VIII JORNADA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y CONTRA LA IMPUNIDAD

Pese a que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 9 de diciembre de 1998, el derecho los individuos, los grupos y las instituciones de promover y procurar la protección y realización de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas; “los Estados se niegan a cumplir esta obligación de protección y, por el contrario, implementan medidas represivas y de persecución a los defensores de Derechos Humanos y opositores políticos, a quienes se les da tratamiento de “enemigos públicos”, “aliados del terrorismo” o peligro para la sociedad. Este es precisamente el caso de Colombia donde se criminaliza la opinión y la libertad de expresión, dejando como resultado cientos de víctimas que incluso han pagado con su vida el pensar diferente o su compromiso con la labor de defensa de los Derechos Humanos”.

Esta política de señalamiento, persecución y represión de la disidencia política, ha alcanzado tal punto de perfeccionamiento que en la actualidad no sólo se aplica a aquellos que estén por fuera de los partidos tradicionales, sino a cualquiera que se atreva a disentir, con lo que se promueve la homogeneización del pensamiento y la ilegalidad e ilegitimidad de todo lo que se contradiga con el establecimiento.

El Estado emprende, entonces, estrategias y acciones político jurídicas que pasan por la difamación de la labor de defensa de los Derechos Humanos, la oposición política y la disidencia social con declaraciones falsas a través de los postrados medios masivos de comunicación; la adecuación de marcos institucionales y legales para penalizar la protesta social; la persecución a través de procesos judiciales fundados en hechos y pruebas falsas; el fortalecimiento de grupos privados de ajusticiamiento que operan con altos niveles de permisividad; entre otras.

“A esto se suma el poco control político de esta situación –afirmaban los miembros de la Corporación Jurídica Libertad en la sesión del Concejo sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en la ciudad y el departamento-. En el caso de Antioquia, las autoridades de la Gobernación y la Administración Municipal han guardado absoluto silencio frente a los señalamientos, persecución y amenazas hacia las organizaciones y los miembros de éstas. Silencio que puede ser considerado como cómplice cuando se conoce la posición de dichas administraciones en relación con la labor que realizan en el campo de la defensa de los Derechos Humanos y de la oposición política las organizaciones investigadas”.

El lema de la Jornada de este año, Por el derecho a defender los Derechos Humanos, “es un grito de denuncia por todos los actos de represión, es un grito de exigencia al Estado colombiano para que no se cometan más actos de violencia contra los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, es un grito que pide solidaridad para que todos y todas nos unamos a exigir que por fin se reconozcan integralmente los Derechos Humanos.

Seis días de reflexión

El próximo lunes 7 de septiembre se inaugurará, en la Plaza Botero, la VIII Jornada por los Derechos Humanos y Contra la Impunidad con un Campamento por la expresión del movimiento social y popular: Somos minga de  los pueblos, donde diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos del departamento compartirán su quehacer con los transeúntes y presentarán una muestra de las actividades que desarrollan.

Se realizará, además, un plantón en el parque principal del municipio de Itagüí; una asamblea ciudadana donde se reflexionará sobre el problema de militarización en la ciudad y las alternativas de resistencia de las comunidades; un panel donde Alfredo Molano, María Victoria Fallón y Juan Diego Restrepo pondrán sobre la mesa las violaciones a la libertad de opinión en el contexto de la seguridad democrática; la presentación de un informe sobre la situación carcelaria en Medellín; y finalmente la clausura de la jornada, La ladera le habla a la ciudad, se llevará a cabo en los barrios La Cruz y La Honda, en la Comuna 3, con actividades culturales y recreativas.

Transversal a estas actividades se mostrará la Galería Itinerante de las Víctimas de Crímenes de Estado y se estrenará la Primera muestra de documentales colombianos sobre Derechos Humanos, con siete documentales que se proyectarán en diferentes puntos de la ciudad.

Esta Jornada es una oportunidad, también, para rendir un sentido homenaje a los defensores de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Jesús Puerta y Julio González, asesinados hace diez años en razón de sus actividades políticas. Y para recordar al compañero y amigo Winston Gallego Pamplona, privado de la libertad desde hace tres meses, y exigir su libertad inmediata.