Bajo los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, amparadosen sus uniformes y armas de dotación, miembros de las Fuerza Pública hanasesinado cientos de civiles para presentarlos como individuos abatidos encombate, con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. Esasejecuciones, que son precedidas por desapariciones forzadas, son de caráctersistemático y deben ser tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Resulta deextrema gravedad que quienes deben defender la vida de los ciudadanos y velarpor su seguridad, sean quienes se encargan de violar los derechos humanos enforma generalizada, y que esas prácticas criminales sean auspiciadas por lapolítica de Seguridad Democrática.
Los llamados “falsos positivos” no pueden ser considerados comodelitos de individuos desviados, casos aislados o como meros síntomas decorrupción dentro de las fuerzas militares. Estos hechos se han presentado enmúltiples departamentos del país, de manera permanente y con la participaciónde oficiales, suboficiales y soldados rasos del Ejército Nacional. La directivaNo. 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia ofreceestímulos a cada soldado que demuestre haber abatido a miembros de gruposarmados al margen de la ley.
Legalizar las ejecuciones perpetradas por miembros de laFuerza Pública es una vieja modalidad criminal en Colombia. En septiembre de2008, los “falsos positivos” se dieron a conocer al país cuando 19 jóvenes delmunicipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosascomunes en el municipio de Ocaña y Norte de Santander. En años recientes, laplataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidosdenunció más de 1.400 de estos casos. Por su parte, la Fiscalía General de laNación ha comenzado investigaciones relacionadas con ejecucionesextrajudiciales que involucran a 763 agentes de la Fuerza Pública y quereconocen la existencia de por lo menos 1.137 víctimas.
Aunque el presidente Uribe, una vez se enteró de la gravedadde los hechos, ordenó la destitución de 27 militares, entre ellos tresgenerales, esta medida no ha sido suficiente. El ministro de Defensa, JuanManuel Santos, ha declarado que estos crímenes son cosa del pasado. Sinembargo, los medios de comunicación siguen registrando a diario denuncias quedemuestran la persistencia de estas ejecuciones.
El 6 de marzo de 2009, el Movimiento de Víctimas de Crímenesde Estado convoca a la realización de una jornada contra las ejecucionesextrajudiciales, cuyo evento central será una reunión nacional de losfamiliares de las víctimas de “falsos positivos”. Dicho evento debe contribuira diseñar estrategias de verdad, justicia, reparación y no repetición en loscasos de estos crímenes de lesa humanidad.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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