Este es un pronunciamiento colectivo del movimiento social de mujeres, feministas, disidencias sexuales y organizaciones y plataformas de derechos humanos
Medellín, 13 de marzo 2024
El pasado viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujeres Trabajadoras, el movimiento social de mujeres, feminista y disidencias sexuales nos movilizamos insistiendo en cuestionar las expresiones y estructuras que sostienen, reproducen y recrudecen las violencias contra las mujeres, los cuerpos femeninos y feminizados en la ciudad de Medellín. Declaramos juntas y en las calles una denuncia pública por las desapariciones y los feminicidios como formas extremas de violencias ejercidas y normalizadas en una sociedad que oprime y desprecia a las mujeres.
A las marchas convocadas asistimos más de 5.000 mujeres de diferentes territorios, etnias y edades que, entre cantos, tambores, patines y carteles, manifestamos el dolor por la crisis de violencias basadas en género que hace años atraviesa la ciudad de Medellín. La marcha, como cada año, reunió múltiples formas de ejercer nuestro derecho a la protesta.
Durante el recorrido nos encontramos con una desproporcionada y hostigante presencia de la UNDMO, (antiguo ESMAD) en la estación Hospital del Metro, a poca distancia del punto de llegada, grabando a quienes nos movilizábamos. Leemos esta situación como un ejercicio de provocación a las manifestantes. Además, cuestionamos el papel de la Personería de Medellín quienes durante toda la marcha tomaron fotografías, ejercieron presión sobre las mujeres para que avanzáramos a una mayor velocidad y posteriormente se ubicaron al lado de la UNDMO y en frente de las marchantes, lo cual interpretamos como una actitud de respaldo a la fuerza pública.
A estas situaciones se suman las graves acciones y pronunciamientos de la administración de Federico Gutiérrez y la Policía del Área Metropolitana, quienes en un uso desproporcionado del poder han individualizado, criminalizado y estigmatizado públicamente a varias mujeres que participaron de la movilización, exponiéndolas a través de videos y carteles, lo cual constituye una directa vulneración a sus derechos constitucionales de principio de inocencia, debido proceso y a la protesta social y pone en alto riesgo sus vidas e integridad física, en una ciudad con una misoginia exacerbada y en crisis por altos índices de violencias basadas en género.
Resaltamos que, la persecución dada por las autoridades de Medellín es desproporcionada y vulnera los principios rectores del tratamiento de datos personales, sin tener en consideración que se exponen datos biométricos de menores de edad sin autorización de sus cuidadores, ante lo cual su publicación y difusión constituye una actuación ILEGAL. Además de la estigmatización y criminalización que estas acciones generan en torno al movimiento feminista, las disidencias sexuales y toda aquella persona que porte pañuelo verde y morado, así como a la protesta social de manera general.
Rechazamos la postura que ha asumido la Subsecretaría de las Mujeres de Medellín Manuela Restrepo Sylva en esta situación y le hacemos un llamado a cumplir con su labor como funcionaria pública y velar por la protección de los derechos y la integridad de las mujeres individualizadas. A las funcionarias de la Secretaría de Mujeres les recordamos que esta secretaría es un logro del movimiento social de mujeres de Medellín y tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de TODAS las mujeres del Distrito. A la Secretaria de las Mujeres Valeria Molina le preguntamos ¿esta será la forma de relacionarse con el movimiento feminista los próximos cuatro años?
Denunciamos que dichas actuaciones van en contravía de las recomendaciones hechas por la CIDH en su visita de trabajo a Colombia en el 2021, tendientes a proteger el derecho a la protesta de forma diferencial y especial a jóvenes, mujeres, población con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas y defensoras de derechos humanos. Además, incumple el protocolo de protesta distrital dictado en el Decreto 0889 de 2023, en lo relacionado con la obligación de no incurrir en conductas estigmatizantes por parte de entes del Estado.
Exigimos al gobierno local, a la Policía del Área Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación que se cumpla el debido proceso y demás garantías procesales de las mujeres señaladas públicamente, que realicen un pronunciamiento público retractando la acción e impida la continuación de la circulación del cartel, así como todas las demás medidas necesarias para que se corrija esta desproporcionada exposición y acción de disciplinamiento público al legítimo ejercicio del derecho a la protesta.
Llamamos a la Personería a que despliegue sus funciones en el marco del complimiento de sus competencias y misionalidad respecto a la garantía de los DDHH con enfoque de género y no interfiera en el libre desarrollo de la protesta social, así como a que haga una efectiva veeduría e intervención ante el uso arbitrario de la fuerza y de los medios institucionales para la persecución y violaciones a los derechos individuales y colectivos.
Defendemos nuestro derecho a la protesta y continuaremos ejerciéndolo cada vez que sea necesario con la misma fuerza, decisión y contundencia que hemos emprendido cada una de las luchas por la garantía y ampliación de nuestros derechos.
Estamos juntas, fortalecidas y dispuestas a cuidarnos entre nosotras. No permitiremos que una administración autoritaria y patriarcal ponga en riesgo nuestras vidas y atente contra la legitimidad de un movimiento que durante décadas hemos construido de manera colectiva y comprometida.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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