En medio de la crisis que afrontamos como sociedad por la pandemia del COVID-19 las desapariciones forzadas continúan en Colombia. Empezando la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, alertamos la presunta desaparición forzada de María Rocío Silva Cabellero, lideresa de los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar y miembro de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Vallecito, del municipio de San pablo, Bolívar.
María Silva se encuentra desaparecida desde el pasado 21 de mayo de 2020, sus familiares, compañeros, amigos y vecinos han emprendido todas las acciones de búsqueda, y denuncian que su desaparición “pudo ser a manos de miembros del ejército nacional”[1]. Su comunidad se encuentra en continuo riesgo, pues en pasadas ocasiones han denunciado hostigamientos y acciones de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública a los cultivos de campesinos y campesinas de la región. A este caso se suma el del líder campesino y comunal, integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, John Fredy Restrepo Monsalve, desaparecido desde el pasado 29 de abril en el municipio de Tarazá, Antioquia.
Así como hoy exigimos que se promuevan mecanismos de búsqueda y de investigación exhaustiva y efectiva para encontrar a María y John Fredy, también nos seguimos preguntando, ¿dónde están las más de 80.472[2] personas desaparecidas en Colombia? ¿Por qué razón el porcentaje de impunidad frente al delito de la desaparición forzada es del 99,51%[3]? ¿Quiénes han impedido que se conozca el paradero de nuestros seres amados? ¿Por qué se los/as llevaron? ¿Cuándo comparecerán ante la justicia los perpetradores y quienes fueron cómplices de estos crímenes? Los miles de familiares de desaparecidos y desaparecidas en Colombia, después de 39 años de declarar la última semana de mayo, como la Semana Internacional del detenido-desaparecido seguimos buscando a nuestros seres queridos, batallando en contra de la impunidad y reivindicando su memoria. Ya sabemos las cifras y tenemos la certeza que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿por qué los detuvieron y desparecieron?, ¿quiénes lo ordenaron?, ¿qué querían? Y seguimos insistiendo en ¿Dónde están?
En la Semana Internacional del detenido desaparecido las organizaciones de víctimas, de derechos humanos, forenses y atención psicosocial que hacemos parte de la Mesa Nacional de Trabajo Sobre Desaparición Forzada (MDTDF), exigimos al Estado colombiano, en la cabeza del Presidente Iván Duque, que reconozca la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas para conocer de casos de desapariciones forzadas en Colombia como garantía del respeto de los derechos de las víctimas de Desaparición Forzada, del cumplimiento de los compromisos internacionales y derivados del Acuerdo de Paz, y teniendo en cuenta que en Colombia siguen presentándose desapariciones forzadas en el conflicto armado o en ejercicio de la violencia estatal, además que hay más de 80 mil desapariciones forzadas que están en la más completa impunidad.
La ratificación de los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Ley 1418 de 2010) es urgente para garantizar la búsqueda y localización de las víctimas. La justificación para excluir la competencia de El Comité para tramitar los casos de desaparición forzada cometidos con posterioridad a la firma de la Convención, con el argumento de que en Colombia la justicia se ocupa con eficiencia de esclarecer y sancionar este delito y el Estado se esfuerza en prevenirlo, buscar a las víctimas y reparar a sus familiares, es falso y alejado de toda realidad. Prueba de ellos es que el Estado colombiano no ha acogido las recomendaciones realizadas por el Comité en 2016, la búsqueda de las víctimas sigue siendo incierta y los casos se siguen multiplicando. Al día de hoy no sabemos ¿Cuáles son las políticas y metas del gobierno del presidente Duque, orientadas hacia la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia?
Ya sabemos las cifras y tenemos la certeza que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿por qué los detuvieron y desparecieron?, ¿quiénes lo ordenaron?, ¿qué querían?
Nuestra exigencia se suma al reclamo de los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y firmantes de paz que siguen siendo objeto de la criminal práctica de la desaparición forzada. Tenemos la certeza de que este crimen no ha cesado y sigue siendo uno de las acciones utilizadas por agentes del Estado y estructuras paramilitares, muestra de ello es el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR el cual constata que en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016), cada cuatro días se registra un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto armado[4].
La búsqueda y localización de los miles de hombres y mujeres es un derecho de las familias y una obligación del Estado y sus instituciones que debe ser exigida por toda la sociedad. Por ello, es urgente que la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas desplieguen de forma inmediata y sin mayor dilación todos sus esfuerzos y obligaciones para garantizar los derechos de las víctimas. Así mismo esperamos que se sumen a la Campaña ¿Dónde Están? y lograr la plena ratificación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y en la entrada en vigencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desapariciones Forzadas.
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