Responsabilidad en las Ejecuciones Extrajudiciales, Más Allá de Mario Montoya

Foto: Archivo Corporación Jurídica Libertad

El país se ha sorprendido con la decisión del fiscal general de la nación de expedir una nueva directiva que permite el desarrollo de las investigaciones en contra de agentes estatales dentro de la justicia ordinaria y a su vez contribuir al impulso de la labor de la JEP en aras de materializar los derechos de las víctimas.

Llama la atención por tres razones; en primer lugar, al anunciar que la primera imputación a realizar se hará en contra del general en retiro Mario Montoya Uribe; en segundo lugar, porque se trata de un fiscal cercano al proyecto político del partido de gobierno y su clara falta de voluntad para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la política de seguridad democrática; y en tercer lugar, porque ya las víctimas habían solicitado que, con el propósito de salvaguardar sus derechos y garantías fundamentales, se permitiera que la Fiscalía continuara impulsando las investigaciones necesarias en concordancia con las sentencias C-025 de 2018 y C-080 de 2019 de la Corte Constitucional, sin embargo, el ente acusador había sido renuente a la solicitud elevada por las familias de las víctimas de crímenes de Estado. La pregunta entonces es ¿Por qué ahora sí?…

Montoya Uribe no solo debe ser investigado por casos de ejecuciones extrajudiciales a partir de la directiva 300 de noviembre de 2007, toda vez que durante su carrera militar estuvo relacionado con otros casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en cada una de sus comandancias. Según el informe “Falsos positivos” en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, del año 2014 publicado por el Movimiento de Reconciliación (FOR) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), entre los años 2002 y 2010, se documentaron cinco mil setecientas sesenta y tres (5.763) víctimas de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. En Antioquia se presentaron 1.440 casos de ejecuciones extrajudiciales entre el año 2002 y el año 2010, cifra que representa un 25% de las víctimas de esta modalidad de terrorismo de Estado a nivel nacional, convirtiéndose en el territorio con mayor cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Asimismo, se encuentra vinculado a una investigación preliminar por los hechos sucedidos en la operación Orión una de las operaciones militares realizadas en la Comuna 13 de Medellín durante el año 2002. Desde esa época diferentes organizaciones de víctimas, derechos humanos y del territorio hemos denunciado reiteradamente que se delegó el control de la Comuna 13 a las estructuras paramilitares que hoy mantienen el control de este territorio.

La Operación Orión, con la cual se inauguró la política de seguridad democrática en el país, dejó la trágica suma de 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas registradas y 370 detenciones arbitrarias.

Frente a los hechos relacionados previamente, Montoya Uribe compareció ante la JEP con la postura negacionista de guardar silencio y no contribuir a los derechos de las víctimas; a pesar de su comparecencia, la Fiscalía General de la Nación, en armonía con lo dispuesto en las sentencias C-025 de 2018 y C-080 de 2019, debe adelantar las investigaciones y conducirlas hasta su culminación para que el proceso inicie la etapa de juzgamiento. Según la Corte Constitucional, este condicionamiento se ajusta al principio de celeridad en la administración de justicia que resulta útil por dos razones: i) garantiza que la etapa de instrucción lleve a proferir resolución o escrito de acusación dando mayores elementos de juicio para acreditar los factores de competencia de la JEP; y ii) posibilita que en los eventos de no admisión o expulsión del modelo de justicia transicional, la continuidad del procedimiento opere sin mayores traumatismos en la etapa de juzgamiento sin comprometer términos de prescripción.

Preocupa entonces que esta nueva directiva haga parte de una estrategia adelantada desde la Fiscalía General de la Nación para dejar en la impunidad la responsabilidad de aquellos altos mandos militares que acompañaron y ejecutaron, con los hombres bajo su mando, las órdenes impartidas por Mario Montoya Uribe durante su comandancias, así como aquellos que lo relevaron de sus cargos de poder en las diferentes unidades militares, pero además de aquellos que desde la presidencia de la república elaboraron la política de Seguridad democrática la cual fue el fundamento para el desarrollo de esta práctica criminal en contra de civiles indefensos.

La investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no puede circunscribirse únicamente a la comandancia de Mario Montoya Uribe, es por ello que las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones defensoras de derechos humanos continuaremos insistiendo en la necesidad de establecer la responsabilidad de los máximos responsables, entre ellos a los políticos que desde el gobierno nacional ordenaron y emitieron directivas que impusieorn la ejecución de esta práctica y de los comandantes militares que, como Montoya, planearon y ejecutaron estos crímenes.

No dejaremos de exigir a la justicia colombiana (ordinaria y transicional) justicia para todos los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Quién dio la Orden?.