Una Nueva Afrenta a las Víctimas

Fotos: Archivo CAHUCOPANA

“Conmemoración 27 años de la masacre de Segovia”

Por: Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste antioqueño

Este 11 de noviembre al cumplirse veintisiete años de la masacre de Segovia – Antioquia, el gobierno colombiano se apresta a pedir perdón por estos hechos, en los que fueron asesinadas 46 personas y 54 más quedaron heridas, como consecuencia de la incursión de un comando paramilitar llegado de Puerto Berrío, Magdalena Medio Antioqueño,  con la connivencia de la fuerza pública (policía y ejército), altos mandos  de la brigada 14, y con el apoyo de Cesar Pérez García, congresista del partido liberal para la época de los hechos. Esta tragedia que sufrimos los segovianos aún continúa grabada en la memoria de las víctimas y de quienes nos correspondió vivir el horror de aquella tarde- noche cuando las ráfagas de fusil y el estruendo de las granadas ensordecieron y apagaron estas 46 vidas. Entonces el dolor y el terror se instauró en cada uno de los habitantes.

Si bien reconocemos a las víctimas del 11 de noviembre y todo su dolor y sufrimiento, no podemos dejar en el olvido antecedentes de otros hechos criminales que demuestran una política de persecución y muerte por parte del Estado contra las comunidades. Podemos nombrar acciones como las que sufrieron los campesinos en la denominada “Operación Anorí”, que abarcó varios municipios del nordeste en 1973; la matanza en la vereda Lagartos, en el municipio de Amalfi en 1983; la matanza de Cañaveral en 1982 y  la de Cañaveral y Manila en 1983 en Remedios; todas ellas desarrolladas contra el denominado “enemigo interno”. Con la masacre del 11 de noviembre de 1988 se inauguró un nuevo “teatro” de guerra: las áreas urbanas pasaron a convertirse en común denominador  contrainsurgente, y la población civil en objetivo militar.

Históricamente, el nordeste ha sido un territorio de lucha y organización social. Es una región que se ha caracterizado por su economía extractivista, especialmente de oro. Esto llevó a que en los años treinta se creara en Segovia uno de los principales sindicatos mineros y agrarios del país, que contribuyeron a formas organizativas de las comunidades como expresión de poder popular desde lo rural a lo urbano, a ello se sumó el ascenso de la Unión Patriótica a las alcaldías de Remedios y Segovia en 1988, y  a concejos en otros municipios de la región. La alteración del mapa político que comenzaba a darse en el país, las movilizaciones de las comunidades a través de sus diversas formas de expresión, fue el detonante para que se arreciara la guerra atroz.

Las acciones posteriores estuvieron dirigidas al exterminio del opositor político y la desarticulación del tejido social representado en los sindicatos, las juntas cívicas, los comités de derechos humanos, las juntas comunales y barriales y las juntas campesinas, los movimientos políticos Unión Patriótica y A luchar. A la par se realizaba el trazado de los oleoductos Colombia y Ocensa, y la interconexión eléctrica.

En desarrollo de las políticas de agresión se cometieron asesinatos selectivos y masacres como las del 22 de abril de 1996 en Segovia, la del 2 de agosto de 1997 en Remedios, y las de 1999 en el municipio de Yolombó, además de la desarticulación y aniquilamiento del movimiento cívico de Amalfi en 1994.

Las operaciones encubiertas de la fuerza pública y las etiquetas utilizadas para amedrentar a la población fueron: MRN (Muerte a revolucionarios del Nordeste), Realistas, ANA (Autodefensas del Nordeste Antioqueño), MACOGUE (Muerte a Comunistas y Guerrilleros), Fuerza del pueblo en acción y Grupo de autodefensas del nordeste (GAN). Más tarde se da el asentamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC – en abierta complicidad con la fuerza pública.

También se tiene la funesta declaración de Zona  Especial de Orden Público en los municipios de Remedios y Segovia en 1996, pedida por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, que dio lugar a atentados dinamiteros en algunas viviendas de pobladores y la entrada en operatividad del GAN en 1997, en los municipios mencionados por espacio de nueve meses.  A comienzos del  año dos mil, se instaura el Bloque Metro de las Autodefensas y luego el Bloque Central Bolívar. En el último tiempo, el nuevo ropaje del paramilitarismo, son las bandas criminales.

Ante este panorama, la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño y otras organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas, consideramos que un acuerdo de solución amistosa (perdón y olvido) como la concibe el gobierno nacional para esta ocasión, no tiene en cuenta el contexto descrito y se convierte en un acto formal que no evidencia una verdadera reparación transformadora. Esa errónea concepción deja terribles sin sabores en las víctimas, los desplazados y en la población segoviana. Desnaturalizar el perdón es una burla para las comunidades que han sufrido por años el flagelo del terrorismo de Estado.

Por tanto le exigimos al gobierno nacional el establecimiento de una mesa de diálogo con las víctimas, como punto de partida para la construcción de una metodología conducente  a acciones reparadoras y transformadoras, que sanen el dolor, abandono social y sufrimiento a las que han estado expuestas por años las comunidades. A una verdad que contribuya a que las nuevas generaciones tengan como pilar de estudio la historia de los hechos que ocurrieron y el  porqué de ello, para que NUNCA MÁS vuelvan a suceder. A acoger las recomendaciones contenidas en el informe sobre las masacres de Segovia y Remedios elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Silenciar la democracia,  en materia de verdad, derecho a la justicia, la memoria y la reparación. A La explotación racional del recurso natural existente en la región y al desarrollo de una economía alimentaria que permita a las comunidades condiciones de una vida digna. A la cesación de los asesinatos, las estigmatizaciones, las intimidaciones y se permita la reconstrucción del tejido social y sus organizaciones de base. A  la construcción de la paz con las insurgencias, duradera  y con garantías de no repetición, y la transformación del estamento castrense y su doctrina.

Solo así se podrá hablar de perdón y una vez sanadas las heridas, iniciar la reconstrucción de una sociedad que merece la oportunidad de crecer en medio de otros contextos, de igualdad, respeto y justicia. Rechazamos la utilización de las víctimas en eventos de carácter mediático, esto en lugar de ayudar a la reconstrucción de la memoria y la recuperación de la autoestima y reconocimiento de  las comunidades y las personas que la integran, producen en realidad  su revictimización.

Suscriben:

CAHUCOPANA, UNIÓN PATRIOTICA, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, MOVICE Capítulo Antioquia

11 de noviembre de 2015