Familiares de detenidos desaparecidos rechazan reforma del fuero penal militar

Mi tumba no anden buscando 

porque no la encontrarán,
mis manos son las que van 
en otras manos, buscando. 
Mi voz la que esta gritando! 
Mi sueño, el que sigue entero. 
Y sepan que sólo muero 
Si ustedes van aflojando. 
Porque el que murió peleando, 
vive en cada compañero!
Milonga del fusilado, Pepe Guerra

En la tarde de mañana 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, los familiares de las víctimas, las organizaciones sociales, populares y defensoras de Derechos Humanos en la ciudad, nos encontraremos en el Parque El Periodista para marchar en nombre de los más de cincuenta mil hombres y mujeres víctimas de desaparición forzada en Colombia desde 1977, cruda cifra a la que no dejan de sumársele nuevas ausencias y nuevas angustias[i].

Además de no claudicar en su empeño por visibilizar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, y exigir verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, como condiciones imprescindibles para la construcción de escenarios de paz con justicia social en nuestro país; los familiares de las víctimas de desaparición forzada en Colombia rechazan la implementación del fuero penal militar, reforma constitucional que se viene debatiendo mediante el acto legislativo 192 de 2012, presentada por el actual ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno.

El empeño por fortalecer el fuero penal militar, de lograr que los militares representen el papel de fiscalía y juez, se sostiene sobre la aparente necesidad de darle seguridad jurídica a la Fuerza Pública y evitar que decaiga la moral de policías y militares, justamente cuando centenares de ellos están siendo procesados por la justicia ordinaria como responsables de crímenes atroces y un ápice de esperanza pervive en los familiares de los asesinados, los masacrados y los desaparecidos de manera forzada en Colombia.

Tras el velo se oculta el temor por la responsabilidad superior en los delitos que implica que no sólo está comprometido el militar que detona el arma, sino también sus superiores, y los vínculos de altos mandos de la Policía y el Ejército con estructuras armadas ilegales denunciadas por los jefes paramilitares, señala la abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Liliana Uribe.

Se encubre, también, la intención de lograr la excarcelación masiva de los miembros de la Fuerza Pública detenidos o condenados por la justicia ordinaria y evitar que cientos más caigan tras las rejas por su vinculación con graves violaciones a los Derechos Humanos, privando a las víctimas y al país de la tan anhelada y necesaria justicia para construir la paz.

Este acto legislativo considera, además, que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario sean consideradas por la jurisdicción penal militar, excepto los crímenes de lesa humanidad y las ejecuciones extrajudiciales, violaciones aún inexistentes en el Código Penal Colombiano.

Durante años las víctimas y sus familiares han atestiguado la negligencia y la lentitud que hacen de la justicia una utopía, pero con esta reforma da al traste con sus pequeñas esperanzas y obliga a los familiares detenidos-desaparecidos en Colombia a sumar la resignación a la ausencia y la duda.