No pudieron ser mayores el asombro y la indignación de las víctimas del paramilitarismo en Colombia cuando, sorpresivamente, fueron extraditados a Estados Unidos 14 jefes paramilitares sobre la base de haber reincidido en el delito, no cooperar con la justicia e incumplir con la reparación a las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega.
Más tarde, en su alocución pública, el presidente Álvaro Uribe Vélez justificó su decisión y mencionó, casi de paso, que Estados Unidos prestaría toda su colaboración para que continuaran las diligencias de versiones libres y los procedimientos judiciales, a través de su Embajada en Colombia, y facilitaría la obtención de material probatorio para la investigación y juzgamiento de delitos que le competan a las autoridades colombianas.
No obstante, olvidó mencionar que las víctimas estarían condicionadas a los trámites de la justicia estadounidense, por lo que estarían supeditados a la legislación norteamericana para conocer la verdad, lograr que tanto a los autores materiales como intelectuales de los crímenes de los paras sean sancionados, y ser reparadas de forma integral.
Artificios por la justicia, la verdad y la reparación integral
La justicia estadounidense, limitada y abismalmente alejada de la realidad colombiana, recibió bajo su custodia a los jefes paramilitares, omitiendo los crímenes que cometieron en diferentes regiones del país. Entre ellos se destaca el caso de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, responsable directo de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con operaciones en los departamentos de Antioquia y Córdoba, e integrante del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Interesadas en escapar del ostracismo al que fueron enviadas y con el objetivo claro de obtener verdad, justicia y reparación integral, las víctimas junto con sus representantes legales han venido implementando la lógica del sistema legal estadounidense y empleando todas las herramientas que este les brinda. Por lo tanto, además de hablar de sus hijos, hermanos, amigos, como víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de los paramilitares, han venido dando la pelea porque se les reconozca como víctimas del narcotráfico, toda vez que este fue el principal mecanismo de financiación de las criminales acciones de estas agrupaciones y que igualmente todos los jefes paramilitares postulados a beneficios de Justicia y Paz eran reconocidos narcotraficantes.
Así las cosas, el primer paso fue solicitar al juez Richard M. Berman, del Distrito Sur de New York, reconocer como víctima del narcotráfico a la madre de un joven desaparecido tras la Operación Orión, ejecutada en la Comuna 13 de Medellín por autoridades estatales y hombres del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, y por consiguiente escucharla, permitirle consultar con los fiscales que llevan el caso, intervenir durante la audiencia de sentencia del jefe paramilitar y confeso narcotraficante, incidiendo en la pena que ha de ser impuesta y logrando una reparación integral.
En la moción legal presentada al juez Berman se afirmaba que el jefe paramilitar ordenó la desaparición y ejecución de residentes de la Comuna 13, incluyendo el hijo de la peticionaria, con el fin de controlar un corredor estratégico para el narcotráfico. Si bien en febrero de 2008 Murillo aceptó su responsabilidad penal por las desapariciones y ejecuciones de habitantes de la Comuna 13, reconociendo la comisión de graves delitos como homicidio agravado, desaparición forzada y desplazamiento forzado, negó hasta el cansancio su condición de narcotraficante.
Valga resaltar que este jefe narcoparamilitar fue sancionado por las conductas punibles por él aceptadas en Colombia a la pena principal de 26 años de prisión, mediante fallo de segunda instancia proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín el pasado 25 de marzo, sanción que finalmente será adecuada a la pena alternativa prevista en la Ley de Justicia y Paz, la cual oscila entre cinco y ocho años de prisión que podrán ser descontados en el exterior.
En aquel momento la petición hecha por los representantes de la madre fue negada. Aún así las víctimas encontraron una posibilidad en la cuenta regresiva activada por el juez Berman al darle 45 días a alias “don Berna” para comparecer ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, y colaborar con las autoridades colombianas en el proceso de verdad, justicia y reparación. De lo contrario los descuentos punitivos a los que podría hacerse merecedor se evaporarían.
Como si no bastara con todas las tretas inventadas, el compromiso de contribuir de manera seria y eficaz con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía de no repetición, fue incumplido por el jefe narcoparamilitar, quien desatendiendo lo dispuesto por el Juez Federal y luego de entrevistarse con el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Aldana, y con Luis González León, Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, condicionó su participación en el proceso a la sentencia que se dictó en la mañana de hoy en Estados Unidos, burlando nuevamente los derechos fundamentales de las víctimas.
