ORDENAN DESALOJO DE DIEZ VIVIENDAS EN ALTOS DE LA VIRGEN

Catorce meses han pasado desde que los habitantes de Altos de la Virgen comenzaron a denunciar las particulares circunstancias del incendio[i] que devoró 176 casas del barrio, la miseria en la que viven la mayoría de las familias que allí se han asentado, y el rechazo a trasladarse a la Ciudadela Nuevo Occidente, en el sector de Pajarito, no sólo por los altos costos de los servicios públicos y su deficiente acceso, sino también por los problemas de seguridad que ello les acarrearía puesto que, de acuerdo a las denuncias de algunas de las personas que han sido reubicadas en esta urbanización, en ella cohabitan miembros de bandas que mantenían enfrentamientos en sus barrios de origen.

Haciendo caso omiso a las denuncias, las exigencias y la voluntad manifestada por las familias de Altos de la Virgen para concertar soluciones, la Administración Municipal se ha valido de decisiones de orden político y administrativo para presionar el desalojo de las que aún continúan en el barrio, e incluso ha empleado métodos de intimidación, tales como citación a innumerables reuniones en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), suspensión de Servicios Públicos Domiciliarios, afirmaciones verbales de tener que renunciar al subsidio si no aceptan ser reubicados en Pajarito, pese a las promesas de ofrecerles viviendas usadas.

En su afán de despojarlos, nuevamente han programado una jornada de desalojo, para el próximo lunes 29 de agosto, en contra de 10 grupos familiares que llegaron recientemente a dicho asentamiento, desplazados por el conflicto social y armado y cuyas condiciones socioeconómicas son de extrema pobreza. Asimismo se realizará la primera prueba piloto del Laboratorio de Reasentamiento Poblacional, liderado por la Personería de Medellín con acompañamiento de varias secretarías, institutos y programas del Municipio de Medellín, para hacer el respectivo diagnostico y llevar a cabo la orden de desalojo expedida desde hace más de un año.

En vista de las circunstancias, la Corporación Jurídica Libertad invita a las organizaciones sociales y populares, y especialmente a los medios de comunicación, a hacerle seguimiento a esta situación para evitar más abusos a esta población marginada.