Comunicado: Porvenir II, una licencia que niega los derechos de las víctimas

Foto: Tomada de la web 

La Corporación Jurídica Libertad, en su labor de defensa del territorio y los bienes comunes interpuso acción de nulidad en contra de las resoluciones Nro. 168 de 13 de febrero de 2015, “Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones”; y 726 de 19 de junio de 2015, “Por medio de la cual se resuelven unos recursos de reposición en contra de la Resolución 168 del 13 de febrero de 2015”, expedidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, mediante las cuales se pretende realizar el proyecto PORVENIR II en las montañas del Oriente antioqueño, el cual consiste en realizar una intervención en la parte baja de la Cuenca del Río Samaná norte, donde plantean la construcción de una central hidroeléctrica, desconociendo afectaciones ambientales y sociales que han sido denunciadas por la comunidad y el movimiento social.

Como consecuencia de lo anterior, el día 16 de mayo de 2019, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de las resoluciones, ante lo cual la ANLA, PORVENIR II S.A.S E.S.P., presentaron recurso extraordinario de súplica, el cual fue negado el 14 de septiembre de 2020 por parte de Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal.

Para dicha decisión se retomaron varios de los argumentos expuestos por la Corporación Jurídica Libertad, quien en su momento expuso la necesidad de que se decretara la medida cautelar, teniendo presente varias irregularidades que se presentan al interior del proceso de licenciamiento, entre ellas se resalta que no se ha desarrollado un adecuado proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, razón por la cual debe darse prioridad a estos derechos antes de permitir el desarrollo del proyecto.

Esta realidad hace parte de una compleja tensión que existe en el país entre el modelo extractivista y los derechos de las víctimas, estas últimas que primero fueron desplazadas por el conflicto social, político y armado, ahora padecen la misma amenaza en varios de los territorios del país, pero esta vez quienes lo hacen son empresas y multinacionales auspiciadas por el Estado, por ello insistimos en llamar a que el gobierno asuma un papel de garante y no de cómplice a las violaciones de derechos humanos que se presentan por esta política, además de la imperante necesidad de debatir de manera pública y transparente sobre el modelo de desarrollo económico y sus consecuencias sobre los derechos humanos.