Comunicado Público
Marzo 7 de 2011
CORPADES denuncia ante la opinión pública nacional e internacional que desde el inicio del llamado cese al fuego “unilateral” decretado por las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.), el 01 de diciembre de 2002, el cual nunca existió y menos aún fue objeto de verificación por parte del Gobierno Nacional, lo que dicho sea de paso se convirtió en una grave omisión que aún no ha sido investigada por la justicia colombiana, ni por los entes de control, los paramilitares en asocio con sectores del Estado, siguieron en el proceso de expansión militar y dominio territorial, lo que trajo como consecuencia lógica más desplazamiento forzado de campesinos y habitantes de las ciudades, además de masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas.
Posterior al ficticio cese unilateral del fuego, se originaron una serie de supuestas desmovilizaciones en Colombia, dos de la cuales se dieron en Antioquia, la primera fue la
“desmovilización”, a partir del 25 de noviembre del año 2003, del llamado Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín y la segunda, el 01 de agosto de 2005, del Bloque Héroes de Granada, donde supuestamente se desmovilizó la oficina de Envigado en el Corregimiento de Cristales.
Para nuestra institución las desmovilizaciones del BCN Y BHG sí se realizaron, sólo que fueron parciales, ya que buena parte del aparato militar quedó a la sombra para conservar el dominio armado, además que la estructura económica, política y territorial se mantuvo intacta lo que permitió la consolidación del proyecto para-mafioso en Medellín y en buena parte de las subregiones de Antioquia.
¿Qué fue realmente lo que sucedió en las “desmovilizaciones” parciales de los llamados bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada?
En las desmovilizaciones parciales de estos bloques se produjo la mezcla del sicariato urbano organizado y de paramilitares que estaban operando en la ciudad, sumados a otros que venían de varias subregiones de Antioquia; los primeros eran miembros activos de las más de 300 bandas de las Comunas de Medellín, que después de ser dominadas fueron paramilitarizadas, y de la llamada Oficina de Envigado; los segundos hacían parte del engranaje paramilitar, pero todos estaban bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano alias “don Berna” conocido también como “Adolfo Paz”, mafioso de profesión que sometió a gran parte de las A.U.C; sin embargo, se debe anotar que también se presentaron muchos casos donde la gente fue reclutada a la fuerza y obligada a desmovilizarse con el único fin de mantener intacto el aparato militar que se había dejado a la sombra.
El nuevo modelo paramilitar y mafioso del Medellín post-desmovilización
Lo más grave no es que se hayan desmovilizado sicarios, ladrones y demás en los bloques “paras”, ya que las bandas y la Oficina estaban sometidas a la estructura dominante que lideraba alias “don Berna”, lo realmente grave fue que el Estado Local y Nacional permitieran:
– La legalización de estos grupos de extrema derecha, para que continuaran con su accionar criminal.
– El otorgarles “patente de corso” a la “Corporación Democracia”, brazo político del paramilitarismo y la mafia, y a otras tales cómo, “Omega” y “La Sierra con Futuro”, para que se infiltraran en organizaciones sociales y Acciones Comunales, buscando con esto mantener un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad.
– La participación en política a sabiendas que seguían actuando en la ilegalidad.
– Construir con estos ilegales el nuevo modelo de seguridad y convivencia urbana.
– Permitirles a dichas estructuras, “co – gobernar” para bajar los índices de homicidio y en general de la criminalidad.
– Permitir que se burlaran de las víctimas, ya que la VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION INTEGRAL, han sido y serán las grandes ausentes en este proceso, lo que ha propiciado una mayor impunidad.
– No obligar a su máximo cabecilla, alias “don Berna”, a que entregara a la justicia, las más de 300 bandas que estaban bajo su mando y que representan alrededor de 8000 hombres, lo que podría haber llevado al sometimiento y judicialización de éstas.
– No obligar al desmantelamiento de la estructura económica, política y militar del paramilitarismo y la mafia.
– No perseguir y someter a los empresarios del crimen organizado y los patriarcas del paramilitarismo.
– La no depuración de la fuerza pública, lo que ha facilitado en la actualidad una mayor connivencia de sectores de los organismos de seguridad con el paramilitarismo y la mafia.
Toda esta omisión y presunta complicidad que el Estado tuvo con las A.U.C. y la mafia, en el llamado proceso de Santa Fe de Ralito, ha llevado a que la ciudad metropolitana, el resto de Antioquia y en general buena parte del país, vivan en la actualidad una mayor paramilitarización del territorio y un control ciudadano más férreo y cruel que el anterior; además de la consolidación de la mafia como actor importante de la vida nacional.
A modo de reflexión…
El rediseño estratégico del proyecto para-mafioso en el Medellín Metropolitano y en Colombia, ha causado miles de nuevas víctimas y como van las cosas generará aún más. ¿Será que el Estado reconocerá estas nuevas víctimas? ¿Será que denominar a los para-mafiosos como “BACRIM” le está sirviendo al Estado como soporte para negar su responsabilidad y no darles el estatus de víctimas a las personas que han sufrido el accionar de estos criminales?
LUIS FERNANDO QUIJANO MORENO
PRESIDENTE CORPADES
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