Fortalecimiento del fuero penal militar: impunidad de graves violaciones de los DH

Ponencia de la CJL para la Comisión Primera del Senado sobre la reforma a los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional

Noviembre 15 de 2012

Desde el año 2002 se implementan en el país una serie de medidas legislativas y políticas con el propósito de otorgar beneficios económicos, sociales y jurídicos a integrantes de grupos paramilitares a cambio de su desmovilización, que no necesariamente, su desestructuración militar y política, con el argumento de lograr la paz duradera y definitiva. Este mismo argumento sirvió para la expedición de la reforma Constitucional contenida en el Acto Legislativo 01 de 2012 denominado Marco Jurídico para la Paz, con el que se pretende lograr una negociación política con las guerrillas de las FARC y del ELN, pero que hilando despacio, permite salvar a todos aquellos que han cometidos graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH sobre quienes se renunciará a la persecución penal, incluidos los integrantes de la Fuerza Pública.

Además de lo anterior, las Fuerzas Armadas de Colombia, representadas en el Ministro de Defensa, luego de intentar otras reformas constitucionales y legales a su favor, buscan profundizar, con la reforma que hoy se debate en el Congreso, la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos en nombre de la PAZ, en un contexto judicial que ha permitido a través de la jurisdicción ordinaria, sancionar y juzgar a algunos militares por hechos tan graves como el holocausto del Palacio de Justicia, la masacre de Mapiripan, el asesinato de Marino López, y algunas de las miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país entre los años 2002 – 2010.

Sin embargo, estas iniciativas y reformas, lejos de abrir caminos hacia la PAZ nos llevan en su nombre a la más abierta trampa de la impunidad, y a una alteración definitiva de los principios del Estado constitucional, y del derecho internacional de los derechos humanos pues no permiten afianzar efectivamente, más allá del discurso grandilocuente, las garantías plenas de no repetición, ni la verdad ni la memoria colectiva de la sociedad en su conjunto y de las víctimas en particular.

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