24 jóvenes de la trece en riesgo inminente y excepcional

El pasado viernes 2 de noviembre, 67 jóvenes de la Comuna 13 pertenecientes a las organizaciones culturales Son Batá y la Red de Hip Hop La Élite, algunos de ellos menores de edad, dejaron sus casas tras ser víctimas de agresiones físicas por parte de uno de los grupos armados ilegales que opera en El Salado y recibir una serie de amenazas contra sus vidas.

Con un nuevo compañero de letras asesinado en la madrugada del pasado 30 de octubre, “El Duke”, y reiteradas amenazas en su contra en un contexto de por sí bastante hostil para los jóvenes, la alternativa no fue otra que abandonar el barrio por unos días y regresar con propuestas para la Alcaldía de Medellín, y los gobiernos regional y

El pasado viernes 2 de noviembre, 67 jóvenes de la Comuna 13 pertenecientes a las organizaciones culturales Son Batá y la Red de Hip Hop La Élite, algunos de ellos menores de edad, dejaron sus casas tras ser víctimas de agresiones físicas por parte de uno de los grupos armados ilegales que opera en El Salado y recibir una serie de amenazas contra sus vidas.

Con un nuevo compañero de letras asesinado en la madrugada del pasado 30 de octubre, “El Duke”, y reiteradas amenazas en su contra en un contexto de por sí bastante hostil para los jóvenes, la alternativa no fue otra que abandonar el barrio por unos días y regresar con propuestas para la Alcaldía de Medellín, y los gobiernos regional y nacional.

Mejor decisión no pudieron tomar, reflexionarían después. Mientras estaban fuera, algunos de los otros miembros de los colectivos artísticos recibieron desagradables visitas que, por fortuna, no pasaron de amenazantes, pero que dejaron claro que son buscados, perseguidos y estigmatizados.

Uno de los graves problemas que enfrentan, destacaban dos voceros de estas organizaciones en una rueda de prensa desarrollada en la mañana del miércoles 7 de octubre, es la militarización que emplea la Administración Municipal como respuesta a los conflictos que se presentan en la Comuna. Éste es “hoy el lugar más militarizado del país pero no bajan los homicidios, no se disminuyen las muertes violentas, la gente no se siente más segura, también porque la Fuerza Pública no está en un papel de proteger, prevenir, actuar antes de, sino de chocar, de eliminar, de sacar, y eso difícilmente va a solucionar un problema que tiene más de fondo”, aseguraba John Jaime Sánchez, director de Son Batá.

En la actualidad la Comuna 13 tiene tres CAI periféricos, 12 bases del Ejército y 7 puestos de policía. Tras el traslado de 200 uniformados más a la Comuna en respuesta al asesinato de dos policías, el pasado 21 de octubre, unos 900 efectivos recorren hoy el territorio sembrando tanto temor como los mismos combos.

“La Fuerza Pública está llegando a los barrios con la orden de acabar. Acabar con los combos, acabar con el narcotráfico. Nadie está llegando a proteger a la comunidad. Necesitamos cambiar esa forma de llegar a los territorios”, afirmaba Jeiko, miembro de la banda hip hop C15.

Y es que las confrontaciones en la Comuna 13 no han menguado. Algunos líderes y lideresas comunitarias se han atrevido a afirmar que “aún vivimos en Orión”, intentando retratar la crudeza de los enfrentamientos, las pugnas por el control territorial y por los negocios ilícitos que en ellos se desarrollan, la persecución y la estigmatización contra las propuestas no-violentas, los toques de queda, el drama de los jóvenes que terminan siendo prisioneros en sus propias casas ante el temor que despierta en ellos el reclutamiento forzado practicado por las bandas delincuenciales y las estructuras paramilitares falazmente desmovilizadas; la estigmatización, los señalamientos y las agresiones por parte de la Fuerza Pública.

“Se ha establecido una alianza criminal entre la Fuerza Pública y los delincuentes. En estos momentos los jóvenes le tienen más miedo a la Policía que a los muchachos. Aquí hay una guerra de silencio”, sostenía un joven de la Comuna en una reunión con la Personería de Medellín, desarrollada el 24 de octubre, a unos días del asesinato de “El Duke”.

Allí mismo se expusieron casos de maltrato físico y verbal, de capturas ilegales de jóvenes que son dejados en libertad en barrios diferentes a los suyos y a merced de la buena suerte para lograr pasar las infranqueables fronteras de sangre, de requisas humillantes donde son obligados a desnudarse, de falsas acusaciones y amenazas que dicen unas veces “gonorreítas, espero que no se manejen mal… Aquí van a pagar justos por pecadores”, y otras “si se manejan mal, vamos a tener que hacer otra Operación Orión para que ahí sí tengan que poner trapitos”.

