Ese desarrollo del que tanto hablan, ¿para quién es?

“En casa de herrero cuchillo de palo. El oriente antioqueño es rico en agua y gente que no la puede consumir, se produce la mayor cantidad de energía de Colombia y la gente sin luz en sus casas. ¿Por qué no se le da energía a todos si esté sobrando?, ¿para qué se produce más energía?”[i]

El plan de desarrollo formulado por el señor Luis Alfredo Ramos Botero, “Antioquia para todos, manos a la obra (2008-2011)”, definió que una de las principales tareas de su gobierno sería la internacionalización y el impulso de Antioquia como una región exportadora; sus intereses serían la promoción de la competitividad empresarial, el aumento de las exportaciones y la inversión extranjera.

Para lograr la internacionalización, este plan indica que hay que adecuar los territorios y hacer el reconocimiento de las áreas estratégicas para el desarrollo del departamento. Las subregiones, entonces, son definidas para desarrollar una actividad económica específica que logre concentrar los medios e impulse la productividad y la competitividad de los territorios.[ii]

Pero estos intereses no surgen solo con la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental, concuerda con las propuestas que desde 1997 se vienen gestando en el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA), que pretende adecuar los territorios para los desafíos de una economía globalizante y para lo cual debe definir el Modelo de Desarrollo Económico Local. Esta propuesta presenta como una de sus principales estrategias la concentración espacial de las oportunidades del desarrollo, promoviendo las potencialidades de cada subregión, y las capacidades y fortalezas de sus gentes.

Así, por ejemplo, se ha definido en los municipios que hacen parte de las subregiones de Urabá, Nordeste y Norte de Antioquia (San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Ituango, Tarazá, Valdivia, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Remedios, Anorí, Amalfí, Vegachí, Yalí, Yondó, Puerto Berrío, Puerto Nare, Maceo, Caracolí, Puerto Triunfo y el extremo oriental de Sonsón), que se constituyen en la zona de vertientes más importante del departamento, configurada por las zonas de piedemonte de la cordillera central y de manera especial por las planicies de los ríos Magdalena, Cauca y Nechí, ofreciendo un importante renglón para el desarrollo agropecuario y minero[iii].

En este sentido el Oriente Antioqueño es definido como un área de producción energética y  representa un interés estratégico para el dep arta mento. Hasta el momento en la subregión de embalses del Oriente Antiqueño se han construido cinco centrales hidroeléctricas: Playas con 201 MW de capacidad instalada, y Guatapé con 420 de capacidad, ambas de propiedad de Empresas Públicas de Medellín; y pertenecientes a ISAGEN las centrales de Calderas, con una capacidad total instalada de 26 MW, Jaguas de 170 MW, y San Carlos de 1.240 MW; las cuales cuentan con cinco embalses que generan un total de 2.057 MW de energía, aprovechándose de esa manera el gran patrimonio del Oriente Antioqueño en bosques y aguas para la producción energética.

Esta condición natural ventajosa que beneficia a la región, ha sido paradójicamente uno de los principales problemas que afectan a sus pobladores.

En el Oriente Antioqueño operan, a nivel industrial, aproximadamente 150 industrias manufactureras de importancia entre las cuales se  encuentran las que transforman productos primarios como el cemento, la arena, la madera; y la producción industrial más elaborada de bienes manufacturados como los textiles, alimentos y  bebidas. Entre las más destacadas se encuentran las siguientes empresas: Coltejer, Fabricato, Compañía Nacional de Chocolates, Chacharería Mundial, Pintuco, Imusa, Euroceramicas, Papeles Scott, Leonisa y Gef. Además de otras agroindustrias como Avinal.

Para tal producción a nivel industrial, cabe preguntarse por la relación que puede existir entre la industrialización y la producción energética en el Oriente, ya que como sabemos el agua se constituye como una materia prima indispensable en los procesos de producción y como una mercancía en sí misma, ya sea para la comercialización del agua o de la producción energética a través de ella.

En la última década el crecimiento industrial se ha hecho más pronunciado debido a la desconcentración de la industria en el Valle de Aburrá y particularmente de la ciudad de Medellín, proyectada como centro de negocios y de servicios. Esta clasificación también fue establecida dentro de las estrategias del PLANEA, que definió que el desarrollo no se podía seguir concentrando en la capital del departamento, pues ello no permitiría al departamento de Antioquia afrontar los retos de la economía global y la integración en la economía mundial.

