cual emitirán una respuesta donde niegan o aceptan la condición de desplazamiento por megaproyectos de represas. Por lo pronto, seguirán siendo los brazos solidarios los que sustenten y aminoren el padecimiento de estos campesinos.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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