“Necesitamos seguridad, pero seguridad integral y eso implica generar otras condiciones de vida para la Comuna 13” insistía Jeiko durante la rueda de prensa. Exigen salud, educación, vivienda y empleo dignos, oportunidades que los habitantes, y especialmente los jóvenes de la Comuna 13, han sentido ajenas y que se ubican en el trasfondo de las

Ante las últimas amenazas la Administración Municipal proponía recibir a los 110 jóvenes en los albergues para población desplazada o para población amenazada. En este último estarían sometidos a altos niveles de seguridad y aislamiento total, como en la cárcel, como en sus casas, como en sus barrios sin barrotes pero con fronteras invisibles.problemáticas sociales que allí se producen y reproducen cotidianamente.

Finalmente los trasladaron al Hotel y Centro de Convenciones Quirama, y se tomarán medidas como el reforzamiento de la seguridad en el territorio, la implementación de protocolos de autoprotección, la definición de riesgos para algunos de los jóvenes de la Comuna, y la construcción de un plan de trabajo que garantice la sostenibilidad de los procesos sociales y artísticos en la Trece, como dijera Claudia Restrepo, Vicealcaldesa de Cultura y Educación, el miércoles 7 de noviembre.

No obstante la situación no ha sido resuelta. Prueba de ello es que algunos de los jóvenes que salieron de la Comuna el viernes pasado no han regresado a sus casas porque se sienten en grave peligro, porque consideran que la Administración Municipal y la Fuerza Pública no les ofrecen garantías de protección, porque desconfían no sólo de la capacidad de la Policía para contener las acciones de las organizaciones criminales en la Trece, sino por la estrecha y cómplice relación que ven entre unos y otros.

Tras un balance general de la situación en la Comuna, se determinó que 24 de los jóvenes artistas “están en riesgo inminente y excepcional” porque son líderes visibles, destacados y representativos de Son Batá y La Élite, y no pueden regresar a la sus barrios. De allí que el Instituto de Capacitación Popular (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL) hayan adelantado gestiones ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se tomen medidas de urgencia con ellos. Tanto los jóvenes como las organizaciones sociales, no gubernamentales y defensoras de Derechos Humanos que los acompañan están expectantes con los resultados de los estudios que la UNP deberá adelantar con prontitud.

Otros 43 de los 110 jóvenes amenazados se encuentran en situación de riesgo medio por vivir en la Comuna, en zonas menos conflictivas, y 43 más están en riesgo alto por vivir en sectores de mayor confrontación y presencia de actores armados ilegales, como El Salado y Nuevos Conquistadores parte baja.

El problema que vive la Comuna Trece no es nuevo, lo han repetido cientos de veces los líderes y lideresas comunitarias y los jóvenes que le apuestan a procesos que le hacen frente al conflicto. La reflexión sobre esta situación no puede ser coyuntural.

Es necesario comprender que los jóvenes que están en los barrios, cargando las pistolas y los fusiles, marcando fronteras con la sangre de otros, son peones que las estructuras delictivas  reemplazan al caer. De allí que deban desarrollarse estrategias que permitan desestructurar a las organizaciones criminales que vienen recorriendo el país y han puesto su pie sobre Medellín.

Se requieren, entonces, instituciones estatales dispuestas a pensar éste como un problema estructural, que afecta al país, que debe ser solucionado desde la raíz y no conformándose con las ramas, que no son más que los jóvenes de los barrios víctimas, a su vez, de la marginalidad y el abandono estatal.

Es indispensable, además, observar el accionar de la Policía y el Ejército en los barrios. Desde años atrás las organizaciones sociales, comunitarias y de Derechos Humanos han estado denunciando su connivencia con las bandas y las estructuras paramilitares que operan, no sólo en la Comuna Trece, sino en todos los resquicios de la ciudad. Se han recogido, además, quejas y denuncias que evidencian los excesos y las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la Fuerza Pública. No sólo esta recurrente situación, sino la falta de investigación para clarificar las denuncias y establecer las responsabilidades necesarias, desestimula la denuncia e impide avanzar en soluciones reales y estructurales a problemas como los que hoy vive la Trece y comienzan a traslucirse en otras zonas de la ciudad.

También es esencial brindarles garantías de sostenibilidad y de seguridad a los múltiples procesos sociales, culturales, artísticos y juveniles que se vienen desarrollando como alternativa a la crudeza de la miseria y el conflicto armado.

Ellos, como Son Batá y La Élite, no están en confrontación con las estructuras criminales que se levantan sobre Medellín. Sin embargo, sus propuestas culturales y artísticas, pacifistas, no-violentas, entran en evidente contradicción con las opciones que las organizaciones delincuenciales y el proyecto paramilitar les ofrecen a los jóvenes de la ciudad, poniéndolos en situación de riesgo.