Lo más inaudito de esta situación es que la Fiscalía General de la Nación de Colombia ha contribuido -y continúa haciéndolo- con la estrategia defensiva y evasiva del jefe paramilitar al consignar en documento suscrito por Néstor Raúl Rangel Sánchez, Fiscal Sexto de la Unidad Nacional de Justica y Paz, que Diego Fernando Murillo Bejarano ha puesto a disposición del ente acusador, más no del fondo de reparación de víctimas, 122 bienes inmuebles para efectos de indemnización, y que su no comparecencia a las versiones libres programadas en el marco de Justicia y Paz obedeció, no a su falta de compromiso con las víctimas, sino a quebrantos de salud y a la negligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).
Contradictoriamente días después de la reunión entre Fiscal, Jefe de Justicia y Paz, y jefe narcoparamilitar, el abogado de este último, Diego Álvarez, afirmó en entrevista con Verdad Abierta que Diego Fernando Murillo Bejarano “piensa entregar –es decir, no lo ha hecho- 114 inmuebles principalmente rurales avaluados en 20 millones de dólares, entre los que figuran algunos terrenos de extensión considerable que están ubicados en Córdoba y una gran finca en San Vicente del Caguán”.
Por qué, entonces, afirma el Fiscal que ya han sido entregados 122 bienes cuando en realidad serían 114, y aún siguen en poder de alias “don Berna”. Sería pertinente, además, indagar la razón por la cual estos bienes inmuebles no han sido puestos a disposición del fondo de reparación de víctimas, tal como lo dispone la Ley de Justicia y Paz.
Un paso más
Usando a su favor la Ley de Derechos de Víctimas, consagrada en la legislación norteamericana, la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley y la Corporación Jurídica Libertad, apoderados de la madre del joven desaparecido en la Comuna 13 por hombres bajo el mando de alias “Berna”, interpusieron un Writ of Mandamus, el último recurso que podían emplear para que un juez federal le reconozca su status de víctima.
El éxito de este mecanismo implicaría grandes beneficios tanto para la madre como para las demás víctimas del paramilitarismo en Colombia, especialmente de los jefes de las AUC extraditados, puesto que sería el primer paso para que estos hombres comenzaran a ser investigados y reconocidos como violadores de derechos humanos, y no como simples narcotraficantes, y consecuentemente las víctimas fueran reparadas.
Desafortunadamente para los intereses de las víctimas del narcoparamilitarismo en Colombia, tanto las autoridades colombianas como norteamericanas le dan prelación a la investigación y juzgamiento a los delitos relacionados con narcotráfico, suprimiendo los que aluden a la comisión de delitos de lesa humanidad. Prueba de ello ha sido la decisión tomada por tres jueces de una corte de apelaciones del Distrito Sur de New York, quienes comunicaron en la tarde de ayer que la madre no sería reconocida como víctima bajo las leyes norteamericanas.
A pesar de lo lamentable de la decisión, de que las víctimas vuelvan a ser menospreciadas y se les niegue su derecho a la justicia, es indudable que este caso ha dejado un importante acumulado de conocimientos y experiencias que deberán ser aplicados en los casos de los demás jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos.
31 años y cuatro meses por narcotráfico
La Corte Federal que sancionó en el día de hoy al jefe narcoparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano tenía un rango de discrecionalidad para fijar la pena a imponer que oscilaba entre 27 y 33 años de prisión. La defensa de Don Berna pretendía que el quantum punitivo fuera el mínimo previsto, teniendo como estrategia que la colaboración en el proceso de Justicia y Paz sirviera más adelante para acceder a rebajas de pena, que permitirían reducir la condena hasta alcanzar diez años de prisión.
Para demostrar su compromiso con la Verdad, la representante judicial de don Berna manifestó que su representado contribuyó con grandes recursos económicos a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el año 2001, confirmando las conclusiones de varios analistas políticos que han afirmado que las elecciones presidenciales del 2002 fueron interferidas por dineros provenientes del narcotráfico y que el ascenso de Uribe a la presidencia era una más de las determinaciones del llamado Pacto de Ralito, como condición necesaria para la “refundación del país”.
Minutos después el director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda, quien se encontraba presente al momento de la lectura del fallo, señaló que la afirmación de que ‘Don Berna’, a través de las Autodefensas Unidas de Colombia, colaboró de alguna manera en la campaña de Uribe quedó debidamente registrada y que espera que eso genere nuevas investigaciones al respecto.
Sin embargo algunos observadores son escépticos frente al curso que pueden tomar estas investigaciones, toda vez que las mismas serán abordadas por la Comisión de Acusaciones del Senado, la cual es mayoritariamente uribista y tiene a la cabeza al senador Edgar Ulises Torres, vinculado al proceso de la parapolítica.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153