El 29 de agosto de 2007, el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, señaló públicamente a la Comisión Colombiana de Juristas y al Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, como organizaciones que registraban dentro de sus informes, a guerrilleros muertos en combate como civiles fuera de combate. Así, sostuvo: “estamos viendo muchas veces a la guerrilla vestida de civil, y entonces los dan de baja e inmediatamente, que es casi automáticamente acusan: mire ejecuciones extrajudiciales, y eso inmediatamente va a esa lista de esa organización que usted citó”.
Ante la gravedad de tales afirmaciones y ante la estigmatización que ellas significan para el trabajo de los defensores de derechos humanos en el país, desde el mismo momento de estas declaraciones, se solicitó al Ministro Santos probar sus afirmaciones o retractarse de las mismas. Después de varias peticiones, e incluso de reiteradas órdenes de jueces de tutela, el Ministro, a pesar su incapacidad para sostener sus afirmaciones, se negó reiteradamente a rectificar.
El 13 de julio de 2009, después de dos años de insistencia en el escenario judicial y de recurrentes llamamientos de los jueces de tutela para que se respetaran los derechos involucrados, el Ministro encargado de Defensa Nacional, Freddy Padilla De León, tras una declaración de desacato proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 7 de julio de 2009, debió rectificar las afirmaciones hechas por el Gobierno en cabeza de su predecesor y reconocer:
“A la fecha, este Ministerio no conoce de casos puntuales reseñados por la Comisión Colombiana de Juristas y/o el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en los que miembros de un grupo guerrillero que habiendo sido muertos en combate, hayan sido registrados y presentados como civiles muertos fuera de combate”..
A pesar de que esta retractación se da después de que el Ministro desaprovechara las múltiples oportunidades que tuvo para reconocer que había hecho afirmaciones sin fundamento, y sólo como producto de un fallo de desacato, aprovechamos la oportunidad para insistir en la necesidad de que altos funcionarios del Gobierno cesen afirmaciones difamatorias contra los defensores de derechos humanos, las cuales no sólo violentan derechos individuales sino además, y lo más grave, afectan la actividad de defensa de los derechos humanos en Colombia y, en consecuencia, el efectivo y pleno respeto, protección y garantía de tales derechos para todas y todos los colombianos.
Bogotá, 27 de julio de 2009
Mayor información:
Gustavo Gallón Giraldo
Comisión Colombiana de Juristas
Teléfono 376 8200, ext. 115