Los representantes legales de la madre de un joven desaparecidoen la comuna 13 de Medellín presentaron este martes en New York una mociónlegal ante el juez federal que sentenciará el próximo 24 de febrero alparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido con el alias don Berna,extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 junto a 14 jefesparamilitares más por decisión del presidente Álvaro Uribe Vélez.

El escrito pide al Juez Richard Berman del Distrito Sur de Nueva York que escuchea la víctima y considere sus derechos a consultar con los fiscales y serrestituida antes de sentenciar al líder paramilitar. De permitirlo, el Juez tomaráen cuenta el testimonio de la victima al fijar los términos de la condena, que podríaincluir una orden de reparación económica. Esta gestión legal abre laposibilidad a la intervención de victimas colombianas en los procesos denarcotráfico contra líderes paramilitares en los Estado Unidos.

El 17 juniode 2008, Murillo se declaró culpable de conspiración para importar cocaína alos Estado Unidos y enfrenta a una posible condena entre 27 a 33 años, pues aceptó quehacía un doble papel en las Auc: inspector general y encargado de lasactividades de narcotráfico, así como del transporte de la cocaína y de lasoperaciones financieras de la organización. En 2001, las Auc fueron incluidasen el listado de organizaciones terroristas del gobierno norteamericano.

La madreafirma ser víctima de la conspiración de narcotráfico cometida por MurilloBejarano contra los Estados Unidos. Según la moción legal, el jefe paramilitarordenó la desaparición y ejecución de residentes de la comuna 13, incluyendo elhijo de la peticionaria, con el fin de controlar una “corredorestratégico” para el narcotráfico. Los hechos hacen referencia a lasdesapariciones y posteriores asesinatos de por lo menos 70 personas, entrehombres, mujeres e incluso menores de edad, ocurridos desde noviembre de 2002. Enfebrero de 2008, Murillo aceptó su responsabilidad penal por las desaparicionesy ejecuciones de residentes de Comuna 13.

Como pruebadel vínculo entre el narcotráfico y las desapariciones, el escrito señala eldescubrimiento cerca de la comuna 13 de un laboratorio de estupefacientes quetenía la capacidad de procesar 1,000 kilogramos de cocaína por semana. En unapropiedad cercana fueron halladas fosas comunes con los restos de personasdesaparecidas por los paramilitares liderados por alias don Berna. El escritoconcluye que Murillo usaba “medios violentos para manejar el narcotráfico” y“las ganancias de narcotráfico para financiar las desapariciones y matanzas”.

La Clínica Legal de DerechosHumanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad deCalifornia Berkeley y el bufete privado Wilson Sonsini Goodrich y Rosatirepresentan a la peticionaria. La moción se basa en la Ley de los Derechos deVíctimas de Crímenes, en vigencia desde el año 2004 y que otorga ampliosderechos a victimas en los Estados Unidos. Es la primera vez que se usará estaley a favor de víctimas de violaciones de derechos humanos y, específicamente,a favor de víctimas colombianas del paramilitarismo. Además de tener estepoder, esta Clínica representa a víctimas de 7 de los 15 paramilitaresextraditados.

“Queremosparticipar en las audiencias y dialogar con fiscales federales para asegurarque las extradiciones y los procesos por narcotráfico no sean un obstáculo parala verdad y la justicia en Colombia”, dijo Roxanna Altholz, directora asociadade la Clínicade Berkeley y representante de la peticionaria.

Tras laextradición de los líderes paramilitares de las Auc para enfrentar cargos denarcotráfico, losgobiernos de Colombia y Estados Unidos se comprometieron a asegurar laparticipación de los extraditados en el proceso de Justicia y Paz. El Embajadorde los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, aseguró que el gobiernonorteamericano facilitará “todo el acceso, toda la información y todas lasoportunidades a las victimas” de los crímenes cometidos por paramilitares.

Hasta la fecha, porlo menos seis de los quince líderes paramilitares han llegado a acuerdos conautoridades norteamericanos y solo uno de los extraditados, Salvatore Mancuso,ha rendido nuevas declaraciones sobre las violaciones de derechos humanoscometidas en Colombia. “Los extraditados paramilitares están buscando acuerdoscon autoridades norteamericanos para rebajar sus penas,” dijo la licenciadaAltholz, “depende de la justicia norteamericana incentivarlos para que hablende los asesinatos y desapariciones cometidas en Colombia”.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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