En los medios de comunicación y en distintos actos públicos el Gobernador de Antioquia ha reconocido la importancia que tiene la producción energética para lograr los objetivos de su gobierno. Manifestó el señor Ramos Botero en el acto inaugural de la microcentral en Santiago, nordeste antioqueño el 10 de septiembre de 2010: “El desarrollo de Antioquia lo hemos enfocado en fortalecer las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. Una de las características de estos proyectos es que se ejecutarán en zonas rurales con escasas oportunidades de desarrollo. La construcción y operación de estas microcentrales hidroeléctricas supondrá la creación de puestos de trabajos directos e indirectos en la zona, lo que conlleva a un indudable impacto económico sobre la población local.”[iv]

La idea de construir microcentrales en Antioquia estaba dirigida inicialmente a entregar el fluido eléctrico a los habitantes de zonas rurales distanciadas de las cabeceras urbanas y que no estaban conectadas a las redes de transmisión y distribución; de esta manera, se pretendía impulsar el desarrollo de las comunidades con la puesta en funcionamiento de plantas, máquinas y entables paneleros. Pero ahora, el señor Luis Alfredo Ramos, habla de llevar el desarrollo a las comunidades rurales, no mediante la energía generada por las microcentrales, sino que la construcción de estos proyectos “supondría” la creación de nuevos empleos. El empleo que se le dé a unas cuantas personas no supone el desarrollo de la comunidad, se mejoran los ingresos de unas cuantas familias, pero en general, la comunidad sigue sin los medios y las herramientas para mejorar la producción, la comercialización de sus productos y por tanto sus ingresos, continua sin equipamientos físicos como centros de salud, escuelas y restaurantes escolares; mientras que las carreteras y las viviendas en general continúan en muy mal estado. Además, en muchos casos los empleos que se ofrecen son calificados, los cuales no podrían ser ocupados por la comunidad, puesto que los niveles de formación académica siguen siendo muy precarios en la región.

Es claro que para el gobernador Luis  Alfredo Ramos, el desarrollo de la región se expresa en términos de competitividad. ¿Tiene este objetivo alguna relación con el desarrollo que plantean las comunidades campesinas y la pobreza en que viven sus gentes? , o más bien es este el desarrollo para las actividades productivas de los grandes empresarios de Antioquia como los que hacen parte de la Empresa de Generación y promoción de energía de Antioquia (EMGEA), del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Interconexión eléctrica S. A. (ISA), o Empresas Públicas de Medellín (EPM).

¿Qué mejora ha significado en la vida de los campesinos del oriente la construcción de cinco centrales hidroeléctricas?, ¿A quiénes ha beneficiado estos proyectos?

El negocio de la producción energética

La energía eléctrica sólo se puede almacenar en pequeñas cantidades en baterías y condensadores; las verdaderas reservas de energía están en los embalses, las minas de carbón, los yacimientos de petróleo o de gas. Por lo tanto en Colombia hay grandes reservas para producir electricidad, y la  capacidad instalada total, que es la sumatoria de la capacidad de todos los generadores del país,  es superior a la electricidad que se necesita.

En 2009 se tenía una capacidad instalada de 13450 MW y se tuvo una demanda máxima de potencia de 9290 MW[v], con lo que se puede decir que se utilizó máximo el 69% de la capacidad instalada o, lo que es lo mismo, se dejó de generar, como mínimo, el 31% de la capacidad instalada.

Todo indica que la construcción de nuevas hidroeléctricas está enfocada a la exportación y en segunda instancia a la prevención de racionamientos futuros. Este proceso marcha paralelo a la búsqueda de nuevas conexiones internacionales, como es el caso del proyecto de interconexión con Panamá, que es el primer paso para la futura exportación a Centroamérica.

Los intercambios comerciales de energía eléctrica se hacen con Ecuador y Venezuela, que son los únicos países conectados con Colombia en la actualidad. Este intercambio incluye exportaciones e importaciones, en general Colombia exporta mucho más de lo que importa.

En los últimos 10 años, se ha tramitado en el territorio de influencia de CORNARE (Corporación Autónoma Regional del los ríos Rionegro y  Nare) 139 solicitudes para estudiar la viabilidad de la construcción de proyectos hidroeléctricos en la región, 29 de esas solicitudes han sido resueltas para entregar a distintas empresas la concesión de las aguas.[vi]

Algunas de estas solicitudes se hacen con el propósito de estudiar el caudal de los ríos o quebradas con los que se determinaría la factibilidad de la construcción de proyectos hidroeléctricos. Estas empresas luego venden sus diseños a otras empresas públicas y privadas, que entran a explotar y usurpar las riquezas hídricas de una región; mientras tanto los legítimos dueños de estas tierras, los campesinos, deben trabajar toda su vida, apenas para poder sobrevivir.

En los municipios de Granada, Cocorná y San Luis específicamente se han otorgado en los últimos tres años, nueve licencias para el estudio y la concesión de aguas. Las empresas  HMV ingenieros S.A, Generamos energía S.A, ISAGÉN, la última de ellas pública y las otras dos privadas valoran el agua y el patrimonio de la región como una opción para generar ganancias. Solo una de esas solicitudes fue requerida por el municipio de Granada, para la construcción de una microcentral en la cascada del mismo municipio. Las cuencas hidrográficas sobre las cuales se solicitan las mencionadas concesiones son: Río San Matías, río Tafetanes, río Cocorná, Quebrada el Viao, Quebrada La Hundida, río Dormilón, Quebrada Cascada, río Santa Bárbara y río Calderas[vii].

