Resumen
En sus cinco años de existencia el MOVICE ha podido consolidarse como un espacio que puede ofrecer alternativas viables en los procesos de exigibilidad de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. A la vez, se ha posicionado como uno de los principales actores sociales y políticos que con voz propia ha venido confrontando las políticas del Gobierno y reclamando cambios estructurales en el Estado colombiano. Cambios que permitan obtener Verdad y Justicia y hacer viable un Estado Democrático como principal forma de reparación al conjunto del pueblo colombiano.
La labor en defensa de los derechos de las víctimas se ha desarrollado en un contexto de militarización de los espacios civiles y de la criminalización y estigmatización de la oposición política a nivel regional y nacional en el marco de la política denominada “Seguridad Democrática”.
A raíz de las labores de denuncia y en defensa de los derechos de las víctimas (Verdad, Justicia, Reparación Integral y No Repetición) el MOVICE y sus integrantes han sido objeto de estigmatización, criminalización y revictimización por parte del Gobierno y sus funcionarios así como de las estructuras paramilitares vigentes. Muchas de las agresiones son presentadas por la Fuerza Pública, el Gobierno y la prensa nacional como falsos positivos, entendidos estos no solo como ejecuciones extrajudiciales, sino también como otros supuestos logros de la política de la Seguridad Democrática en los que civiles son presentados como terroristas o insurgentes abatidos, detenidos o desmovilizados.
La acción sistemática de señalamiento y estigmatización por funcionarios del Gobierno (Presidente, Vice-Presidente, DAS, ministros) y diferentes medios de comunicación, así como la criminalización a través de montajes judiciales en contra de defensores de derechos humanos e integrantes de movimientos sociales y políticos de oposición es el primer paso hacia la ejecución de estos falsos positivos. Además ha creado un clima que legitima los hostigamientos y excesos de la Fuerza Pública en contra de los defensores/as y movimientos sociales y las amenazas y agresiones de los grupos paramilitares.
Mientras que los responsables de los crímenes contra integrantes del MOVICE no sean perseguidos y los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado queden en total impunidad, se mantiene un clima que justifica estas agresiones y permite a los agresores seguir agrediendo. El Gobierno colombiano busca a la vez implementar un estado de total impunidad en las violaciones cometidas por integrantes de la Fuerza Pública y tapar los extensos nexos entre sectores políticos, económicos y la Fuerza Pública con la estrategia paramilitar.
Las estrategias de revictimización de las que ha sido objeto el MOVICE y sus integrantes han sido múltiples en el camino de exigencia de los derechos de las víctimas. Se ha hecho una sistematización de casos para poder elaborar este informe, destacando que las cifras aquí presentadas constituyen apenas una pequeña parte de todas las agresiones sufridas por integrantes del MOVICE en las diferentes parte del país, entre otros por los miedos que han existido para denunciar, la falta de confianza en el sistema judicial por el alto grado de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y la falta de seguimiento de las denuncias. Se han podido recopilar 210 casos de revictimización entre el 25 de julio de 2005 y el 25 de julio de 2010 contra integrantes del MOVICE y/o personas que han tenido una participación activa en los espacios políticos y organizativos que ha creado el MOVICE a nivel nacional y regional.
Estas agresiones se presentaron en 13 capítulos regionales del MOVICE, abarcando casi todo el territorio nacional, incluyendo 7 personas asesinadas y los secretarios técnicos de Caquetá, Antioquia y Sucre con procesos y/o investigaciones judiciales abiertas. El Capítulo Sucre se presenta con un panorama de suma preocupación ya que se han registrado 61 agresiones contra sus integrantes. Es importante subrayar que en el 26% de los casos de revictimización hay una responsabilidad directa de funcionarios públicos (Fiscalía, Presidente de la República, políticos regionales) y/o integrantes de la Fuerza Pública (DAS, Policía Nacional, Ejército Nacional). Las estructuras paramilitares que según el Gobierno nacional han dejado de existir a partir de 2006 tienen una responsabilidad directa en el 19% de los casos, bajo nuevos nombres como “Los Rastrojos”, las “Aguilas Negras”, “Nueva Generación” y “los Paisas”.
Este informe ilustra las diferentes estrategias de revictimización que han sido utilizados contra el MOVICE con casos específicos. También abordamos las estrategias de impunidad usadas para aislar los casos de su contexto político y/o mantener los victimarios en libertad. Hay que subrayar que en los casos de revictimización contra integrantes del MOVICE que se han documentado, no ha sido condenada ninguna persona por su responsabilidad directa o indirecta, lo que lleva a una situación de total impunidad hasta la fecha.