Hace ya 32 años que en Colombia se registró el primer caso de desaparición forzada, una práctica que para entonces habían perfeccionado las dictaduras militares en América Latina y que se afinaría aún más en medio de la lucha emprendida por la quimérica democracia colombiana contra la oposición política.
Corría el año de 1977 bajo la presidencia de Alfonso López Michelsen (1974-1978) cuando el 9 de septiembre, mientras se desarrollaba un paro cívico nacional contra las medidas antipopulares del gobierno, fueron detenidos por unidades del F2 (Inteligencia de la Policía) Omaira Montoya Henao, bacterióloga de la Universidad de Antioquia y militante de izquierda, y su compañero Mauricio Trujillo, en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
En la actualidad miles de nombres engrosan las listas de desaparecidos en Colombia. Mientras Naciones Unidas reporta 17 mil, las organizaciones de Derechos Humanos aseguran que son 24 mil los casos y la Fiscalía General de la Nación advierte que la cifra llega a 50 mil (hasta abril de 2009).
Según datos recogidos por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (Asfaddes), durante el año 2000 se reportó la desaparición de 767 personas, es decir que en promedio dos personas por día fueron víctimas de este crimen. Para el año 2003 el promedio escaló a cuatro personas por día, con un total de 1.189 víctimas en el transcurso de ese año.
En un balance sobre la primera administración del presidente Álvaro Uribe, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, conformado por 166 organizaciones no gubernamentales del país, indicó que un total de 11.084 personas fueron asesinadas o desaparecidas en Colombia por causas sociopolíticas entre julio de 2002 y junio de 2006.
Y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformada por el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas; ha afirmado que las desapariciones forzadas aumentaron dramáticamente entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008 , periodo en el que se registraron 7.763 casos, de los cuales 3.090 ocurrieron durante el año 2008.
Sin duda la práctica de la desaparición forzada es espantosa por sí misma. No sólo implica la privación de la libertad, sino también en muchos casos el asesinato de la víctima, frecuentemente tras un cautiverio en el que se llevan a cabo torturas. Este crimen favorece de manera deliberada la impunidad de los responsables, y sus efectos -el sufrimiento, la desazón y el sentimiento de vulnerabilidad- perduran incluso hasta después de conocer el paradero de los desaparecidos.
Pero en el caso colombiano, específicamente, es más aterrador aún comprender que mientras en doce años –los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana- se documentaron en total 7.607 desapariciones, en un poco más de un año (1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008) de la Administración Uribe la cifra de personas desaparecidas forzosamente atravesó ese límite.
Pese a que la práctica de desaparición forzada parecía estar dirigida exclusivamente a opositores políticos, según el Tribunal de Opinión sobre Desaparición Forzada en Colombia, reunido del 24 al 26 de abril de 2008 y conformado por seis jueces de opinión de diferentes nacionalidades que recibieron cerca de cincuenta testimonios donde se evidencia la crudeza de este crimen en el país, la práctica de detención desaparición forzada ha sufrido importantes cambios puesto que se ha venido dirigiendo también a personas sin afiliación política alguna, afectando a sectores de la población como indigentes, mujeres en situación de prostitución, drogadictos y travestis, en lo que los paramilitares han llamado “limpieza social”.
Las víctimas se reúnen
Interesados en generar escenarios de debate sobre esta problemática, diversos grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, junto con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Voces Ciudadanas y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codhesel); convocaron al Seminario Internacional sobre Desaparición Forzada: pasos hacia la construcción de memoria histórica, realizado el 11 y 12 de agosto en el Teatro Popular Camilo Torres Restrepo de la Universidad de Antioquia.
El Seminario contó con la participación del Relator del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Naciones Unidas, Santiago Corcuera Cabezut, y fue escenario de las reflexiones de diferentes especialistas: Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA; José Pablo Baraybar, coordinador del Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf); Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala; y las narraciones de familiares de víctimas de detención desaparición forzada en Colombia: el relato de Fabiola Lalinde madre de Luis Fernando Lalinde; los sobrevivientes de la masacre de Trujillo (Valle), familiares de los desaparecidos de la vereda La Esperanza, y víctimas de la Comuna 13 de Medellín.
Durante el desarrollo del seminario no sólo se pusieron en común los métodos de reconstrucción de la memoria histórica y los mecanismos de investigación, sanción e identificación de personas desaparecidas en las experiencias latinoamericanas, y las implicaciones de la desaparición forzada en el tejido social de las comunidades que la padecen; sino que además dialogaron los cuestionamientos y preocupaciones alrededor de la situación de vulnerabilidad de los familiares de las víctimas de detención desaparición forzada en Colombia y de la impunidad que se perpetúa con acciones como la extradición a Estados Unidos de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) -por poner sólo un ejemplo-, afectando la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral de los crímenes cometidos en su contra.
Entretanto la jornada también sirvió de escenario para la campaña “Has lo justo hasta encontrarlos”, una iniciativa de diversas organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos de diversas regiones del país, cuyos esfuerzos se centran actualmente en visibilizar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en nuestro país y busca que el Estado colombiano ratifique la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, como ya lo había exigido el Tribunal de Opinión hace más de un año.
En concordancia con ello, el próximo 28 de agosto se conmemorará en Medellín el Día Internacional del Detenido Desaparecido con actividades simbólicas y culturales a lo largo de la avenida La Playa y la Plaza Botero, de 2 a 6 de la tarde.
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