Los empresarios expresan que la energía producida por estas microcentrales es para distribuirse mediante el sistema interconectado y para negociarse en la bolsa de valores y la presentan como una ventaja competitiva, comparada a otros mercados, pero esto no beneficia a los habitantes de las veredas de la zona de influencia. Si las casas aledañas a la hidrocentral, están por fuera del sistema interconectado de transmisión y distribución, esta nueva energía no puede ser llevada a esas casas y en caso contrario, si estas viviendas están conectadas a las redes de distribución, deben pagar la tarifa de energía a precios tan altos, que con sus ingresos mensuales les resulta difícil sostener.

Aun cuando muchas comunidades del oriente antioqueño no cuentan con energía eléctrica y los que tienen deben pagar altísimos costos, a ellos no se dirige la oferta energética. Sin embargo, son las comunidades del oriente quienes tienen que soportar los diferentes impactos, económicos, sociales y medio ambientales de dichas construcciones.

Además de las 139 concesiones solicitadas ante CORNARE para la construcción de microcentrales en la subregión del oriente antiqueño, actualmente se encuentran cursando en el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial licencias ambientales para la construcción de dos grandes proyectos, uno de ellos localizados en los municipios de San Luis, San Francisco, Cocorná y Sonsón y el segundo, localizado en los municipios de Puerto Nare, San Carlos y San Luis. Estas licencias son solicitadas por la empresa Integral Ingenieros Consultores para los proyectos hidroeléctricos denominados Porvenir I y Porvenir II; el primero de ellos requerirá un área de embalse de 2.685 hectáreas, para el cual se pretende sustituir un tramo de vía de la autopista Medellín-Bogotá de 7.56 kms; este proyecto tendrá una potencia aprovechable de 394 MW. Porvenir II por su parte, propone la construcción de tres presas que generarían una potencia de 306 MW[viii].

¿Es necesario producir más energía?

Como se dijo anteriormente, en 2009 se tenía una capacidad instalada de 13.450 MW y se tuvo una demanda máxima de potencia de 9290 MW; sin embargo en el departamento de Antioquia, tenemos más de 55.000 viviendas desconectadas  de la energía. Y si no fuera esto suficiente, se pretende construir más proyectos hidroeléctricos para vender la energía a otros países.

Es claro, que los proyectos hidroeléctricos no surgen para cumplir con una finalidad social. Estos están constituidos como grandes negocios, que solo deben responder al aporte de una tasa retributiva muy baja, llamadas transferencias y que corresponden al 6% del total de energía producida, para los casos en los que las hidrocentrales producen más de 10MW/h de energía. Cuando los proyectos hidroeléctricos producen menos de 10MW/h los dueños de estos proyectos no tienen que hacer ninguna contribución al municipio, ni a la Corporación Autónoma Regional. Si la construcción de hidrocentrales es un negocio, las microcentrales son una forma más efectiva de hacer dinero, ya que las empresas pueden construir pequeñas centrales para no tener la obligación de dar transferencias a los municipios, pero sumadas su capacidad de generación producen más de 10MW/h.

Cuestionamos la asignación de transferencias que empresas como EPM, ISA e ISAGEN hacen a los municipios y a las autoridades ambientales por la explotación de un recurso, además de ser un porcentaje mínimo en comparación con las ganancias millonarias que las empresas reciben, es un rubro que no llega efectivamente a las comunidades para compensar todas las alteraciones en la vida, el territorio y las relaciones con el entorno.

Por su parte, la ley 99/93 brinda un marco de legalidad a la explotación y sustracción de las riquezas naturales. Es importante cuestionar el modelo de explotación del patrimonio natural, la legislación y la administración para el despojo, el desarrollo que plantea la Gobernación de Antioquia, los gobiernos municipales, los empresarios, e incluso las autoridades ambientales. Es necesario, discutir la concepción de desarrollo y reflexionar para qué y para quién debe servir el “desarrollo”.

Los controles que ejercen las autoridades ambientales como las Corporaciones autónomas Regionales y el Ministerio de Medio Ambiente son limitados ante la explotación acelerada que se produce sobre los recursos naturales, con lo cual se devastan territorios y se afectan la vida de las comunidades. Si son estas autoridades ambientales las encargadas de controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales,^[ix] hay que reconocer que este patrimonio se entrega y se ha entregado, a todo tipo de empresas, sin cuestionar el deterioro y la afectación que producen en los territorios^[x], afectaciones que entre las más significativas se encuentran traslados y desplazamientos de la población, cambio de la vocación de los campesinos con el uso de los suelos, se transforma el mercado laboral, hay alteración del territorio, cambio de microclimas, pérdida de patrimonio histórico y cambios en el desarrollo urbano y regional.

Ya que esta perspectiva del desarrollo no parte de las necesidades de las comunidades ni está dirigido a la satisfacción de sus problemáticas, proponemos una visión de desarrollo desde lo humano, lo integral, lo sostenible. Un desarrollo en el que los seres humanos y las comunidades sean la finalidad del mismo. Un desarrollo que signifique bienestar. No un desarrollo que desarraiga a los campesinos y los despoja de sus tierras.